Jesús Castillo
En un hecho sin precedentes, el pasado 16 de diciembre, un abogado particular identificado como Pedro Orozco, fue detenido en plena audiencia de juicio oral acusado de Falsedad en Declaraciones y Fraude Procesal.
No sabemos si han ocurrido casos similares, pero ésta no pasó desapercibido porque resulta que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), lo divulgó a través de un comunicado oficial, en el que, indebidamente, se menciona el proceso en contra de la actual titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Eso sí, siempre refiriéndose a ella como “América N”.
El titular de esa Fiscalía, Juan Salazar Núñez, en ocasiones es un férreo defensor de la secrecía ministerial, y en otras da información de más. El último ejemplo de ello es que la semana pasada, cuando acudió al Congreso Local, sin que nadie se lo preguntara, le dijo a los reporteros de la fuente que el ex asesor del gobierno, Gerardo Becerra Chávez, acababa de interponer dos denuncias en contra del gobernador.
Pues bien, en el caso al que hoy estamos haciendo referencia, el comunicado señala que Pedro N fue detenido en flagrancia por la Fiscalía Anticorrupción, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, “tras pedir la recusación de un juez presuntamente refiriendo datos falsos para lograrlo y obtener así de forma ilegal la suspensión de la audiencia de imputación de su representada, América “N”, titular Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF)”.
¿Era necesario esto último? Hubiese bastado con referir que era un abogado litigante que incurrió en esos presuntos delitos en equis caso.
Pero no. El boletín en comento señala que “después de diversas audiencias diferidas por las argucias legales del defensor de América “N”, un día antes de su audiencia de formulación de imputación que se realizaría hoy jueves, el abogado Jorge “N” presentó la solicitud de recusación del juez, presuntamente asentando datos falsos, acusando al juzgador de hechos no verdaderos, supuestamente ocurridos en la audiencia del 29 de noviembre, sin embargo, existe constancia en audio y vídeo que demuestra que eso no sucedió, así como las manifestaciones del agente del Ministerio Público que estuvo en esa audiencia; en tanto que, a pesar de que los hechos por los que el abogado pidió la recusación sucedieron hace varias semanas, un día antes de la audiencia solicitó la recusación del Juez”.
Y luego vuelve a recalcar:
Por ello, ante tal conducta procesal inadecuada y al estar incurriendo presuntamente en Falsedad en Declaraciones y Fraude Procesal, todo con el propósito de evitar que su representada América “N” enfrente su proceso penal, la Fiscalía Anticorrupción detuvo en flagrancia al abogado, remitiéndolo a las instancias correspondientes”.
Ya checamos con otras fuentes y nos señalan que lo que hizo este abogado fue una “novatada”. Se le hizo fácil inventar “que escuchó que el Juez Eddie Sandoval Lome le estaba dando consejos al Ministerio Público”, y cuando el juez le preguntó qué tipo de consejos, respondió que no sabía, que no escuchó.
En opinión de algunos abogados penalistas, la detención de Pedro Orozco –independientemente de los hechos- es un claro acto de intimidación por parte de la FECC hacia los litigantes. “La Fiscalía quiere abogados defensores temerosos que no les echen abajo sus asuntos, sobre todo en aquellos donde hay un interés político”, indicaron.
En este mismo espacio hemos señalado ya en otras ocasiones que la Fiscalía que encabeza el ex consejero jurídico del gobierno de Graco Ramírez, el controversial Juan Salazar Núñez, aplica la máxima de “a mis amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas”.
En ocasiones ni ruido hace para llevar a cabo diligencias, pero cuando hay un interés especial ordena un vistoso operativo como el de octubre del 2020 en las instalaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en el que cualquiera diría que se trataba de un cateo a la casa de una peligrosa banda de delincuentes.
A decir de los empleados de la ESAF, los elementos policiacos prácticamente “tomaron por asalto” las instalaciones ubicadas en la calle Cecilio Robelo de la colonia Chapultepec.
Luego de darse a conocer en redes sociales algunas imágenes del operativo, la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en el que aclaró que la diligencia fue “en cumplimiento de una orden cateo concedida por un Juez de Control” y que se había hecho respetando lo establecido en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Derivado de las múltiples negativas, evasivas y omisiones a los requerimientos de información realizados por la Fiscalía Anticorrupción, hoy se llevó a cabo la diligencia de cateo relacionada con la causa penal JC/1051/2020 autorizada por un Juez”.
Después del mediodía vino la contrarréplica de la ESAF, en voz de América López Rodríguez, “encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización”, quien en una conferencia de prensa condenó la forma en cómo procedió el personal de la FECC.
Confirmó que derivado de la irrupción, el personal de la FECC sustrajo el expediente de la revisión que se encuentra radicado en la Dirección General Jurídica, a partir de una de una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades financieras en la Fiscalía General del Estado.
«Ingresaron sin ningún protocolo, no nos permitieron designar a dos testigos de asistencia, no nos permitieron interactuar con ellos y a todo el personal lo sacaron de la oficina y los amedrentaron prohibiéndoles grabar lo que sucedía con sus teléfonos celulares», narró López Rodríguez.
Luego lo volvió a hacer cuando tenía que notificar al Secretario de Gobierno. Quince elementos de la Fiscalía Anticorrupción llegaron a la oficina de Pablo Ojeda Cárdenas para entregar tres oficios.
“La Fiscalía debería de tener un poquito de pudor, cuando tiene que destinar 15 elementos de la Policía de Investigación Criminal para venir a entregar tres oficios, es inaceptable en un estado donde la fiscalía tiene un grado de impunidad de 99.6 por ciento de carpetas no resueltas”, dijo al ser interceptado por reporteros en las inmediaciones del palacio.
“Yo diría que si el fiscal anticorrupción (Juan Salazar Núñez) destinara la mitad del tiempo que utiliza para persecuciones políticas, pudiera dar los resultados que necesita la ciudadanía. Es muy peligroso que las instituciones, como el Ministerio Público se utilicen para fines políticos”, acotó.
Y es que nadie tiene la menor duda que el actuar de Juan Salazar Núñez se rige por los intereses de su ex patrón, Graco Ramírez Garrido, a quien le sirvió durante varios años como consejero jurídico.
HASTA MAÑANA.