Jesús Castillo
Con la pandemia y el consecuente cierre de escuelas fueron muy pocos los directores que tuvieron la desfachatez de pedir “cuotas” para el mantenimiento de los inmuebles que estuvieron abandonados durante meses, pero ahora que se regularice seguramente los requerimientos serán mayores pues algunos planteles han sido literalmente saqueados.
La posición de la autoridad (leáse el Instituto de la Educación Básica para el Estado de Morelos) ha sido la misma de siempre: decir que las cuotas son voluntarias y que los directores no pueden condicionar la inscripción, pero admite la carencia de recursos para proporcionar todo lo que requieren los educadores y educandos.
Ayer, un grupo de abogados encabezados por María Elena Medina y Javier Mújica, además del profesor Nicanor Pérez, recorrieron el Congreso y visitaron a los diputados para exigir que en el presupuesto 2022 se contemple la partida que menciona dicha ley promulgada en 2011 por el entonces gobernador Marco Adame Castillo, la cual está vigente y por lo tanto es de observancia obligatoria.
Les recordaron a los legisladores que para evitar el condicionamiento de la contraprestación de un servicio educativo al interior de las escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Morelos, a cambio de pagar cualquier tipo de cuotas, el 14 de diciembre de 2011 se publicó el Periódico Oficial «Tierra y Libertad» la Ley para Erradicar las Cuotas Escolares de las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos.
Desde la entrada en vigor de esta ley, el Presupuesto de Egresos del estado debe incluir una asignación especial que garantice que cada escuela cuente con recursos suficientes por alumno inscrito al inicio de cada ciclo escolar en las escuelas públicas del nivel de educación básica, para solventar gastos de operación y compra de insumos necesarios para iniciar de forma óptima el ciclo escolar. Dichos recursos deberán ser de cobertura estatal y se aplicarán en todas las Escuelas Públicas de Educación Básica en el Estado de Morelos.
Estos preceptos legales hacen corresponsables tanto al Congreso el Estado, como institución encargada de la aprobación del presupuesto, como al Ejecutivo estatal, en su papel de autor del Proyecto de Egresos y como parte del mecanismo para decretar el propio presupuesto.
Para el año 2013, a la Secretaría de Educación de Morelos le fueron presupuestados 62 millones de pesos en recursos estatales etiquetados bajo el concepto de Ley para erradicar cuotas escolares. Un año más tarde, para el ejercicio fiscal 2014, ese mismo rubro del presupuesto se incrementó a 63 millones de pesos. La cifra se mantuvo constante para el ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, a pesar de estar establecido en la legislación local, este concepto fue eliminado del presupuesto de egresos para el año 2016.
El 19 de abril del 2017 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Uniformes Gratuitos para los Estudiantes de Educación Básica del Estado de Morelos, con una asignación de 45 millones de pesos a fin de cumplir con la obligatoriedad del estado de garantizar el derecho a uniformes gratuitos para los estudiantes de educación básica del Estado de Morelos, misma que “se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2017-2018, iniciando con la modalidad de educación primaria, conforme a la disposición en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2017, y hasta lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2024-2025.…”.
Y ya nadie volvió a hablar de aquella ley para erradicar las cuotas escolares. Todos salieron ganando, pues de esa manera los directores de escuelas ya tuvieron la justificación para volver a pedir el apoyo “voluntario” de los padres de familia. Son pocos los que no aceptan pagar para la limpieza de los salones donde estudian sus hijos.
Tal como lo publicamos oportunamente, el programa de uniformes escolares gratuitos fue como una “estafa maestra” pero en chiquito, pues al gobierno se le ocurrió que en lugar de comprar las prendas ya hechas, se le pagara a las mujeres beneficiarias de un programa llamado “Apoyos para jefas de Familia” que operaba la Secretaría de Desarrollo Social, para la adquisición de máquinas de coser.
La idea no era mala: que en lugar de contratar a empresas fuertes, se le pagara a madres solteras organizadas en talleres en sus propios hogares. Pero como suele ocurrir, la avaricia de los servidores se hizo presente; los diputados usaron esos recursos con fines políticos, compraron máquinas de coser con prestanombres y organizaron a sus militantes de partido para que se registraran como jefas de familia.
Al final, nunca se supo cuántos uniformes se hicieron ni cuantos se entregaron. Así como ocurrió con la “estafa maestra” de Rosario Robles, aquí también el dinero se fue diluyendo entre empresas fantasmas y beneficiarias inexistentes.
Se supone que el IEBEM estaba realizando una “investigación profunda” al respecto, pero hasta el momento prevalece la impunidad.
Más por venganza política que por una preocupación real, el entonces senador de la República, Fidel Demédicis Hidalgo, presentó ante el Pleno de ese órgano legislativo un punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Congreso del Estado de Morelos a realizar las previsiones necesarias a fin de garantizar que cada escuela cuente -para los ejercicios fiscales posteriores y subsanando el presupuesto actual- con recursos suficientes para solventar gastos de operación y compra de insumas necesarios para atender de forma óptima el ciclo escolar en el Estado de Morelos, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, el Senado de la República exhortó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos a auditar la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y uso de los recursos financieros destinados a cumplir con las obligaciones de la «Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del estado de Morelos» desde el inicio de su vigencia.
Sin embargo, el entonces gobernador Graco Ramírez logró neutralizar el ataque de su rival político (Fidel también buscaba ser candidato a gobernador en 2012 por el Partido de la Revolución Democrática) y no pasó nada.
HASTA EL LUNES.