Escrito por Jesús Castillo
La propuesta pareciera descabellada, pero si continuaran los contagios del virus SARSCov-19 a un ritmo incontrolable y los fallecimientos se incrementaran, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) tendría que verse en la necesidad de decretar la cancelación de las votaciones programadas para el próximo 6 de junio del presente año.
Las autoridades y partidos políticos de Morelos se verían en el dilema de sopesar qué derecho es el más importante, si el derecho a votar y ser votado, o el derecho a la salud… y a la vida.
A mediados del año pasado las expectativas del gobierno federal eran alentadoras: “habrá un pico y después la curva bajará. En un escenario catastrófico llegaríamos a 60 mil muertos”, decía el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López Gatell.
Quienes tienen aspiraciones políticas en Morelos hacían sus cálculos: en el peor de los casos la epidemia podría prolongarse hasta noviembre, y en diciembre podrían comenzar sus recorridos en busca del voto.
Pero las cosas cambiaron drásticamente a partir de diciembre. Muertos, muertos y más muertos. Aquellos que hace nueve meses decían que el coronavirus no existe porque no conocían a nadie que estuviera infectado o hubiera fallecido a causa del mismo, hoy confiesan que tienen dos, cuatro y hasta cinco víctimas mortales en su círculo de familiares y amigos.
¿Así cómo van a participar en las precampañas, las campañas y el operativo de votación programado para el primer domingo de junio?
No podía haber hecho más simbólico que el fallecimiento de la titular del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la maestra América Patricia Preciado Bahena, para poner en duda la celebración de los comicios en Morelos.
De acuerdo a medios internacionales, más de 65 países en todo el mundo decidieron posponer elecciones previstas para 2020 por la pandemia de coronavirus. ¿Cuántas más se dejarán de hacer en 2021? Lo sabremos en los próximos meses.
La pandemia ha obligado a los gobiernos de todos los países a buscar nuevas formas de elegir a sus representantes.
El método tradicional de aglomerar a millones de electores, miembros de mesa, representantes partidarios y observadores en centros de votación a lo largo de pocas horas presenta obvios riesgos para la salud pública en medio de una pandemia.
Sin embargo, desde el sufragio anticipado y postal hasta las incipientes modalidades del voto en línea, la adopción de mecanismos especiales de emisión del voto por parte de las legislaciones latinoamericanas marcha muy por detrás del grado de desarrollo de otros aspectos de los procesos electorales en la región. No hay un solo país de América Latina que hoy contemple en su legislación la posibilidad del voto postal para los residentes en el país o de extender por varios días la jornada electoral.
La renuencia para adoptar esos mecanismos tiene relación con la extendida desconfianza que afecta, con pocas excepciones, a la institucionalidad electoral en la región.
La pandemia ha hecho impostergable generar garantías sólidas de que los mecanismos especiales de emisión del voto no pondrán en riesgo la transparencia e integridad de los resultados. Porque lo cierto es que la ausencia de esas modalidades se paga en participación electoral. En la República Dominicana, el abstencionismo en la reciente elección presidencial aumentó 14 puntos con respecto a la anterior. En Corea del Sur, en cambio, la elección de abril resultó en el más alto nivel de participación electoral en casi tres décadas, en parte por la habilitación del voto postal y de jornadas electorales adicionales, durante las que votó más de una cuarta parte del electorado.
Todo esto conduce a un tercer punto: los recursos. La pandemia obliga a adoptar medidas que reduzcan los riesgos de contagio, que van desde la disponibilidad de mascarillas y demás materiales de protección, hasta la apertura de más centros de votación y la extensión de la jornada electoral.
“En particular, prolongar la jornada electoral —que permite controlar el flujo de votantes a las urnas— luce hoy como una opción viable para casi cualquier país de América Latina. Si se quieren elecciones adecuadas hay que estar dispuesto a dar mayores recursos financieros y humanos a las autoridades electorales”, afirma politólogo Kevin Casas.
La evidencia muestra que el momento de la curva de contagios en que se encuentre un país impacta decisivamente la participación electoral. El aumento de esta en Corea del Sur debe mucho al hecho de que la elección se celebró cuando el número de contagios tenía más de un mes de haber sido estabilizado. Por el contrario, elecciones celebradas en medio de brotes crecientes, por ejemplo los comicios parlamentarios de Irán en febrero o las elecciones municipales de Francia en marzo, experimentaron caídas aparatosas en la afluencia de votantes.
De forma inédita, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por primera vez en la historia contemporánea de la democracia mexicana, resolvió la suspensión del desarrollo de los procesos electorales ordinarios locales en Coahuila e Hidalgo, así como la postergación de la fecha de la jornada electoral, la cual estaba prevista para verificarse el domingo 7 de junio del 2020, hasta en tanto se restablezcan las condiciones de seguridad sanitaria.
El consejo electoral de Morelos, representado por todos los partidos políticos (ya perdimos la cuenta de cuántos son) deberán hacer un ejercicio similar en nuestra entidad y llegar a una decisión.
Por un lado están aquellos que pretenden llevar a cabo el proceso electoral que les permitirá allegarse de recursos financieros, pero por otro lado están los que consideran que no hay nada que justifica la pérdida de vidas humanas.
De ganar la primera opción, en seis meses estaremos siendo testigos del proceso electoral más atípico del que se tenga memoria. Se realizarán las elecciones del 6 de junio del 2021… con los que queden.
HASTA MAÑANA.