Ahora que hay tanto escándalo ante la posibilidad de que los jueces y magistrados sean electos mediante el voto popular, y que algunos “se rasgan las vestiduras” diciendo que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pretende controlar los tres poderes del estado, vale la pena recordar cómo se designaban los juzgadores en Morelos hace unas cuantas décadas.
Para ello le pido orientación a un viejo amigo (más amigo que viejo), que fue juez de paz, juez menor y juez de primera instancia, y que cubrió casi todos los juzgados de este estado, pero del cual no daré su nombre para evitarle problemas con sus colegas en activo.
Dice mi amigo el juez en retiro que hasta antes de Jorge Carrillo Olea (1994), el gobernador en turno proponía las ternas para magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Congreso hacía las designaciones, pero daba la casualidad que la Cámara de Diputados estaba integrada generalmente por 20 o más diputados del PRI y una mínima parte de oposición, de ahí que siempre quedaban los que “palomeaba” el gobernador.
El Tribunal Superior de Justicia estaba conformado por cinco magistrados (nada que ver con los 22 que hay ahora), y entre ellos elegían su presidente. Si bien la Ley Orgánica decía que el presidente estaría en el cargo un año, no había límite para la reelección; “por eso Heriberto Álvarez Tapia se reeligió seis veces con el gobernador Felipe Rivera Crespo”, recuerda mi entrevistado.
Los jueces eran designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, pero también a propuesta del gobernador, que durante 70 años fue del Partido Revolucionario Institucional. Así que, para ser magistrado del TSJ se requerían dos cosas: ser licenciado en Derecho y ser militante del PRI.
Los jueces de paz de los diferentes municipios ni siquiera requerían ser abogados. Eran propuestos por el alcalde en turno y designados por el Pleno del TSJ. Y los 33 presidentes municipales eran del PRI.
Todo esto comenzó a cambiar a partir de la llegada de Jorge Carrillo Olea, quien no era abogado sino licenciado en administración con grado de general, pero le encargó al jurista internacional Sergio García Ramírez, que hiciera una modificación legislativa que estuviera a la vanguardia de todo el país.
Así fue como, en abril de 1995, un Congreso local integrado por priístas en su mayoría, autorizó reformas constitucionales (que los cabildos municipales aprobaron de inmediato), y derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980. Creó una figura que recientemente había sido instaurada en el Poder Judicial Federal: el Consejo de la Judicatura.
Ahora ya los magistrados no eran la máxima autoridad en el Tribunal Superior de Justicia, pues la designación de jueces, la visitaduría y la posibilidad de sancionar a los juzgadores, recaía en un órgano colegiado integrado por un representante de los jueces (que era designado por insaculación); un representante de los magistrados; el decano de la Facultad de Derecho de la UAEM; y un representante del gobernador, todos ellos encabezados por el presidente del TSJ que tenía voto de calidad.
Para la integración del nuevo Pleno del TSJ (ahora conformado por 12 magistrados), Jorge Carrillo le encomendó la selección a su “cerebro jurídico”, Carlos Peredo Merlo, quien convocó para tal fin a un grupo de magistrados federales, terminando así con la hegemonía del PRI.
Con toda esta pluralidad tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Pleno del TSJ, comenzaron a entrar jueces de todas las corrientes ideológicas. Ya no era requisito ser del PRI, incluso el PRD y el PAN pudieron meter a sus juzgadores, pocos pero sí. Durante los últimos años muchos jueces han llegado al cargo mediante exámenes de oposición, aunque también infinidad de ellos han ejercido con un nombramiento del presidente en turno, mediante la figura del interinato.
Así llegamos a la actualidad, cuando se supone que el Tribunal Superior de Justicia no tiene color. Sin embargo, existe el riesgo de que los magistrados y jueces sean destituidos (aunque no todos al mismo tiempo) para ser sustituidos por servidores públicos electos mediante el voto directo de los ciudadanos.
Así lo establece la reforma constitucional en materia judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, según la cual, los primeros en salir serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados del Poder Judicial Federal, otorgando un plazo de 180 días a los Congresos locales para armonizar su legislación.
Pero al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos parece no importarle. Aún a sabiendas de que una reforma de esa magnitud sería como un “tsunami” que arrasaría con magistrados y jueces, se le ocurrió lanzar la convocatoria para la designación de 13 jueces de diversas materias y especialidades.
Según la convocatoria lanzada el pasado 17 de septiembre por la Junta de Control Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado se trata de cinco plazas de jueces para ser adscritos en las materias de civil, familiar y mercantil.
Además de seis plazas para juezas o jueces especializados de control juicio oral y ejecución de sanciones del Poder Judicial del Estado de Morelos, una para juez especial para actos de investigación y uno en actos de extinción de dominio.
La convocatoria es exclusivamente para servidoras y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, de los cuales se inscribieron alrededor de 80 personas aspirantes y participaran en tres etapas, es decir, se está privilegiando la carrera judicial.
Sin embargo, el proceso se ha visto empañado por una denuncia ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que presentaron 13 de los 22 magistrados que integran el Pleno.
De acuerdo a este documento cuya copia obra en poder de este columnista, “las magistradas y los magistrados que suscribimos este escrito, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, nos dirigimos con respeto para solicitar formalmente que se determine la reposición por vicios de nulidad del proceso de selección y designación de personas juzgadoras derivado de la convocatoria emitida mediante la Circular LIGO/JUNTA ADMON/0035-24, debido a serias irregularidades que se presentaron durante el examen de conocimientos teóricos llevado a cabo el 17 de septiembre de 2024”.
Entre las irregularidades que mencionan, están las siguientes:
Dos participantes ya tenían el examen previamente contestado hasta la pregunta 90, limitándose a revisarlo durante el tiempo concedido. Entre los minutos 30 y 35 de haber iniciado el examen, estos dos sustentantes ya tenían contestada hasta la pregunta o reactivo 90 y 93 del examen, el cual constó de 100 reactivos o preguntas.
“A fin de salvaguardar la identidad y los datos personales de los aspirantes aludidos, sus nombres se consignan en documento por separado, que se entrega adjunto al presente escrito en sobre cerrado”, termina diciendo el polémico documento.
HASTA MAÑANA.