La noche del miércoles 14 de agosto del 2024, el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, vivió “el minuto que cambió su vida”, mientras cenaba en un restaurante de la ciudad de México. “Señor Javier Corral, tenemos una orden de aprehensión en su contra, necesito que me acompañe”, le dijo uno de los hombres de traje que se acercaron a su mesa.
Según lo admitiría en entrevista posterior, el chihuahuense ya se esperaba algo así. Mientras su acompañante (una mujer) revisaba el documento que llevaba el agente del Ministerio Público, Javier Corral tomó su teléfono celular e hizo una llamada.
—No alcanzo a ver lo que dice— se justificó la dama, en una astuta estrategia para ganar tiempo.
—Yo le ayudo—se acomidió el funcionario— mientras encendía la lámpara de su teléfono. El exmandatario seguía hablando por celular.
De pronto aparecieron un camarógrafo de una televisora y más agentes de la Policía chihuahuense. Pasaron los minutos y el lugar se comenzó a llenar de gente. Corral Jurado no se levantaba de su asiento.
En menos de una hora el tumulto se abrió para dar paso al robusto y polémico fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien había pasado de ser el vocero de la Fiscalía General capitalina, a titular de la institución, con apenas unos días de haberse titulado como licenciado en Derecho en una universidad “patito”.
—No tienen autorización para ejecutar esa orden de aprehensión— dijo con su imponente voz.
—Se les notificó a qué veníamos— repuso el funcionario chihuahuense— aquí está el sello de recibido—.
“Sí, se les selló de recibido el oficio de colaboración, pero decidimos no colaborar”, contestó Ulises Lara. Ya para ese momento el lugar estaba rodeado de policías capitalinos que prácticamente le hicieron valla al fiscal Lara y al exgobernador para que pudieran retirarse en una camioneta de la FGJCDMX.
Ayer, el principal protagonista de ese episodio estuvo en tierras morelenses, ahora convertido en senador de la República, y presidente de la Comisión de Justicia. Vino como invitado de honor a la VII Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), que preside el fiscal anticorrupción morelense, Juan Salazar Núñez, en el Hotel San José Vista Hermosa de Tequesquitengo.
Recordó brevemente aquella noche cuando estuvo a punto de ser detenido en la capital del país, como resultado de “un proceso penal fabricado por un órgano anticorrupción de Chihuahua, cooptado por una persona que responde a los intereses de las redes de corrupción, pero que se disfraza de combatiente”.
“La corrupción no sólo corroe nuestras instituciones, sino que también presiona, amenaza y persigue y castiga a quienes se atreven a enfrentarla. Es un mal que busca silenciar y desacreditar a las personas que luchan por erradicarlo. Un monstruo que devora a sus perseguidores”, dijo en su discurso de casi 20 minutos.
Recordó que la “Operación Justicia para Chihuahua”, fue una estrategia que implementó cuando fue gobernador de Chihuahua y que surgió “como respuesta a los devastadores efectos de una administración previa caracterizada por un saqueo masivo de recursos, abuso de poder, y un nivel de impunidad que había alcanzado proporciones alarmantes”.
El resultado fue contundente: 126 acciones penales contra 49 ex funcionarios de la administración, aunque muchos de ellos (principalmente el exgobernador César Duarte), caminan tranquilamente por su tierra natal, producto de un sistema corrompido que garantiza la impunidad.
“El costo personal de liderar esta lucha ha sido alto: los operadores del sistema anticorrupción, incluyendo fiscales, jueces y servidores públicos, han enfrentado feroces represalias. Después de mi administración, quienes encabezaron la operación fuimos objeto de incesantes campañas de desprestigio, amenazas, agresiones y procesos legales infundados, promovidos por aquellos mismos actores a quienes habíamos enfrentado”, dijo.
“Es tiempo que, en nuestro país, todas las personas que de forma genuina, participan en la investigación, persecución y sanción de la corrupción, sean reconocidas como personas defensoras de los Derechos Humanos, y valoradas en su justa dimensión de su valiente encomienda”, acotó.
En su momento, el anfitrión Juan Salazar Núñez comentó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (la que creó Corral, no la que intentó procesarlo) era el modelo perfecto que debían seguir todas las fiscalías del país.
Luego de dar la bienvenida a los presentes, Salazar Núñez anunció que en esta cumbre se trabajará en una propuesta de Ley General para homologar a las Fiscalías Anticorrupción del país, garantizar su plena autonomía e igualar protocolos de investigación.
El presidente de la CONAFA destacó la importancia de la unión de los fiscales Anticorrupción para lograr consolidar y construir un nuevo marco jurídico, privilegiando que sea para servir al pueblo y no a grupos políticos.
Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia -en su calidad de invitada especial- subrayó que la pobreza es producto de la corrupción añeja que se ha venido dando por años, por lo que se necesita dar continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha seguido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“El combate a la corrupción desde un gobernante tiene que ser un acto de voluntad política y de convicción; los funcionarios de cualquier nivel tenemos la obligación de continuar con este proceso de dignificar a nuestras familias en cada uno de nuestros estados”, afirmó la jefa del Ejecutivo.
El evento contó con la presencia del senador Víctor Mercado Salgado; el diputado federal por el quinto distrito, Juan Ángel Flores; así como el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso Local, Rafael Reyes Reyes, y el representante del Poder Judicial, Jaime Castera.
HASTA MAÑANA.