Por Jesús Castillo
Durante años la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA) ha sido manejada como una empresa particular, pues su operación se asemeja a cualquier compañía de seguridad privada al cobrar por sus servicios, con la salvedad de que las pérdidas las absorbe el erario, de tal manera que nunca quiebra.
Para los empresarios de la seguridad privada “la PIBA” representa una competencia desleal, pues es la única empresa que cuenta con un permiso para que sus elementos puedan portar armas. Las demás sólo pueden portar toletes y gas lacrimógeno, lo que resulta irrisorio para enfrentar a la delincuencia.
Cualquier persona puede contratar a un policía armado por tarifas que van desde 524 pesos diarios hasta mil 612 según el grado de peligrosidad que se determine, de tal manera que hay empresas que pagan hasta 100 mil pesos mensuales por seguridad intramuros o de escoltas.
¿Cuánto ingresa a las arcas del gobierno estatal por el pago de los servicios de seguridad que brinda la PIBA? ¿A qué se destina ese dinero? Nadie sabe y también a nadie le importa, pues cualquiera que sea la cantidad no se compara con los más de dos mil millones de pesos que la Comisión Estatal de Seguridad Pública maneja de presupuesto.
Por lo anterior, esa área de la CES es donde mayor margen de corrupción se puede dar (sin contemplar a Reinserción Social que “se cuece aparte”) debido a que sus medidas de fiscalización son muy vulnerables.
Pero además, cuando se han tenido indicios de corrupción la dependencia ha contado con la protección y complicidad del área de asuntos internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Lo que vamos a presentar a continuación es la denuncia de un policía raso de nombre Raúl Alberto García Carrillo:
Siendo aproximadamente las 09:33 horas del día 22 de enero del 2019, a bordo de la unidad oficial sin balizar, marca NISSAN, modelo ARMADA, de color gris plata, con placas: PXN 1390 del Estado de Morelos, asignada a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado, en específico a las funciones operativas del Sector Tres, ingresamos a la gasolinera conocida como Servicio Diez ubicado sobre la autopista México – Acapulco, como conductor y responsable el policía raso, Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López, lo acompañábamos otros cinco elementos de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, ya que tres íbamos a ser implementados en diferentes servicios y dos más se le llevaría a las oficinas de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar en C-3, en ese momento que estamos en la gasolinera antes mencionada arriba un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva color plata, placas 396 YCA del Distrito Federal (SIC) el cual conducía el elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Adrián Espinoza Gaspar, quien desciende del vehículo Chevrolet, se acerca a la ventanilla del lado del conductor de la camioneta Nissan y dirigiéndose al Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López le indica que primero pasa él a cargar y después pase la camioneta a cargar, acto seguido aborda Adrián Espinoza Gaspar el vehículo Chevrolet y lo acerca a la última bomba de la gasolinera, donde es atendido por una empleada mujer joven, de estatura baja, pelo rubio y tez clara, quien le comienza a despachar gasolina en la unidad Chevrolet, una vez que abasteció esta unidad, arranca y el Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López acerca la unidad NISSAN, en ese momento me percato que la empleada mantiene en su mano la manguera despachadora de gasolina, en ningún momento reinicia el ciclo para despachar de la bomba, solo conecta el despachador al tanque de gasolina de la camioneta NISSAN y observo que sigue corriendo el indicador de la bomba de gasolina, desde la cantidad de cuatrocientos hasta completar un total de mil, así mismo observo como le da el ticket de consumo al Supervisor del sector tres del Turno B, Juan Manuel Salgado López y este lo firma por el total de mil pesos y procedemos a retirarnos. Por terceras personas tengo de conocimiento que el vehículo marca Chevrolet modelo Meriva color plata, placas 396 YCA el cual conducía el elemento de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Adrián Espinoza Gaspar, es propiedad de Director Operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del Estado de nombre Fidencio Pérez Morales, así mismo que este tipo de situaciones que presencié y relato es algo que ya tiene semanas sucediendo”.
Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en represalia el mismo director operativo al que denunció le inició un procedimiento administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos que culminó con la remoción del cargo previa determinación de la Comisión de Honor y Justicia de la propia CES.
A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez tiene dos denuncias interpuestas por este elemento de la Policía Morelos, la primera que quedó radicada con el número FECC/011/2019-02 y ratificada el 5 de febrero del 2019, señalando al director operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de Morelos, Fidencio Torres Morales, por robo de combustible de uso oficial; y una segunda con el número FECC/305/2019 contra la titular de Asuntos Internos, Merary Pimentel Laynez, el director general jurídico, Oscar González Marín y el propio titular Antonio Ortíz Guarneros.
En esta última, el denunciante señala que la funcionaria incurre en el delito de ejercicio ilícito del servicio público al haber aceptado el nombramiento sin cumplir con los requisitos que establece la Ley de Seguridad Pública, como es el tener más de cinco años de residencia en el Estado o Municipio, según sea el caso, al día de la designación; tener experiencia en procesos jurisdiccionales de por lo menos tres años anteriores a la designación y acreditar los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de seguridad pública.
Raúl Alberto García Carrillo considera que si el nombramiento está firmado por el comisionado Antonio Ortíz Guarneros, también es responsable no solamente del ejercicio ilícito, sino también de coalición, por lo que involucra a Óscar González Marín, director general jurídico de la institución, pues de acuerdo al artículo 273 del Código Penal para el Estado de Morelos, “cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.
Es un tema controversial en el que el policía raso se enfrenta contra todo el sistema y lleva las de perder, pero también puede ser un ejemplo de que quien persevera alcanza y que la justicia tarda, pero llega.