Aquello parecía como cuando una madre de familia regresa tras un largo viaje y junta a todos sus hijos para preguntar cómo se portaron. Mentalmente, todos los presentes preparaban sus argumentos para acusar a “sus hermanos” o defenderse de las acusaciones que pudieran hacerles, después de una semana en la que las travesuras estuvieron a la orden del día y todos esperaban una sanción ejemplar.
Sentados en torno a una larga mesa de la residencia oficial, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia esperaban nerviosos la llegada de la gobernadora Margarita González Saravia. Sólo una inasistencia: la de Bertha Rendón Montealegre, quien justificó su ausencia por el nacimiento de su primer nieto. Eran 21 miembros del Pleno del TSJ, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, y el consejero jurídico, Edgar Maldonado.
La mandataria arribó minutos después de las cinco de la tarde, sonriente como siempre, segura de sí misma, repartiendo besos y abrazos. Luego vino un silencio incómodo en el que nadie sabía cómo comenzar esa reunión de la que tampoco quedó claro si era la que había solicitado el magistrado presidente Jorge Gamboa Olea o la que exigió un grupo de magistrados, molestos porque éste impidió la realización de un Pleno al declararse con diarrea y salir corriendo al IMSS llevándose las llaves y ordenando que cerraran las oficinas de Presidencia.
Después de unos segundos Jorge Gamboa (ya sin visos de enfermedad alguna en su semblante), habló “en representación de mis compañeros magistrados” para agradecerle a la jefa del Poder Ejecutivo el tiempo que concedía al Poder Judicial.
Juan Emilio Elizalde Figueroa, el magistrado que años antes fue un aguerrido periodista, ni tardo ni perezoso pidió el uso de la palabra para írsele a la yugular al que había hablado primero: “A mi este señor no me representa porque él es un presidente espurio”.
Durante cinco minutos, y bajo la justificación de que “es importante que usted como gobernadora esté enterada”, Elizalde Figueroa recordó que el presidente del TSJ fue electo por dos años por el Pleno, y que en una negociación con los diputados de la anterior legislatura modificó la Constitución para ampliar su periodo a 4 años en automático, y que durante su gestión hay indicios de corrupción, nepotismo, “fastuosidad en los gastos”, y ataques a los magistrados que no lo apoyan.
Cuando terminó de hablar, las miradas de todos los presentes se centraron en la gobernadora que hasta ese momento había escuchado con atención. Lo que dijera sería determinante para el conflicto que mantienen desde que Gamboa rindió su segundo informe con sólo tres de los 21 magistrados y el gabinete completo de Cuauhtémoc Blanco.
Pero sus palabras provocaron una ligera sonrisa en dos de las magistradas y una mueca de desaprobación en los inconformes. “Yo respeto sus diferencias, pero el motivo de esta reunión no es abordar ese conflicto interno que ustedes tienen y que tendrán que resolver al interior del Poder Judicial”.
Enseguida, la gobernadora habló largamente del grave problema de corrupción que encontraron en el Penal de Atlacholoaya, y de la preocupación por el hecho de que jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes que con mucho trabajo logran detener las diferentes autoridades.
Juan Gabriel Vargas, el magistrado que llegó al cargo después de muchos años de ser litigante, experto en juicios orales (tan prestigiado que fue contratado por el exgobernador Graco Ramírez), hizo uso de la palabra para tratar de explicar que las actuaciones de los jueces no son discrecionales, sino que se basan en lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Puso como ejemplo que, en una detención realizada por la Policía en Xochitepec, tardaron 7 horas en llegar al C5, lo que irremediablemente debe calificarse como ilegal y ordenar su libertad.
Elda Flores, con toda una vida en el Poder Judicial (e incondicional de Jorge Gamboa), intervino para tratar de corregir a su compañero, diciendo que, aunque pasara ese tiempo, el juez tiene la obligación de analizar si se cometió el delito o no.
Entonces surgió una propuesta en la que ambos poderes estuvieron de acuerdo (al menos en ese momento): que los juzgadores capaciten a los policías para que no incurran en actos que pudieran beneficiar a los delincuentes.
“Que venga el secretario de Seguridad”, ordenó la gobernadora. Y en menos de 15 minutos ya estaba ahí el licenciado en Administración, Miguel Ángel Urrutia Lozano, con carpeta en mano.
Para beneplácito de Gamboa y su grupo, la reunión se transformó en una mesa de trabajo sobre el tema de la Reforma Judicial. El magistrado Francisco Hurtado (ex coordinador de asesores de la Fiscalía y cuñado de Rabindranath Salazar), intentó insistir evidenciando que mientras la reforma judicial que permitirá que jueces lleguen por voto popular, Gamboa designa jueces a través de un cuestionado proceso de selección y pone a su gente. Pero ya la gobernadora había establecido la línea a seguir: no entrometerse en el Poder Judicial.
La reunión continuó, se habló de la visita de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres para explicar en qué consiste la Reforma Judicial (que eventualmente estaría dejando sin trabajo a los 22 magistrados), pero no se tocó para nada el tema del haber de retiro.
Al final propusieron la tradicional “foto del recuerdo”. Elizalde accedió a regañadientes, pero se ubicó en la orilla. En la otra, visiblemente a disgusto, Juan Gabriel y Anuar González. En el centro, junto a la gobernadora, con una sonrisa “de oreja a oreja”, el polémico Jorge Gamboa Olea.
“…creo que el reconocimiento fue tácito al decir está aquí el representante del Poder Judicial, si no creo que ni siquiera nos hubiera abierto las puertas”, declaró al otro día en entrevista con medios de comunicación.
De la reunión en casa de Gobierno ninguno de los dos poderes emitió comunicado alguno. Sólo el portal Comunica Más Media publicó (con la leyenda de publicidad pagada por MarkaLab): “Provechosa Reunión entre el TSJ y la gobernadora de Morelos”.
“Este jueves por la tarde, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos se reunieron con la gobernadora Margarita González Saravia. Durante la charla, dos magistrados, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Francisco Hurtado Delgado, no perdieron la oportunidad para intentar hablar de algunos “asuntitos internos”. Pero la gobernadora, tranquila y diplomática, les recordó que su enfoque es en lo que realmente importa para la sociedad, no en dramas internos. Al final, dejaron los chismes de lado y acordaron trabajar juntos en cosas importantes: como capacitar a los policías y fortalecer los proyectos de seguridad y justicia para el estado”.
Pero, todo parece indicar que este conflicto no acabará ahí, y que tendrá su continuación en el siguiente Pleno al que convoque el presidente Gamboa.
HASTA MAÑANA.