Hasta antes del primero de octubre, el sistema penitenciario de Morelos estaba muy cercano a la perfección, con calificaciones muy por encima de la media nacional y una calma en el Penal de Atlacholoaya que aparentaba que las Personas Privadas de su Libertad (PPLs), hasta disfrutaban su estancia. Pero era un espejismo, una falsa percepción que se vino a mostrar en su real dimensión a partir de la entrada de la nueva administración.
Cheque usted el último informe del coordinador del Sistema Penitenciario, Israel Ponce de León, entregado a sus superiores:
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, que tiene como objetivo examinar la situación que impera en el sistema penitenciario a nivel nacional, por medio de la evaluación en cada uno de los centros, donde se verifican las condiciones de internamiento de las PPL, garantizando que se cumplan con los mecanismos para el respeto y observancia de los derechos humanos.
“Obteniéndose en el 2020 una calificación de 6.47; en el año 2021 una calificación de 7.02; en el año 2022 una calificación de 7.11 y; en el 2023 una calificación de 7.38.
“Los trabajos realizados para la reinserción social por la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Morelos dieron como resultado mejores calificaciones cada año, esto como resultado de la mejora de procesos y aplicación de estrategias, que permiten mejorar las condiciones de vida, estancia y reinserción de las PPL’s.
“Mención especial merece la gestión del Ejecutivo Estatal para la incorporación al Sistema Penitenciario de un nuevo Centro de Reinserción Social que fue entregado en comodato por la Fiscalía General de la República al Gobierno del Estado de Morelos con un costo de más de 1,500 millones de pesos”, dice el informe.
Sin embargo, ayer en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en tres minutos echó por tierra las cifras alegres de su antecesor:
“…estamos recibiendo a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quienes les solicitamos que se revisen las calificaciones de los centros penitenciarios del estado de Morelos, ya que las condiciones deplorables y de falta de seguridad tanto para los custodios como para los internos y una sobrepoblación evidente, no están cumpliendo con la calificación que tenían estos centros penitenciarios”.
No fue difícil saber cómo se obtuvieron esas calificaciones. Cuando iban a venir los visitadores de la CNDH, se limpiaban todas las instalaciones y se dejaba de cobrar “brinco”; se surtía la farmacia de la enfermería y hasta las cocineras se esmeraban en la preparación de los alimentos. Como “El Paco” (Francisco Flores Jiménez) y el comandante Colín (Antrax) ya los habían amenazado, no había quejas de los PPLs en ninguno de los dormitorios.
Sin embargo, en cuanto se iban los visitadores de la CNDH, todo volvía a la normalidad, es decir, el cobro de absolutamente toda actividad que se realiza al interior del Penal de Atlacholoaya y las extorsiones a los internos.
Ayer alguien en Twitter (supongo que algún ex funcionario, usando una cuenta falsa) cuestionó el por qué este columnista “hasta ahora” publica tales irregularidades. La respuesta es que, basta con buscar en los archivos para darse cuenta de que tanto el colega Carlos Quintero como un servidor, hemos denunciado a detalle lo que ocurre en el interior del Penal, incluso se lo hicimos saber personalmente al entonces secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, sin que nunca se hiciera nada.
Tuvo que haber un motín (aparentemente con un fallecido) para que la autoridad reaccionara. Ayer, en su conferencia de los lunes, la gobernadora Margarita González Saravia instruyó al titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, a ejercer labores contundentes que combatan cualquier acto que afecte a las Personas Privadas de la Libertad (PPL), y señaló que para su gestión 2024-2030 se tiene un plan específico en este tema.
“Hay dos líneas que vamos a seguir en los penales, por una parte, combatir al cien por ciento la corrupción interna, y segundo, humanizar estos espacios; tenemos toda una estrategia que pronto daremos a conocer”, afirmó la jefa del Poder Ejecutivo.
En tanto, Miguel Ángel Urrutia comentó que ya fue destituido el director de los Centros Penitenciarios en la entidad (Alejandro Cornejo Ramos), mientras que la directora del Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos” ubicado en Atlacholoaya (Adriana Figueroa Martínez), y el director operativo del mismo (Jesús Francisco Flores Jiménez), entregaron su renuncia; ahora trabajarán con nuevo personal, todos cumplen con los Exámenes de Control y Confianza.
“Asimismo, señaló que las PPLs ni sus familias deben pagar dinero como parte de acuerdos para dejarlos ejercer alguna acción en reclusión; agregó que se pondrá en marcha un mecanismo de registro con huella dactilar y archivo para reconocer a familiares de internos, con el objetivo de que puedan visitarlos, cumpliendo las normas oficiales”, dice el comunicado de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal.
En la conferencia, realizada en el municipio de Tetecala, el responsable de la Seguridad Pública en Morelos aportó otro dato que deja muy mal parados a los veracruzanos: no hay cámaras de video en las áreas estratégicas del Cereso. Los que sí tienen cámaras en sus teléfonos móviles son los internos, tan es así que, durante el motín del pasado sábado, varios “transmitieron en vivo” lo que estaba ocurriendo.
También, trascendió un detalle que ya habíamos señalado: no hay gente calificada que quiera trabajar con sueldos tan bajos que ofrece el gobierno de Morelos, además de que la normatividad exige que pasen el examen de confianza, lo que retrasa su contratación.
Hoy mismo, las direcciones arriba mencionadas cuyos titulares fueron obligados a renunciar, se encuentran acéfalas, en espera de que lleguen sus relevos, ya sea de la Ciudad de México de donde viene Miguel Ángel Urrutia (aunque nació en Veracruz), o de Zacatecas, último estado donde laboró el nuevo coordinador del sistema penitenciario, Javier Romero Espinoza.
Son ellos los que deberán “limpiar el cochinero” que les dejaron los veracruzanos, los mismos que nos engañaron seis años haciéndonos creer que teníamos cárceles de lujo.
Por lo pronto, mal inicio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana al intentar engañar a la prensa diciendo que el interno Roberto “N” había fallecido de un infarto, cuando la necropsia revela que murió a causa de un disparo de arma de fuego.
HASTA MAÑANA.