Justicia, el tema incómodo para Margarita

A unos días de cumplir sus primeros 30 días en la Gubernatura, Margarita González Saravia ha logrado zanjar casi todos los asuntos que se le han presentado, por lo que podríamos decir que tuvo un inicio de gobierno terso y sin complicaciones. Sin embargo, el tema de la procuración y administración de justicia se ha convertido en una auténtica “piedra en el zapato”, por el hecho de que el fiscal general del estado no quiso dejar el cargo “por las buenas” y el Poder Judicial se encuentra enfrascado en una disputa entre magistrados.

Aunque Margarita no es abogada, tiene bien claro el tema de la separación de poderes, y sabe que no se puede meter abiertamente en ese conflicto que era jurídico, pero ya se tornó político e incluso personal entre algunos magistrados. El Poder Judicial es autónomo, pero no independiente porque forma parte -junto con el Legislativo- de un mismo gobierno y la gobernadora es ella.

El tiempo de echarle la culpa al fiscal o a los magistrados ya quedó atrás y se entendía por el hecho de que su antecesor tenía como grado máximo de estudios la secundaria trunca. La nueva jefa del Poder Ejecutivo debe garantizar la gobernabilidad entre los tres poderes, los órganos autónomos y los grupos fácticos de poder como son los sindicatos, las cámaras empresariales, etcétera.

Para ello debe echar mano de sus operadores encabezados por el secretario de gobierno, Juan Salgado Brito, y su “cerebro jurídico” que es Edgar Maldonado. Son ellos -abogados ambos- los que tienen que mostrarle las diferentes opciones que hay para resolver los problemas de procuración e impartición de justicia en esta entidad.

Cada vez que la entrevistan, la pregunta obligada para la gobernadora es ¿qué pasará con el tema de Uriel Carmona? Ya nos quedó claro que “no están dadas las condiciones para que el fiscal continúe al frente, ya está muy desgastado”, pero en términos concretos no dado a conocer cuál es la ruta por seguir para cumplir el deseo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Lejos de amilanarse, el titular de la FGE hace declaraciones alegres que no dan visos de que pretenda irse pronto. “Aquí lo que cuenta es lo jurídico, no lo político”, repite a cada rato.

En su última conferencia de prensa la gobernadora cambió de discurso. Al parecer ya descartó una acción legislativa local para desaparecer la actual estructura y se fue por el tema nacional:

“…el tema del fiscal tiene mucho qué ver con la Federación. En términos de las investigaciones que se han hecho desde allá, el desafuero que tuvo del Congreso Federal, investigaciones que se están haciendo en la Fiscalía General de la República que ya son sabidas de todos”, dijo.

En esta ocasión tuvo que admitir que el Mando Coordinado sigue estando incompleto, pues a pesar de que se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca para que su policía y la del estado ahora sí se coordinen, falta la participación de la Fiscalía.

“…estoy de acuerdo en que se vaya (Uriel Carmona) porque está muy deteriorada su situación y no nos ayuda para nada para lograr concertar una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el propio Tribunal de Justicia”, dijo la mandataria.

Y es que a la primera gobernadora mujer en la historia de Morelos no le cayó nada bien que, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionara el caso de la liberación de una mujer acusada de matar a dos ciudadanos israelíes, nadie le supo explicar porque un juez local de Morelos resolvió un caso tan trascendente que ocurrió en la Ciudad de México y que la presunta responsable estaba interna en el Penal Federal de Michapa.

Al tratar de obtener una explicación más amplia sobre el tema, lo único que recibió fue un vergonzoso intercambio de comunicados en los que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia se culpaban mutuamente de la aparente pifia.

Que si la Fiscalía no presentó las pruebas que había ofrecido en el escrito de Acusación; que si la Fiscalía no logró acreditar la relación entre la conducta de la acusada y la muerte de las víctimas, que si el Ministerio Público de Morelos trabajó en estrecha y total coordinación con sus homólogos de la Ciudad de México; que la sentencia no es definitiva y que sólo es por cuanto a este delito, etc.

El hecho es que este asunto tiene todas las características de esos juicios donde hay mucho dinero de por medio, tan es así que el fiscal se comprometió a investigar la conducta indebida de su personal (algo que ha dicho en muchas ocasiones y no ha cumplido), y que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, también debiera hacer lo propio.

Existen tres casos en específico en los que el Poder Ejecutivo ha detectado posibles actos de corrupción entre los jueces del Poder Judicial que encabeza Jorge Gamboa Olea, lo que motivó una reunión el pasado lunes en Palacio de Gobierno, un día antes del “intento de golpe de estado” que el magistrado presidente supo evadir con un método digno de una película de comedia: declararse diarreico y salir corriendo rumbo al área de Urgencias del IMSS llevándose las llaves del Salón de Plenos y ordenando una fumigación a las oficinas.

Su táctica evitó que sesionaran los magistrados disidentes pero no engañó a la gobernadora, quien ya tiene referencias de los lazos de Gamboa con el grupo de jueces que fueron designados por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina cuando la elección por voto popular está a la vuelta de la esquina.

Hoy la gobernadora se encuentra en una disyuntiva: apoyar a un cuestionadísimo Jorge Gamboa para que se mantenga en el poder los dos años que le restan de un mandato que él mismo se inventó; o apoyar al grupo disidente a sabiendas de que lo integran dos familiares directos y dos de sus coordinadores de asesores, del fiscal que tanto ha criticado.

Lo anterior, sin que la presidenta Claudia Sheinbaum lo vaya a tomar como una desobediencia, pues Margarita es una de las principales aliadas en la reforma judicial impulsada desde Palacio Nacional, y tampoco que los abogados de Morelos lo vayan a ver como una intromisión al Poder Judicial (ese título de “Va gobernadora contra jueces corruptos” provocó mucho escozor).

Ayer por la tarde se habría reunido la gobernadora con los 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Desconocemos los detalles de lo que ahí se trató (seguramente el magistrado presidente ya se recuperó de su Salmonela), pero en los próximos días “habrá señales” de la decisión que tomó la jefa del Poder Ejecutivo en el tema del conflicto interno del Poder Judicial.

También, en los próximos días sabremos qué pasó con el asunto de Tania Valentina Rodríguez, cuyo “procedimiento de formación de causa” fue rechazado por mayoría de votos de la Junta Política del Congreso Local ¿Sí la habrán ablandado o fue ella la que se salió -una vez más- con la suya?

HASTA EL LUNES.