El acceso a la digitalización de la justicia en Morelos, a la cual han hecho mención diversas organizaciones y asociaciones de abogados, no cuenta con fundamento legal, por la falta de reformas a los Códigos Procesal Familiar y Procesal Civil del Estado de Morelos, las cuales están imposibilitadas a nivel local por la reforma federal al Artículo 73 Fracción XXX de la Constitución y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz
Ante esta situación, el pasado 22 mayo durante su participación en la Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), celebrada, Jasso Díaz propuso ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero la urgente necesidad de hacer esta reforma a nivel federal que permita acceder a la justicia digital en Morelos.
En una segunda reunión sobre este tema, el 18 de agosto de 2020 durante el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana” organizado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, donde el Presidente de la CONATRIB, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, habló sobre “La oralidad y el juicio en línea en materia civil y familiar. Hacia los Códigos Nacionales”, y destacó que es importante que el trámite en línea de los procedimientos jurisdiccionales tengan un respaldo jurídico expreso en las disposiciones vigentes.
En lo que se refiere al ámbito local, informó que envió una propuesta al Congreso local en junio de 2020, para reformar los artículos del Código Procesal Familiar y del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, bajo dos premisas prioritarias: salvaguardar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia para los gobernados, siendo esta última considerada por las autoridades del Sector Salud como una “actividad esencial” en medio de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) que prevalece actualmente y mantiene a Morelos en semáforo rojo.
“Si bien la reforma al Artículo 73 Fracción XXX de la Constitución y la acción de inconstitucionalidad 144/2017 fue resulta en tiempos de “normalidad” se considera que por la cuestión de la pandemia del virus COVID-19 no se ajusta a la realidad que se vive actualmente y se tienen que buscar controles para acceder a los órganos jurisdiccionales como fue esa propuestas ante el Congreso del Estado. Lo anterior en razón de que es obligación de las autoridades cumplir con el Artículo 1 Constitucional relativo a los Derechos Humanos y en particular el derecho de la progresividad.
Finalmente, manifestó que a lo solicitado por el gremio de abogados se ha trabajado desde el año pasado. “El Poder Judicial y los magistrados que lo integramos no estamos en pausa ante la pandemia, continuamos trabajando para obtener las reformas locales y federales indispensables a favor de los justiciables”.
