Jesús Castillo
En nuestra diaria labor de escudriñar en las bases de datos de las personas físicas y morales que proveen de productos y/o servicios a los tres niveles de gobierno, nos encontramos con una que nos llamó poderosamente la atención: Grupo Cviche Santa Fe S.A de C.V., primeramente porque –a tan sólo seis años de su creación- ya factura cientos de miles de pesos, pero además porque uno de los socios es (una vez más) un modesto empleado del Ayuntamiento de Jiutepec.
Se trata de Omar Macario Quezada, quien aparece como socio de la mencionada empresa cuyo Registro Federal de Causantes es el GCS1404299R9, según consta en la escritura número 93,472 del libro 1930 que obra en la notaría número 16 de la Ciudad de México y en la que se establece que nace con un capital de ¡cincuenta mil pesos!
Según nos comentan, Omar Macario fue durante décadas el chofer particular, asistente personal y quien gozó de toda la confianza de Radamés Salazar Solorio (QPD) pero pagado por distintos gobiernos municipales de Jiutepec, de donde es originaria la familia Salazar Solorio, a la que pertenece el actual subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio y el regidor electo de Cuernavaca, Debendranath, de los mismos apellidos.
Hurgando en los archivos del Ayuntamiento de Jiutepec, trienio 2013-2015 nos encontramos con el directorio en el que aparece el finado Radamés con todo su equipo, y en la posición número dos aparece el mencionado Macario.
Luego, vuelve a aparecer en la lista de servidores públicos que fueron multados por no haber presentado su declaración patrimonial a tiempo ante la otrora Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso Local, confirmándose que trabajaba para el ayuntamiento de Jiutepec.
Hasta donde hemos podido investigar, Cviche Santa Fe es la razón social con la que opera un lujoso restaurante (si está en Santa Fe no podría ser de otra manera), que recientemente tuvo problemas con el gobierno de la Ciudad de México por presunto incumplimiento de la normatividad. Hay video y fotografías de ese día en el que pretendían clausurarlo y la persona que llegó para impedirlo se llama Luis Antonio Ramírez Hernández, colaborador muy cercano de Rabindranath.
Pero eso no es todo: resulta que la empresa en copropiedad de los hermanos Salazar Solorio y otras personas, trasladó el total de las responsabilidades patronales a otra empresa, es decir, hizo prácticas del “outsourcing malo” que tanto ha criticado el presidente López Obrador, ya que la empresa contratada para “administrar” la nómina del consorcio restaurantero y discotequero, tenía registrado como sus trabajadores al total de la fuerza laboral, quienes estaban inscritos con el salario mínimo.
A propósito, la empresa contratada para las actividades de outsourcing de los Salazar Solorio es Rot Consultores, S.A. de C.V., misma que ha sido determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de forma definitiva como una empresa “facturera o fantasma”, como se puede constatar en la publicación del Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2019.
Es evidente que la filosofía del partido que representó el senador finado Radamés (MORENA) y en la actualidad desde la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, no comparten la justicia social que ha sido la lucha de Andrés Manuel López Obrador.
Recordemos que el 23 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó la Ley Federal del Trabajo, para prohibir la subcontratación de personal (outsourcing) e incorporar reglas a la legislación actual que permitan a las personas físicas y morales contratar únicamente servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, con la condición de que no formen parte de los objetos de la empresa.
El 13 de abril de 2021 en la cámara de diputados se aprobó con 347 votos a favor, de los cuales 290 votos corresponden a la Coalición Juntos Hacemos Historia que encabeza el partido hegemónico, misma que llevó a la presidencia en su tercer intento a Andrés Manuel López Obrador.
En la cámara alta la votación se realizó el 20 de abril de 2021 con 118 votos a favor, incluyendo el voto del Senador Sergio Pérez Flores, quien tomó protesta a inicios de marzo de este año cuando entró a suplir al finado Radamés Salazar Solorio.
El espíritu de dichas reformas –que forman parte fundamental de la llamada Cuarta Transformación- va encaminado a terminar con esas prácticas desleales y explotadoras que pusieron de moda los gobiernos “neoliberales” que tanto critica el presidente de la República en sus ya tradicionales conferencias “mañaneras”.
Luego entonces, no se podría entender que los Salazar Solorio apliquen en sus negocios particulares políticas contrarias a las que pregonan como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional.
Son muchas interrogantes las que surgen a raíz de esta información: ¿es posible que una empresa del giro que sea pueda operar con un capital de 50 mil pesos en la zona más cara de la CDMX? ¿es creíble que una persona con nivel Jefatura de Departamento (Omar Macario Quezada) del Municipio de Jiutepec, Morelos, tenga acceso por sí solo a participar en inversiones que a simple vista se antoja millonaria?
La constitución y manejo de la empresa con el capital de 50 mil pesos, ¿es una estrategia para evadir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)?
Esa misma supuesta estrategia ¿busca evadir contribuciones federales? ¿La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrirá una investigación por los recursos que a simple vista no fueron parte del sistema financiero? ¿O es que esa institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo acciona en contra de detractores al actual régimen de gobierno?
Los datos ahí están y fueron obtenidos de documentos que son públicos, además de que en este espacio se respeta al cien por ciento el derecho de réplica consagrado en nuestra constitución.
HASTA MAÑANA.