Jesús Castillo
Aún si ocupara todo el presupuesto de un año para pagar deudas, no alcanzaría para dejar las finanzas en números negros. Eso es lo que le espera al joven ingeniero agrónomo que –si la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dice otra cosa- asumirá la presidencia municipal de su natal Puente de Ixtla. Y todavía se ríe.
Conocimos en persona a Rubén Morales Ozaeta en días pasados cuando acudió a una reunión con la organización denominada “Foro Morelense de Abogados” que preside Pedro Martínez Bello en la casa que se están peleando los descendientes de don Adolfo Deguer.
No obstante que su situación está “sub júdice”, el sobrino del ex gobernador Jorge Morales Barud acudió en calidad de presidente municipal electo de Puente de Ixtla, dando por hecho que se hará cargo de la localidad más endeudada de este estado, enumerando las cantidades de dinero que se deben como si fuera una gracia la que hicieron sus antecesores.
Quizás fue nuestra imaginación, pero alcanzamos a percibir como que no tiene muchas ganas de hacer pagar a los responsables.
“El problema de Puente no es económico sino de voluntad (¿what?), hay que revisar la nómina, hay que hacer ese programa de austeridad que tanto han venido pregonando y que no se ha realizado”, dijo a los medios de comunicación que lo entrevistaron.
Luego, a la pregunta concreta de cuántos aviadores han detectado, el entrevistado “cantinfleó” de la siguiente manera:
“Miren, nosotros…(pausa tipo AMLO), digo, había abiertamente y no precisamente con con fundamento (SIC)… no tenemos fundamento real ya que se nos ha escondido muchas veces la información en el Ayuntamiento. Al llegar vamos a hacer claro la auditoría correspondiente. No vamos a pelearnos nosotros con nadie”.
No hay que olvidar que, proviniendo de una familia priísta cien por ciento, hace casi tres años lo hicieron regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de ahí que si quisiera indagar hacia atrás tendría que auditarse a sí mismo, pues como concejal formó parte del Ayuntamiento y aprobó las acciones del actual presidente municipal.
Cualquiera pensaría que, siendo regidor por el PRD, buscaría la presidencia municipal por ese partido, pero no. Resulta que le vio más posibilidades de triunfo al partido Movimiento Ciudadano y accedió a que lo registraran como su candidato para las pasadas elecciones del seis de junio.
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), ya le había dado el triunfo a la morenista Claudia Mazari Torres con una diferencia de 188 votos, pero el Tribunal Estatal Electoral (sí, ese al que la Sala Regional del TEPJF le ha enmendado la plana infinidad de veces) invalidó seis casillas y al hacer un nuevo conteo resultó ganador Rubén Morales con poco más de 50 votos.
La última palabra la tiene la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Se acuerdan del caso Alejandra Flores y Andrea Gordillo? Pues algo así pasó en Puente de Ixtla, con la diferencia de que Ale Flores se mostró cautelosa y no anduvo celebrando por aquí y por allá como sí lo está haciendo el joven ixtleco.
Ya se reunió con las huestes de Pedro Martínez Bello e hizo compromisos, al igual que con otras organizaciones con las que se ha juntado, y la dirigencia estatal ya anda presumiendo que tendrá “el alcalde más joven del estado de Morelos”, lo que no dice es que estaría gobernando el municipio más saqueado del territorio morelense.
En este espacio hemos dado cuenta de cómo Puente de Ixtla ha venido siendo saqueado sistemáticamente por Julio Espín Navarrete y sus compinches desde hace más de una década.
Explicamos cómo funcionaba el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Municipios, un fideicomiso prácticamente escondido mediante el cual los diputados podían disponer desde 81 millones el primer año de su funcionamiento, hasta cerca de 150 millones de pesos poco antes de su “desaparición” en las últimas sesiones de la llamada “peor legislatura de la historia”.
El Fondo se constituyó con los recursos obtenidos por la aplicación del artículo 15 Ter, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. Ese dinero se repartía discrecionalmente según lo acordara “el Consejo”, conformado por un presidente y cuatro consejeros, mismos que son nombrados por cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso.
La ley que lo crea establece la posibilidad de que el fondo tenga gastos de operación con la única limitante de que éstos no superen el ocho por ciento del total del Fondo.
En la práctica, el Fondo funcionaba como una dependencia gubernamental más, con la diferencia de que ésta se encontraba “escondida” en la estructura del Poder Legislativo y lo hacía con total opacidad.
Si bien es cierto que la Ley del Fondo señala que sería fiscalizada por la Entidad Superior de Fiscalización que depende también del Congreso, no se encontraba dentro de la lista de sujetos obligados, por lo tanto tampoco debía cumplir con la difusión de la información pública de oficio ni tampoco contaba con la Unidad de Información Pública o de Transparencia que establece la Ley del ramo.
Ahora bien, ¿cómo disfrazar el uso de los recursos en supuestos beneficios a los municipios?
El secreto está precisamente en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla. Si se revisa el destino de los recursos de este fideicomiso, se encontrarán con que gran parte fueron enviados para “obras de servicio social” en el municipio de Puente de Ixtla.
No hay que olvidar que Julio Espín Navarrete mantuvo un cacicazgo en ese municipio luego de ocupar dos veces la alcaldía. Se puede decir que en tres ocasiones, pues al finalizar su segundo periodo ya tenía todo dispuesto para que lo sucediera en el cargo su secretario del Ayuntamiento, Josué Espíndola. El tema de la paridad de género los obligó a emplear un Plan B: mandar como candidata a la esposa de Josué, pero en la práctica quien mandaba era Julio.
Para que todo “cuadrara”, Julio puso como representante del PRD ante el fideicomiso mencionado a Josué Espíndola. De hecho, se jubiló con ese cargo al igual que Ana Guevara, representante de Movimiento Ciudadano, hoy diputada local por ese mismo partido.
Una investigación seria al respecto llegaría a la conclusión de que la mayor parte de los recursos de ese fideicomiso fueron enviados a Puente de Ixtla, de donde salieron decenas de constancias de trabajo con las que se justificaron una gran cantidad de pensiones aprobadas por la tristemente célebre Cuadragésima Tercera Legislatura.
Pero todo eso –dice el novel posible alcalde- no le interesa porque no quiere pelearse con nadie. Qué bueno que sea pacífico y optimista.
HASTA MAÑANA.