Jesús Castillo
A lo largo de 30 años de ejercicio periodístico hemos visto pasar más de una docena de jefes de la Policía. Hemos tenido generales del Ejército, abogados, abogadas, empresarios, ex policías judiciales, ex policías federales y, –como ocurre actualmente- un reconocido miembro de la Secretaría de Marina. Y ninguno ha podido ganarle a la delincuencia.
De la misma forma, ya sea como reportero de nota roja o como jefe de prensa de las corporaciones, hemos sido testigos de cómo ha ido cambiando la estrategia de la seguridad pública: primero la estatalización, luego la municipalización, la Plataforma México, los módulos fijos, la operación “carrusel”, después el Mando Único, Mando Coordinado, etc.
Y siempre la inseguridad pública ha ido un paso adelante. Secuestros, violaciones, robo a comercio, asaltos en vehículos de transporte público, siempre han existido, con la característica de que nunca como ahora el homicidio doloso (ejecuciones) había estado en una incidencia tan alta, con el consuelo de que –dice el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros- “se están matando entre ellos, los malosos”.
Recordemos que a partir del 2014 se instaura con el gobernador Graco Ramírez la modalidad del Mando Único, de tal manera que los ayuntamientos pagan los sueldos de los policías, pero el que operativamente los dirige es el gobierno estatal a través de la figura del comisionado.
Con la llegada de Cuauhtémoc Blanco se cambia el nombre a Mando Coordinado pero en los hechos sigue siendo el gobierno estatal el que lleva la batuta, con la diferencia de que, por disposición del gobierno federal ya no existe el Fideicomiso que proveía de recursos a las entidades federativas. O sea que estamos cada vez peor.
En los tiempos de Graco Ramírez se imponía el modelo de Mando Único “voluntariamente a fuerzas”, si no era por convenio era por decreto. Y si algún alcalde se quería “salir del huacal” el entonces comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra se encargaba de “convencerlo”. Que le pregunten al entonces presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, a quien le detuvo a sus escoltas infinidad de veces, o al de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, que había creado una corporación “de proximidad” que le estaba haciendo la competencia a la CES.
Con el cambio de gobierno el estilo ha sido menos dictatorial, y ya no hay una imposición. En diversas ocasiones, cuando al alcalde de Yautepec le ha dado por reclamar la falta de seguridad en su municipio, el vicealmirante le ha dicho que ahí está el control de la Policía para que el Ayuntamiento asuma el control cuando quiera.
Pero Agustín Alonso no es tonto, sabe que las corporaciones policiacas están rebasadas por la delincuencia organizada y que sería un suicidio político abandonar el Mando Coordinado, por lo que “refunfuñando” pero ahí sigue.
En la misma situación está el morenista Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de una de las localidades con mayor criminalidad en la que varios carteles se disputan el control. Durante su campaña en busca de la reelección, astutamente prometió “revisar el convenio de Mando Coordinado” pero no quiso comprometerse a salirse.
Lo que hizo fue contratar los servicios del veterano policía Jaime Mateos Sánchez, conocido en todas las corporaciones y en los diferentes sectores sociales, por lo que tiene contenta a la gente. Hasta ahora.
Por todo lo anterior, cuando escuchamos al candidato a presidente municipal de Cuernavaca por el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Socialdemócrata (PSD), José Luis Urióstegui Salgado, decir que si ganaba la elección asumiría el control de la Policía capitalina, pensamos que se trataba de una promesa de campaña como las que acostumbran hacer todos los candidatos.
Sin embargo, después de que triunfo en las votaciones del pasado seis de junio el abogado siguió insistiendo en que el Mando Coordinado es inoperante, y que si no ha servido en nueve años es evidente que no servirá nunca, así que se requiere un cambio de estrategia.
“Un político que basa su proyecto de gobierno en la seguridad es un valiente, un romántico o un tonto”, escribió recientemente el analista político Eolo Pacheco.
“Cuernavaca deberá hacer su propio planteamiento en función de lo que considere la siguiente administración, pero en cualquier caso es indispensable que la colaboración institucional continúe, es decir, que la capital permanezca dentro del mando coordinado de seguridad; salir de él sería un suicidio político para el presidente municipal, un riesgo para su familia y un peligro para toda la ciudadanía de la capital”, sugirió.
Pero el presidente municipal electo sigue empecinado en que quiere asumir la seguridad de Cuernavaca a partir del primero de enero del 2022. Quizás añora aquellos días de 1997 en que recorría la capital del estado a bordo de una patrulla en su calidad de director de la recién municipalizada Policía y que visitaba los módulos de seguridad que instaló en varias colonias, algunos de los cuales todavía están aunque en deplorables condiciones.
Quizás apuesta a que con estrategias debidamente sustentadas y con las personas idóneas al frente podrá dar marcar la diferencia en los últimos gobiernos municipales, o tal vez lo considera un reto personal que de lograrse lo catapultaría a escenarios muy altos.
Y la pregunta que surge es ¿dónde está ese personaje que se encargará de ejecutar las políticas públicas dictadas desde el gobierno municipal para devolvernos la tranquilidad a los apesumbrados residentes de Cuernavaca?
Entre las filas de la corporación ya se barajan nombres y hasta hay algunos que presumen estar “amarrados” para la Secretaría de Protección Ciudadana, pero la verdad es que no hay nada definido hasta ahora.
Y qué bueno que así sea. El nombre del próximo responsable de la seguridad pública de Cuernavaca debe guardarse con mucha reserva por infinidad de razones. No olvidemos que David Juárez López, quien iba a ser ratificado como titular de la Secretaría de Protección Ciudadana a partir de enero del 2020, fue cobardemente asesinado cuando llegaba a su modesto departamento en la Unidad Habitacional Teopanzolco el 6 de diciembre de 2019.
La seguridad pública debe ser vista como el mayor problema del municipio y asumirla con responsabilidad y mente fría. Sin apasionamientos.
HASTA EL LUNES.