Durante la conferencia matutina del 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su postura sobre la reforma al Poder Judicial y, como argumento a su favor, hizo referencia a la reciente orden de un juez para liberar a Vanessa Ballar Fallas, alias ‘La Güera’, presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) involucrada en los homicidios de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Artz Pedregal de la Ciudad de México en julio de 2019.
“Con todo y paro hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir ‘sabadazo’? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado donde supuestamente no están en funciones”, dijo la presidenta de la República, endilgándole al Poder Judicial Federal el que una presunta delincuente esté nuevamente en la calle.
Pero se equivocó la presidenta. De profesión licenciada en física, nadie le dijo que la orden de liberación la dio un juez estatal, no uno de los que están en paro en protesta por la reforma judicial. De esa manera “le echaron la bolita” al Tribunal Superior de Justicia de Morelos que preside el magistrado Jorge Gamboa Olea, quien ni tardo ni perezoso, justificó así la determinación de su juez Adolfo González López:
En relación a la libertad otorgada por el Tribunal de Enjuiciamiento el pasado 11 de octubre del año 2024 a favor de Vanessa Lineth Ballar Fallas y/o Vanessa Ballar Fallas, acusada del delito de homicidio calificado cometido en agravio de dos ciudadanos israelíes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos informa:
- El caso fue declinado a la Fiscalía del Estado de Morelos atendiendo a que la acusada se encontraba interna en el Centro Federal de Readaptación Social Num.16 “CPS Femenil Morelos” y por cuestión de competencia concurrente fue la Fiscalía de la entidad la encargada de la investigación complementaria, la integración final de la carpeta y la presentación de la acusación correspondiente en contra de la hoy liberta.
- En el escrito de Acusación la Fiscalía ofreció 28 testimoniales entre ellas los empleados del restaurante, policías de investigación, policías auxiliares, policías preventivos y bancarios. Además de 12 peritos especialistas en distintas materias, sin embargo, durante el desarrollo del juicio se desahogaron 16 testigos y 12 peritos, las demás, es decir 12, se le tuvieron por desistidas en su más entero perjuicio o se le declararon por desinteresado su presentación.
- El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que la Fiscalía no logró acreditar la relación entre la conducta de la acusada y la muerte de las víctimas, no se presentó prueba suficiente sobre algunas de las formas de autoría y participación de la acusada por el delito en mención motivo por el cual la autoridad judicial determinó la libertad absoluta única y exclusivamente por cuanto hace esta causa se refiere, sin perjuicio de que pueda continuar recluida por algún otro delito.
El Poder Judicial nunca justifica el sentido de sus resoluciones, pero en esta ocasión era necesario dar todas las explicaciones, pues no vaya a ser que la presidenta lo ponga en su lista negra en la que ya está desde hace mucho tiempo el fiscal Uriel Carmona.
Así, Jorge Gamboa prefirió “batear” el asunto hacia la Fiscalía y culparla de la resolución judicial del referido juez; de todos modos, Uriel Carmona ya le retiró la palabra desde hace más de un año por aquel asunto de “El Diablito” de Huitzilac. Ni se topan, dirían los chavos.
Este asunto fue “bateado” de la misma manera que lo hizo con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que encabeza José Raúl Hernández Cruz, sobre asuntos laborales, y que el TSJ rechazó en 2023 argumentando que dicha institución no tiene facultades para pronunciarse sobre temas laborales o administrativos del Poder Judicial del Estado de Morelos.
Dice el ombudsperson que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Controversia Constitucional 531/2023, declarando la invalidez del oficio PRESIDENCIA/LJGO/426/2023, suscrito por Luis Jorge Gamboa Olea, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), mediante el cual sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) estaba impedida para conocer quejas de naturaleza administrativa y/o laboral, provenientes de actos u omisiones de servidores públicos adscritos al TSJ.
“Lo anterior, a raíz de que, en el mes de septiembre de 2023, una trabajadora del TSJ presentó queja ante la CDHM por presuntas violaciones a sus derechos humanos por personas servidoras públicas adscritas a este, radicando el asunto en el expediente de queja CDHM/1S.1/089/2023-V1, por lo que se requirió diversa información al Presidente del TSJ, en relación con los hechos denunciados”, dice el comunicado de la CDHMOR.
Según la versión de Hernández Cruz (toda vez que la SCJN no ha emitido ningún comunicado al respecto) la Corte determinó que la CDHM puede conocer de quejas en contra de actos u omisiones de carácter administrativos y/o laborales atribuibles a personas servidoras públicas adscritas del Poder Judicial de Morelos, conforme el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, por las posibles violaciones a derechos humanos, mientras no se trate de asuntos jurisdiccionales.
Termina diciendo el boletín que “es de resaltar que esta es la primera vez que la SCJN emite una resolución a favor de una Comisión de Derechos Humanos en vía de Controversia Constitucional”. Esperemos a tener la resolución original de la Suprema Corte para emitir una opinión.
Y si de “sabadazos” se trata, sabadazo el que dio la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, que -tal como lo pronosticamos- en una discretísima ceremonia, el viernes por la tarde tomó protesta a las nuevas juezas y nuevos jueces que se harán cargo de 11 espacios que estaban vacantes.
Los nombres siguen siendo una incógnita, pues hasta ayer martes a las 20:30 horas seguíamos esperando el comunicado de prensa del TSJ. ¡Eso sí que fue sabadazo!
HASTA MAÑANA.