Escrito por Jesús Castillo
El show de ayer en la puerta trasera del Palacio de Gobierno marca el inicio de un abierto enfrentamiento entre la Secretaría de Gobierno y el grupo de notarios que encabeza el ombudsman Raúl Israel Hernández. Quince elementos de la Fiscalía Anticorrupción bajo las órdenes de Juan Salazar Núñez, ex consejero jurídico en el Gobierno de Graco Ramírez, llegaron a la oficina de Pablo Ojeda Cárdenas para entregar tres oficios.
El fondo jurídico es lo de menos. Al número dos de la actual administración estatal le están aplicando la misma táctica intimidatoria que en su momento le impusieron al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos y a la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López, con la diferencia de que ayer no llegaron con armas largas R-15.
El hijo de Pedro Ojeda Paullada no ocultó su molestia por el operativo que puso en alerta a los elementos que resguardan el palacio de Gobierno. “La Fiscalía debería de tener un poquito de pudor, cuando tiene que destinar 15 elementos de la Policía de Investigación Criminal para venir a entregar tres oficios, es inaceptable en un estado donde la fiscalía tiene un grado de impunidad de 99.6 por ciento de carpetas no resueltas”, dijo al ser interceptado por reporteros en las inmediaciones del palacio.
No estaba enojado, sino lo que le sigue. “Yo diría que si el fiscal anticorrupción (Juan Salazar Núñez) destinara la mitad del tiempo que utiliza para persecuciones políticas, pudiera dar los resultados que necesita la ciudadanía. Es muy peligroso que las instituciones, como el Ministerio Público se utilicen para fines políticos”, acotó.
Y tiene razón. Si bien es cierto que esa Fiscalía anticorrupción ha realizado acciones relevantes deteniendo a funcionarios menores “con las manos en la masa”, también lo es que en varias ocasiones ha puesto especial atención en denuncias con una connotación política.
Recordemos aquel “show” que armaron en el edificio de la tesorería municipal, donde llegaron las agentes del Ministerio Público escoltadas por el Ejército para llevarse una computadora y hasta empujones hubo con el personal que se atrevió a cuestionar su proceder.
Ayer, cuando podía haber llegado un fulano vestido de civil, entrar como cualquier ciudadano y dejar en la oficialía de la Secretaría de Gobierno el oficio, optaron por llegar en camionetas (sin placas por cierto), vestidos con uniforme y la leyenda “Fiscalía Anticorrupción” en sus espaldas, en un horario en el que saben que la prensa anda cerca del Palacio de Gobierno.
No sabemos las acusaciones que haya contra los servidores públicos, y tampoco vamos a defenderlos, pero lo que señalamos aquí es la forma en que realizan sus operativos y que no son parejos. Ayer, inexplicablemente no hubo comunicado de la Fiscalía Anticorrupción para informar lo que estaba ocurriendo.
En el fondo –es un secreto a voces- de lo que se trata es de decirle al secretario de Gobierno que si se mete con el grupo de notarios (algunos lo llaman cartel), se deberá atener a las consecuencias.
Como ya lo hemos venido mencionando, hay un “reacomodo” en el grupo de los notarios a partir del relevo en el Colegio de Notarios, cuando se va Patricia Mariscal y llega Jesús Toledo Saavedra. Los que alguna vez fueron “consentidos” hoy más bien son mal vistos por llevar el estigma de haber sido designados en el sexenio de Graco Ramírez,
En esa situación se encuentran las notarías de Alberto Barona Lavín, la de Uriel Carmona Gándara y la de Israel Hernández Cruz. A este grupo se sumó últimamente una notaria, Yuriria Leticia Hernández Lozano, quien recibió la patente de manos del entonces gobernador Graco Ramírez el 25 de julio de 2018.
Como ya es del dominio público, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CEDH-Mor), Israel Hernández, interpuso una denuncia penal (ante su compañero el también notario con licencia) para decir que en diciembre pasado “alguien” le mandó decir “que le bajara o comenzarían a rodar cabezas”, sin especificar si es en sentido literal o figurado.
Puso como testigo a otro notario, hijo de otra notaria, pero éste se deslindó de inmediato como diciendo “no es mi problema”.
Luego, el ex director jurídico con Graco Ramírez ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer lo anterior y decir el clásico “y si algo me pasa a mí o a mi familia, hago responsable al secretario de Gobierno”.
La respuesta no se hizo esperar. El aludido Pablo Ojeda Cárdenas negó tajantemente que hubiera amenazado al “ombudsperson”, y explicó que lo único que hizo la Secretaría de Gobierno fue exhortarlo a proponer a un nuevo notario suplente.
Esa fue la respuesta amable, porque después vino “el ramalazo”: la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del acuerdo en el cual se establece que una de las causas de terminación del cargo de notario es cuando habiendo terminado el plazo de la licencia que le fue concedida, no se presente dicho fedatario a asumir su función dentro de los siete días hábiles siguientes a la conclusión de su licencia.
Israel Hernández ya dijo que no se va y que defenderá legalmente su notaría. Es de esperarse entonces un “choque de trenes” en el que por primera vez en la historia de Morelos, la institución encargada de perseguir el delito, y la que se encarga de velar por los derechos humanos, están aliadas en virtud de que sus titulares comparten la característica de ser notarios públicos con licencia.
Enfrente está la Secretaría de Gobierno, quien tiene a su cargo –entre otras cosas- la vigilancia de los actos de los notarios y el manejo del Registro Público de la Propiedad, pieza fundamental para el funcionamiento de las Notarías.
Nada más una recomendación: el que se enoja, pierde.
HASTA EL LUNES.