Jesús Castillo
En el tema de la Consulta Popular programada para este primero de agosto es entendible el papel que está desarrollando cada uno de los actores políticos que está participando: el presidente pretende legitimar su proyecto, sus seguidores harán lo que él diga, sus detractores lo criticarán y el INE no tiene otra opción que participar, pero aquí el papel más penoso es el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se supone conocen de leyes y tuvieron que someterse al capricho de López Obrador.
Los que decidan acudir a las urnas tendrán que contestar la siguiente pregunta:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»
Así la redactó la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Forzaban las palabras para darle gusto al presidente y darle apariencia de legalidad a la aberración de su propuesta. La pregunta es un enredo. La principal regla de una consulta popular es que la ciudadanía tenga claro qué responde, qué consecuencias tiene su decisión, qué implica la opción afirmativa y qué significa la alternativa. ¿Estás de acuerdo con la nueva constitución? ¿Respaldas la independencia? ¿Ratificas este tratado internacional? En este caso, si atendemos la pregunta resulta imposible saber qué significa el sí, qué significa el no.
Los ministros que aprobaron la maraña se burlaron de la ciudadanía al arrebatarle el poder de decidir. Si la consulta llega a ser vinculante, los políticos podrán hacer lo que se les dé la gana con el sí o con el no porque nada concreto se decidirá en la consulta.
¿No es eso lo que trata de superar un ejercicio de democracia participativa? ¿Que la decisión la tome la ciudadanía y no la clase política? Pues bien, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia, quienes participen en el primer ejercicio formal de este tipo, participarán de una farsa.
Te pregunto algo que no entenderás para hacer con tu voto lo que me da la gana. Ése es el tamaño del engaño. Los ciudadanos votarán, pero quienes habrán de interpretar lo que significa el voto serán los políticos.
En la entrevista que el ministro presidente de la SCJN concedió al diario El País, plantea que el cantinflismo de la pregunta es obra de diseño. Si parece confusa es porque los ministros quisieron que lo fuera. En efecto, los ministros que aprobaron el laberinto verbal quisieron que la pregunta fuera ambigua, que pudiera ser interpretada de distintas maneras, es decir, que causara confusión. La indescifrable redacción no es accidental, fue planeada.
A esa confusión por diseño me refiero cuando hablo del engaño de la Suprema Corte de Justicia. Indispuesta a confrontar el absurdo del presidente, prefirió estafar a la ciudadanía. El tribunal pretende hacernos creer que la decisión sobre los crímenes y abusos del pasado la tomaremos nosotros con la intervención electoral del, 1º de agosto, pero terminará siendo decisión de la clase política qué lectura hacen de nuestros votos.
Cuando se consultó a los ciudadanos británicos si querían permanecer en la Unión Europea, no se hizo una pregunta ambigua. Se planteó una pregunta tan franca que no podría ser manoseada por la interpretación. Ante la decisión mayoritaria de salir de ella, no había forma de rehuir la instrucción. Pero lo que han querido los ministros que aprobaron el galimatías es precisamente darle a la clase política el mandato de hacer lo que quieran con la votación. Los jueces imaginan que los ciudadanos responderán la pregunta que ellos desearían, no la que redactaron.
El ministro Zaldívar sostiene que, bajo la pregunta explícita, hay una pregunta implícita que es la verdadera y que implica la formación de comisiones de la verdad. Hemos vuelto a leer la pregunta y no encontramos ninguna referencia a esas instituciones. ¿Debemos entonces contestar la pregunta imaginando que la consecuencia de nuestra participación será la que expresa, no el papel que nos entregará el INE, sino las declaraciones públicas de juez? ¿Debemos pensar que la pregunta que responderemos es la que los jueces explícitamente eliminaron, pero que el presidente y sus aliados insisten en publicitar?
Por eso es que Jesús Silva Herzog califica como “indecorosa, la intervención de la Suprema Corte en este asunto. Poniéndose al servicio de la demagogia, nos engaña y le obsequia al poder una coartada para su capricho”.
Y como decíamos al principio de la columna, se entiende que lo haga López Obrador, quien lleva dos décadas consolidando un proyecto para llegar al poder y conservarlo lo más que se pueda; se entiende que el sector conocido como los “AMLOvers” (al que despectivamente llaman “La Chairiza”) obedezca sin chistar como si estuvieran hipnotizados, pero no podemos aceptar que los ministros del máximo tribunal del país, que reciben salarios millonarios y la mayoría son doctores en Derecho, acepten participar en esta farsa.
Todos sabemos que de lo que se trata es de medir la fuerza política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se da por hecho que el “Sí” ganará en un 99.9 por ciento, pero lo importante es contar el número de participantes y compararlo con el resultado de las elecciones presidenciales del 2018 para medir el porcentaje de arrepentidos por haberle dado su voto a Andrés Manuel López Obrador.
Si son relativamente pocos el presidente de la República se aventará a ordenar una consulta sobre si debe permanecer en el cargo hasta el 2024 o debe irse antes.
Y si gana esa segunda consulta popular ya puede proponer lo que se le antoje, incluyendo la posibilidad de mantenerse en el cargo otros cuatro años para terminar el proyecto de la cuarta transformación.
HASTA EL LUNES