Jesús Castillo
A tan sólo unos días de que comiencen formalmente las campañas han ocurrido acontecimientos que enrarecen el clima político y social de esta entidad. Pareciera que la intención de las instituciones es pelear todos contra todos, y lo que menos les interesa es el bien común y la paz social.
A ello se le agregan dos noticias que tienen pasmados a los candidatos a presidentes municipales: la muerte por covid del abanderado del partido Renovación Política Morelense (RPM) a la alcaldía de Axochiapan, David Castillo Martínez, la noche del lunes; y el fallecimiento por la misma causa de Rogelio Torres Ortega, quien buscaba la reelección como presidente de Tepoztlán ahora bajo las siglas del Partido del Trabajo.
Las víctimas mortales son tres tomando en cuenta al precandidato a alcalde de Puente de Ixtla, Marco Cuadros, con la diferencia de que éste aún no estaba registrado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en tanto que los antes mencionados ya habían cumplido con el trámite del registro y ahora sus respectivos partidos tendrán que hacer la sustitución de sus candidatos.
¿Cuántos candidatos a cargos de elección popular morirán de aquí al seis de junio? No lo sabemos y deseamos fervientemente que ya no haya más bajas ni personas infectadas, pero todos estamos conscientes de que la amenaza es real.
Por otro lado, el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) aprobó por unanimidad presentar un Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del Congreso del Estado de Morelos; del gobernador del Estado y de la Secretaría de Hacienda por no entregar al órgano electoral los recursos necesarios para la organización y desarrollo del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.
Previo a la autorización del Juicio Político fue presentado un informe relacionado con la insuficiencia presupuestal para hacer frente a las diversas actividades que se tienen calendarizadas para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, en el que se hace referencia a la solicitud de una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021 por 243 millones 51 mil 622 pesos 40 centavos, lo que pone en riesgo diversas actividades para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales.
En su intervención el Consejero Electoral Alfredo Javier Arias Casas puntualizó que el juicio electoral no es para generar golpeteo político a ningún poder del Estado, sino que se trata de una responsabilidad a fin de proteger el derecho ciudadano al voto y que el proceso electoral se lleve a cabo bajo los principios democráticos constitucionales.
También recordó que hoy las elecciones son caras por la desconfianza que los actores políticos han provocado sobre la ciudadanía, lo que conlleva a contar con documentación electoral de alta seguridad. Asimismo, rechazó cualquier intento de injerencia a la autonomía del órgano electoral y refirió que si hay desconfianza en el manejo de los recursos se puede llevar a cabo una fiscalización en tiempo real.
En tanto la consejera electoral Isabel Guadarrama Bustamante hizo hincapié en que el Impepac es sensible a la situación de la emergencia sanitaria y que no se busca ningún enfrentamiento o disputa con los poderes Ejecutivo y Legislativo. El órgano electoral, abundó, está constreñido con cumplir con actividades que conllevan a generar un proceso electoral que garantice una entidad con paz social y gobernabilidad. “Estamos constreñidos a entregar un estado en paz social y con gobernabilidad”.
Pero eso era sólo el principio. La semana pasada el Impepac emitió un pronunciamiento muy duro, pero ahora en contra del Congreso local. Por unanimidad, el órgano público electoral aprobó un pronunciamiento en el que resalta que nos encontramos ante el mayor de los retos, por un lado, sacar adelante el proceso más grande de la historia de nuestra entidad, como un caso atípico en todo el país con 23 partidos políticos participando activamente, y como ya lo hemos expresado en otras ocasiones, con un padrón electoral de más de millón y medio de potenciales votantes, y también con un eventual estadístico de más de dos mil 500 casillas a instalarse.
“Nosotros consideramos que se necesita materializar la voluntad de las autoridades competentes para dotar a este instituto de los recursos necesarios para el desarrollo de las elecciones. Desde noviembre del año pasado, nos han mantenido en vilo con un presupuesto insuficiente para el presente proceso electoral.
“Se ha tratado de sorprender a la ciudadanía afirmando que el este instituto electoral ha recibido un cuantioso presupuesto para el multicitado proceso electoral, cuando en la realidad, han contabilizado el monto y las prerrogativas destinadas a los partidos políticos, las cuales por cierto, no sufrieron recorte alguno.
“… Es lamentable y desolador, que pese al esfuerzo que este órgano electoral hizo en el proceso anterior (2018) para conformar un poder legislativo diferente a todos los que le antecedieron, sea esta legislatura quien castigue la democracia y ponga en riesgo el proceso electoral”, dice el comunicado que, sin embargo, no hizo ni cosquillas a las diputadas y diputados, ocupadas y ocupadas en tratar de conservar su curul a través de la reelección.
Lo último que ha ocurrido en el Impepac es que en sesión extraordinaria la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la dupla integrada por Mireya Gally Jordá y Miguel Pérez Martínez , para presidir el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), misma que será remitida al Consejo General. En tanto, la dupla para la consejería está integrada por Mayté Casalez Campos y Agustín Flores Navarrete. El INE tiene hasta el viernes 16 de abril para realizar el nombramiento.
Desde que trascendió el nombre de Mireya Gally como la posible próxima presidenta del Impepac, no ha faltado quien se “ha rasgado la vestiduras” diciendo que, como es esposa de Jorge Meseguer Guillén, “será Graco quien controle el Impepac”.
Eso es lo más absurdo y oportunista que hemos escuchado. La señora Gally ha tenido su propia trayectoria en forma paralela a la de su esposo. Sería tan injusto como aquella ocasión en que se dio por hecho que el entonces diputado panista Ángel Cisneros pretendía imponer a su esposa, la abogada Azalea Montero, como consejera de la Comisión de Derechos Humanos.
Con el tiempo pudimos comprobar que era al contrario. Cisneros hizo todo lo posible por impedir que su esposa fuera consejera de la CEDH. Hoy ambos -ya divorciados- buscan un escaño en la cámara de diputados. Ella por el PAN y él por el partido Morelos Progresa.
Es el mismo caso de los matrimonios Avilés Albavera- Soto Castor, Duque Tinoco-Urióstegui Alvear, Urióstegui Salgado- Zagal Guzmán, Sotelo Salgado- Robles Espinoza, Soto Castor-Figueroa Peralta y varios más en los que falsamente se cree que uno de los cónyuges impulsa al otro a base de influencias, cuando ambos tienen sus propios méritos.
HASTA MAÑANA.