Jesús Castillo
La asociación civil “Morelos Rinde Cuentas” se ha convertido en un contrapeso de las instituciones gubernamentales que tienen la obligación de informar en qué utilizan los recursos públicos, y en esa noble tarea se han encontrado con verdaderos “monumentos a la opacidad” que recurren a todo tipo de “marrullerías” con tal de evadir las leyes de transparencia.
Recientemente esta organización dio a conocer un diagnóstico de una de las instituciones que debieran ser ejemplo de transparencia pues se encargan de fiscalizar a todos los entes gubernamentales, y la conclusión fue demoledora.
Se trata de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que es la responsable de fiscalizar el uso de recursos de las instituciones públicas de Morelos, y depende del Poder Legislativo. La fiscalización la realiza a través de auditorías en las que realiza observaciones, posibles recursos a recuperar o incluso denuncias por casos de corrupción.
“En Morelos tenemos una ESAF deficiente, con pocas capacidades humanas, técnicas y tecnológicas, a ello se le suma su falta de transparencia y dependencia política del Congreso”, determinó recientemente “Morelos Rinde Cuentas”.
Pero sus aseveraciones no son al aire, sino con sustento. Señala que la ESAF usa frecuentemente el pretexto de la información clasificada de auditorías por no concluir o no publicar, aún y cuando éstas tengan más de tres años. Así tenemos auditorías con más de 10 años sin transparentar.
Pone como ejemplo de lo anterior una solicitud de información pública acerca de los resultados de la Auditoría A03-16AEOPB-SAPAC realizada en 2016 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), pidiendo entre otras cosas las observaciones y recomendaciones que haya emitido, y el número y fecha del periódico oficial en que se publicó.
En respuesta, la ESAF contestó lo siguiente:
“Respecto a las auditorías al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca ejercicio 2016 (…) la información se mantiene con el carácter de reservada hasta en tanto no sea publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos”.
A las manifestaciones en comento, se adjuntó el acta de la segunda sesión extraordinaria 2019 y catálogo del comité de Transparencia de la Entidad Superior de Fiscalización del Congreso del estado de Morelos, por medio de las cuales se reservó (derivado de una solicitud de información diversa a la que nos ocupa) la reserva de auditorías que aún no concluye.
Morelos Rinde Cuentas interpuso el recurso de inconformidad contra la clasificación aludida por el sujeto obligado ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y éste resolvió revocar totalmente la respuesta de la ESAF, a efecto de que a través de su Comité de Transparencia, mediante resolución debidamente formalizada, declare la inexistencia de la información concerniente a los numerales 1 y 5, fundando y motivando dicha circunstancia y notifique la resolución a la parte recurrente.
Asimismo, proporcione al particular información concerniente al estatus y última acción que se ha realizada respecto de la auditoría A03-16AEOPB-SAPAC, y finalmente informe a la parte interesada las observaciones y recomendaciones emitidas en la auditoría de su interés, o en caso de no existir, así lo declare, de manera fundada y motivada mediante el comité de transparencia.
De esta manera tanto SAPAC como la ESAF están en problemas, pues seguramente “saldrá pus” cuando destapen esa “cloaca”, y la ESAF quedará en evidencia por tratar de mantenerla en secreto, despertando la curiosidad de los demás ciudadanos que seguramente se preguntarán ¿y cuántos casos más existirán?
Estos datos fueron dados a conocer recientemente por Morelos Rinde Cuentas en un informe pormenorizado que termina con una frase contundente: “Con una ESAF como la de hoy, Morelos no podrá combatir la corrupción y mejorar el desempeño institucional”.
Es una aseveración que también le pega al Congreso del Estado, quienes hasta hace unos días tenían la disculpa de que apenas vienen llegando, pero ahora que ya se asentaron bien, tienen la obligación de revisar el desempeño de esa institución que durante muchos años fue la Auditoría Superior de Fiscalización, pero que la LII Legislatura mandó desaparecer para evitar que continuara una auditoría en contra del gobierno de Graco Ramírez Garrido por el préstamo de los 2500 millones de pesos.
Muchos quisiéramos hacer investigaciones como las que hace Roberto Salinas y su equipo, pero no tenemos el tiempo ni el personal necesario para estar al pendiente de las solicitudes de información pública, así como la asesoría legal para combatir todas las “marrullerías” a las que recurren los sujetos obligados.
Una de esas marrullerías es el cambio de criterios sobre lo que sí es información reservada y lo que es público. Por ejemplo, en 2020 la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos sí respondió sobre el estado que guardan las cámaras de videovigilancia, incluso entregó una relación por año de cámaras adquiridas y las que están en funcionamiento.
Pero qué creen, a la misma pregunta, el pasado seis de octubre, el director general del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, de la CES, contestó lo siguiente:
“En atención a lo anterior, tengo a bien hacer de su conocimiento que me encuentro imposibilitado legalmente a proporcionar la información solicitada, toda vez que la misma es considerada como información de carácter reservado y confidencial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 2 fracciones I y II y 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 40 fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública…”.
¿En qué momento se habrán dado cuenta que no es conveniente que la delincuencia sepa que estamos muy mal equipados? ¿Por qué antes sí y ahora ya no?
Seguramente la respuesta será recurrida y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIIPE), ahora ya con sus cinco comisionados, deberá emitir un veredicto respecto a este caso. Ojalá que no sea a favor del sujeto obligado, porque entonces el peticionario se verá en la necesidad de recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información, como tuvo que hacerlo en varias ocasiones, cuando el IMIPE estaba conformado por una sola persona que era la presidenta.
HASTA MAÑANA.