Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Expresión pero ¿existe en este país la libertad de expresión?
La respuesta es no.
La evidencia son las más de 155 personas dedicadas al periodismo o la comunicación que han sido asesinadas del 2000 a la fecha, según informes de organización civil Artículo 19.
Otra muestra de la nula libertad de expresión son los 29 periodistas desaparecidos, de esta cifra seis son mujeres, y una larga lista de desplazadas y desplazados a quienes se les arranca de manera brutal de sus raíces. Además, las agresiones, amenazas y hostigamientos que prácticamente todos los días se documentan en este país.
En lo que va de este sexenio a la fecha se han acumulado 35 asesinatos, 12 en este 2022.
El último golpe fue el 9 de mayo en Veracruz donde silenciaron a dos mujeres periodistas Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz y la reportera Sheila Johana García Olivera.
Si, dos al mismo tiempo.
Este asesinato nos paralizó, tanto que no logramos articular alguna movilización Nacional como si lo habíamos hecho en por lo menos tres ocasiones en el primer trimestre del año para levantar la voz, exigir justicia y gritar ni una más ni uno más ni un periodista más.
Pero no, en esta ocasión, no hubo fuerza para ello, estamos agotadas y agotados.
Nos limitamos a respaldar a la distancia a nuestros colegas de Veracruz que reaccionaron prácticamente por inercia, aún recuerdo el mensaje de mi compañero y amigo Félix Márquez, fotoperiodista veracruzano, «ya nos han matado a tantos que ya no sé ni qué decir».
Y sí, Veracruz es una de las entidades donde más periodistas mujeres y hombres han sido asesinados, 33 para ser exactos.
La ONU considera que en México ejercer el periodismo es de alto riesgo, aquí han muerto más periodistas que en un país en guerra.
Morelos, no está exento de agresiones contra quienes ejercen la comunicación y el periodismo
Aquí la violencia contra la prensa va desde bloqueó informativo, violencia institucional, agresiones físicas, amenazas, despidos injustificados como los que han ocurrido en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, ejemplo claro es periodista cultural Raúl Silva de la Mora, que por cierto hoy también es galardonado en la categoría de Periodismo Radiofónico y exigen su reinstalación.
Y lastimosamente, en esta entidad también se ha registrado la muerte de colegas.
A lo largo de una década hemos visto cómo se agudiza la violencia contra la prensa y como se diversifican los agresores. En 2010 los incidentes se presentaban en cobertura de seguridad y eran policías estatales o ministeriales quienes agredían a los y las periodistas.
Y poco a poco el catálogo de coberturas donde se registran los ataques creció, los policías reprimen en marchas y bloqueos. Se han sumado a la lista de agresores presidentes municipales, secretarios de primer nivel, gobernadores, diputadas y diputados; así como y el crimen organizado.
Al inicio este sexenio, en Morelos se perpetuó la máxima expresión de las agresiones contra este sector. En febrero de 2019 fue brutalmente asesinado el comunicador comunitario y defensor de la tierra Samir Flores Soberanes, la misma suerte corrió el administrador de una página de noticias Manuel González Reyes. Ambos casos permanecen impunes.
En el caso de Samir, a quien tuve el honor de conocer y entrevistar, ha recibido un trato especial por parte de la Fiscalía de Morelos.
Desde el día uno fue revictimizado. El fiscal Uriel Carmona, se apresuró a declarar ante la prensa vínculos con el crimen organizado y dejó de lado las denuncias y señalamientos que involucraban al entonces delegado de la Secretaría de Bienestar Social Hugo Erick Flores, con quién un día antes Samir se confrontó en un foro informativo de cara a la consulta popular, realizada tres días después de este homicidio, donde se definiría si la termoeléctrica de Huexca entraba o no en funcionamiento. Durante casi tres años prácticamente fue congelada la investigación, según denunciaron sus amigos y compañeros de lucha. En septiembre de 2021, previo a la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron “con bombo y platillo” la detención de uno de los presuntos responsables del asesinato del activista y opositor a la termoeléctrica de Huexca.
Pero no informó que el detenido, llevaba un año encarcelado por otros delitos. Justo la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación vs de la Fiscalía de Morelos por las violaciones y omisiones cometidas en este caso.
Y reveló que hasta este momento la Fiscalía no ha incluido en las líneas de investigación el activismo de Samir y que nunca llamó a comparecer al funcionario federal, ni al resto de los sospechosos. Silenciar a Samir significó un golpe directo al movimiento en defensa de la tierra al que pertenecía pero también un golpe para quienes ejercen periodismo ciudadano o comunitario.
Samir, estaba impulsado la creación de otras radios comunitarias en distintos poblados de la entidad. Este proyecto que garantizaría la libertad de expresión de sus habitantes quedó en pausa.
Ese es el trato especial que la Fiscalía de Morelos ha dado al comunicador comunitario.
Un cuestionamiento que retumba entre las y los compañeros de lucha de Samir es ¿por qué la Fiscalía de Morelos se ha empeñado en que nosotros, su familia, amigos, vecinos y compañeros del movimiento, vayamos a declarar y nunca consideró llamar a los principales sospechosos?
¿A quiénes está protegiendo y por qué?
Hoy, como periodista y defensora de la libertad de expresión, a nombre de su familia y de sus compañeros de lucha, solicitó a ustedes diputadas y diputados que llamen a comparecer al fiscal estatal y que explique cómo es que a tres años éste asesinato prevalece la impunidad cuando el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha declarado que Carmona sabe quién mató al comunicador comunitario y activista pero por miedo ha callado.
Y replico, desde este recinto, la solicitud del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y El Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla de que se le inicie un procedimiento sancionador no solo para los ministerios públicos señalados como responsables de las violaciones a los derechos humanos de Samir y su familia, sino también para todos los funcionarios involucrados hasta el nivel más alto.
Qué desde este Congreso se le exija que llame a comparecer a cada uno de los señalados como sospechosos en este homicidio.
Y que cumpla con la recomendación de la CNDH.
Qué Uriel Carmona sea emplazado a corregir el rumbo de esta investigación y a dar resultados.
Otra petición del Frente de Pueblos es que desde el Legislativo se gestione que Fiscalía General de la República atraiga el caso, lo que ha pedido desde el día uno pero nadie los ha escuchado.
En otro orden de ideas, exijo a ustedes diputadas y diputados, al gobernador a las magistradas y magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a las alcaldesas y alcaldes que respeten a cabalidad el ejercicio periodístico.
Las y los periodistas cumplimos con nuestra labor de informar pero en la actualidad y hoy en medio de las disputas políticas entre poderes e iguales, nos hemos convertido en carne de cañón porque cada uno de los poderes o en los niveles de gobierno se empeña en situarnos de un bando o de otro. O estás conmigo o estás contra mí.
Situación por demás peligrosa en una entidad donde poco a poco se ha evidenciado la existencia de narcopolítica, es decir, los estrechos vínculos del crimen organizado con actores políticos y autoridades. Y entonces viene las amenazas e intimidaciones; la guerra sucia, las campañas negras en redes sociales, donde colaboradores de algún grupo político se encargan de hacer un marcaje personal para atacar y denostar a periodistas.
Hoy en Morelos, el mayor número de agresiones son para las mujeres periodistas, quienes son descalificadas en redes sociales o enfrentan bloqueos informativos, situación que no es aislada con la realidad que enfrenta las mujeres en Morelos, donde desde el 2015 está activa la Alerta de Violencia de Género (AVG) por los altos índices de violencia por género.
Ser mujer y periodista en este estado significa caminar en un terreno minado, incluso en las redacciones y en los espacios públicos, dónde las violencias de género disfrazadas de broma son el pan de todos los días.
Señoras y señores legisladores, gobernador, exijo que se garanticen condiciones para ejercer el periodismo y la comunicación de manera libre y segura.
De entrada, es urgente que se agilice la construcción del reglamento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Humanos y Periodistas en el que se garantice una atención con perspectiva de género.
De manera paralela que se revise la Ley en la materia, que dicho sea de paso se aprobó sin consultar a ninguno de los dos sectores interesados y por ende tiene algunas lagunas jurídicas que vulneran a quienes enfrentan una situación de riesgo. Hasta ahora ningún mecanismo local, en el país, ha funcionado porque resulta incongruente que nuestra seguridad esté en manos de nuestros violadores.
Quizá sea esta la oportunidad de colocar a Morelos como ejemplo de un mecanismo que dé resultados para eso se requiere corregir y avanzar pero escuchando las verdaderas necesidades y realidad que vivimos quienes ejercemos el periodismo de pie o la defensa de los derechos humanos.
No esperemos a que la violencia contra el gremio periodístico alcance niveles como en Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero o Michoacán.
A la ciudadanía, desde aquí, la casa del pueblo, la convoco a que arrope a sus periodistas, a indignarse cuando agreden a la prensa, a solidarizarse y exigir justicia, no porque seamos especiales pero sí porque somos la vía por la que se hace valer su libertad de expresión.
Sin periodistas no hay democracia y sin democracia no hay derechos humanos.
- Discurso pronunciado por la periodista Estrella Pedroza en la tribuna legislativa el 7 de Junio del 2022 con motivo del Día de la Libertad de Expresión, luego de recibir el Premio al Mérito Periodístico en la categoría Periodismo Digital en el género de Crónica.