Vaya reto que tiene el militar retirado Arturo Vázquez Aranda, designado por el gobierno federal para “poner orden” en la delegación Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras los penosos acontecimientos que pusieron a nuestra entidad en las primeras planas de los medios nacionales: el robo de vacunas-covid y la aplicación de éstas a personas que no debían recibirlas.
Si el encargado de la subdelegación administrativa realiza una investigación a fondo, encontrará que el ISSSTE Morelos tradicionalmente ha sido rehén de grupos políticos y “caja chica” de infinidad de funcionarios.
Actualmente se la disputan dos grupos: los priístas que mantuvieron el control en los últimos dos sexenios, y los morenistas, que pretenden meter al mayor número de gente posible.
Y un tercer grupo: el de los funcionarios que han trabajado con ambos y que se han enriquecido a través de los “moches” de proveedores que tienen más de una década sin ser cambiados. Y en ese grupo está Verónica Solano Flores, responsable de la delegación cuando ocurrió el robo de las vacunas y las irregularidades en la disposición de las mismas.
En marzo del año pasado, a las oficinas centrales del ISSSTE llegó un escrito firmado por trabajadores adscritos al Hospital de Especialidades del ISSSTE, situado en Emiliano Zapata, Morelos, quienes denunciaban a la entonces directora de administración, de nombre María del Rosario Herrera Ascencio, ex diputada federal por el PRD y que después se pasó a Morena (nada raro).
Según el escrito, dicha funcionaria no cuenta con título universitario y ha incurrido en actos de corrupción en el ISSSTE de Emiliano Zapata, junto con Carlos Gutiérrez Nájera, Coordinador de Recursos Humanos.
“Con frecuencia amenazan con despedir a los empleados “rebeldes”, haciendo hincapié en que la dupla es intocable, por estar la directora de administración bien recomendada por López Obrador. Con gran frecuencia, además, presume de tener la confianza del Director de Administración y Finanzas del ISSSTE a nivel nacional, Pedro Zenteno Santaella, y del maestro Javier Huerta Jurado, subdirector de Personal de la institución”, dice una nota publicada en el portal acapulcoinforma.com.
Este mismo medio de comunicación difundió la semana pasada que la institución inhabilitó y cesó a la subdelegada administrativa, Liliana Hernández Pinzón, esposa del regidor aspirante a la presidencia municipal de Acapulco por Morena, Ilich Augusto Lozano Herrera; y el jefe de recursos humanos, José Luis Rendón Juárez, integrante de su grupo político.
“La funcionaria cesada es nuera de la directora administrativa del ISSSTE en Morelos, Rosario Herrera Ascencio, quien por medio de Pedro Centeno hizo los acuerdos para que el secretario del ISSSTE le diera los nombramientos tanto de ella como de su familiar en Acapulco. Los dos funcionarios de la delegación en Acapulco, Guerrero, fueron denunciados por haberse aplicado la vacuna contra coronavirus usando sus influencias”, dice la nota.
Por otra parte, la semana pasada una nota periodística publicada a nivel nacional -en nuestra opinión, la información fue “filtrada” por el grupo de priistas que se están viendo perjudicados con la llegada de los morenistas- afirma que trabajadores del ISSSTE en Morelos denunciaron una presunta red de nepotismo vinculada a una diputada morenista y menciona a un grupo de seis personas que fueron ingresadas en octubre del 2019 y que todos forman parte de la estructura de Morena en Morelos.
Al frente del grupo de priistas que se sienten perjudicados está el médico Armando Ramírez Saldívar, quien entre otros cargos partidistas ha sido presidente estatal de ese instituto político. A él lo señalan como el responsable directo de la desaparición de cuatro dosis de vacunas en el hospital “Carlos Calero” de Cuernavaca, y también de haber vacunado a un grupo de funcionarios administrativos en la clínica regional de Cuautla, cuando la normatividad establece que tenían que ser sólo profesionales de la salud.
Se supone que Ramírez Saldívar está “suspendido del cargo”, mientras que dos enfermeros permanecen bajo proceso penal en un Juzgado de Distrito. Como siempre, “el hilo se rompió por lo más delgado”.
En ese sentido, la entonces delegada Verónica Solano Flores sólo fue regresada al cargo que ocupaba antes, apelando a la máxima que puso de moda la directora del Metro de la ciudad de México, quien –después de que hubo un incendio en el centro de operaciones- declaró a la prensa: “Yo sólo soy la directora general”.
Entrevistado por la reportera Estrella Pedroza, Arturo Vázquez Aranda, encargado de la Subdelegación Administrativa del ISSSTE estatal, prometió una “investigación a fondo”, como las que prometían sus antecesores priistas.
“Demos la oportunidad a que el Órgano de Control Interno haga su trabajo, no es fácil investigar a todos los involucrados, por eso desconozco la cantidad de personas y los procesos de investigación, demos oportunidad a que termine su trabajo”, apuntó.
Y remató:
“Estoy molesto y coincido en que incurrieron en una falta y las autoridades correspondientes deberán definir el castigo, supongo que administrativo”.
Y supone bien. Desafortunadamente en este país las leyes están diseñadas para violarlas y recibir como máximo castigo una inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años, plazo que ocupan para trabajar en otro nivel de gobierno o para atender sus negocios particulares.
HASTA MAÑANA.