El pretexto fue una reunión interinstitucional para analizar el fenómeno de “El Comando Jaramillista” en la región centro sur del país. A las 4 de la tarde del 15 de mayo del 2009, en Torre Morelos, decía el oficio.
“Carnal, me están convocando a una reunión en la SSP, pero presiento que hay algo raro. Ahí te encargo a mi familia”, dijo por teléfono el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Cuernavaca, Francisco Sánchez González a su hermano, abogado de profesión.
Unas horas antes se había dado a conocer la destitución del secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien también estuvo presente en esa reunión que encabezó el entonces secretario de Gobierno, Jorge Morales Barud.
“Comandantes, no se retiren, les pido que pasen un momento a la oficina”, dijo Morales Barud al culminar la reunión sobre terrorismo y guerrilla urbana. En la que había sido la oficina de Cabeza de Vaca ya los estaban esperando varios hombres de traje que se identificaron como agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Señores, tenemos una orden de presentación contra ustedes. Necesitamos que nos acompañen a la ciudad de México”, apuntó uno de ellos. De inmediato los desarmaron y les quitaron sus teléfonos celulares y demás aparatos de radiocomunicación.
El más sorprendido era el recién destituido secretario de Seguridad estatal, quien había llegado al cargo sólo con la Preparatoria gracias al apellido de su padre, un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Francisco Sánchez González, con formación militar, ex policía federal de caminos y ex subsecretario de Seguridad Pública Estatal, con una licenciatura en Derecho, estaba más consiente de lo que estaba ocurriendo y lo que vendría después.
Fueron llevados a las oficinas centrales en la ciudad de México donde declararon ante el Ministerio Público y después reubicados en un centro de arraigo dónde estuvieron 40 días. Ahí supieron que estaban acusados de delitos contra la salud, narcotráfico y delincuencia organizada, este último delito en complicidad con un ex policía ministerial de apellido Pintado.
Según la SIEDO, los tres recibían dinero del capo Arturo Beltrán Leyva a cambio de protección.
Todo se derivó de la detención de un grupo de sicarios en el estado de México, en el que iban dos policías en activo de la Policía Metropolitana de Cuernavaca, quienes con un poco de presión “soltaron toda la sopa”.
“Para la Secretaría de Seguridad Pública trabajábamos como aviadores, es decir, sólo firmábamos y cobrábamos; todo estaba arreglado por el subdirector de Seguridad Pública, con clave Hierro, de nombre Raúl Díaz Román, y también el subsecretario de Seguridad Pública, Said Viana Valenzuela, y el secretario de Seguridad Pública, Francisco González”, dice la declaración del ex policía Mario González Gaspar, alias “El negro”, rendida ante el agente del Ministerio Público Federal, aunque habría que aclarar que después lo negó y se dijo torturado.
Refiere que los primeros en integrarse a la organización de los Beltrán Leyva fueron Esteban Royaceli Linares, Manuel Alejandro Briones, Martín Rosas, Iván Rodríguez y Sergio Ramírez, además del propio González Gaspar, quienes se entrevistaron con Francisco Camacho, jefe de seguridad de Mario Pineda Villa, alias “el MP”
Ahí acordaron que recibirían mil 500 dólares mensuales estar al servicio de la organización. Les proporcionaron una camioneta Toyota color verde y desempeñaban prácticamente el mismo trabajo que los policías, sólo que al servicio de “la maña”, teniendo como objetivo principal el detectar retenes u operativos de la Policía Federal o el Ejército, lo que entre ellos se conoce como “halcones”.
En ocasiones, relata el hoy detenido, la camioneta Toyota hacía recorridos, siempre seguida por la patrulla 2816.
Posteriormente, en enero del 2008, son contratados por “El MP” para cuidar las casas de la organización ubicadas en diferentes lugares de Cuernavaca. “Ahí estábamos vestidos de civil pero armados con las armas de cargo de la corporación”, dice la declaración.
La impunidad era total porque, según el declarante, prácticamente todas las corporaciones estaban compradas. “También estaba con la organización el secretario de Seguridad Pública del Estado, el comandante Vaca, no me acuerdo de sus apellidos, y el comandante de la región Cuernavaca, el comandante Lobato; decían que también estaba arreglada la Ministerial y la Policía Federal de Caminos”, agrega.
Cabeza de Vaca contrató los servicios del abogado Guillermo Pasquel; Francisco Sánchez los de la abogada Alicia Vázquez Luna y Pintado los del litigante Enrique Paredes.
Después de demostrar que era falso lo que habían declarado Royaceli y González Gaspar (obligados mediante tortura), un juez federal ordenó la libertad de Francisco Sánchez el 24 de mayo de 2012, después de tres años y permanecer en tres diferentes centros penitenciarios del país. La sentencia absolutoria fue confirmada en segunda instancia.
Luis Ángel Cabeza de Vaca se tardó mucho más. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero a base de amparos logró obtener su libertad en marzo de 2016 y actualmente se desconoce su paradero.
En enero de 2023, en el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en la Corte Federal de Nueva York, el nombre de Cabeza de Vaca volvió a ser mencionado. Israel Ávila, quien fungía como contador de la “Federación de Sinaloa”, dijo que tenían a sueldo a policías estatales y municipales para mantener el control del estado de Morelos, sobornos que incluían al secretario Cabeza de Vaca «al que llamábamos cuernos, cabeza o Vaca”, aclaró.
Francisco Sánchez González se dedicó a litigar, hasta que hace un año fue contratado por la entonces aspirante a gobernadora por el Partido Morena, Margarita González Saravia, para que fuera su escolta personal durante la campaña.
