Contrario a sus antecesores, los integrantes de la LVI Legislatura Local han comenzado el primer periodo ordinario de sesiones con una serie de iniciativas de reformas a diversas leyes, algunas realmente interesantes, otras sólo para cumplir, pero que refleja que vienen decididos y decididas a trabajar. A ver si siguen igual de productivos los tres años.
Las primeras iniciativas casualmente tienen que ver con la niñez y con la protección a la mujer.
Por ejemplo, la diputada Jazmín Solano López presentó una iniciativa que busca crear como delito autónomo el incesto infantil y sancionarlo con penas de entre 10 y 20 años de prisión e incluir la reparación del daño y atención psicológica a las víctimas.
En la sesión ordinaria celebrada este jueves, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, consideró ante las y los integrantes de la LVI Legislatura que “existen en Morelos delitos como el incesto que permanecen ocultos o que nuestra sociedad prefiere ignorar porque así conviene a los violentadores”.
“Me refiero al abuso sexual que abuelos, padres, hermanos, primos o tíos cometen en contra de personas menores de 14 años, generalmente las más afectadas son las niñas, a las que, a veces, las mismas familias las obligan a callar o a soportar esta que es una de las más grandes infamias en contra de la dignidad y la salud física y emocional de las mujeres”.
En su iniciativa, que reformaría el artículo 208 del Código Penal para el Estado de Morelos, la legisladora de Morena pide a las mujeres no ser cómplices y denunciar este ilícito para que las infancias vivan libres de la peor de las violencias, que es el abuso sexual de parte de quien se supone debería protegerlas y cuidarlas.
Explicó que el incesto infantil sí se encuentra contemplado en la legislación penal, pero desde hace más de 28 años no ha tenido ningún cambio y la pena que se fija es realmente ridícula; “hoy, si alguna niña de Morelos es víctima de un abuso sexual, la pena que pudiera enfrentar el agresor es de seis meses a dos años de prisión como máximo; pudiendo el juez reducirla hasta la mitad”.
La propuesta de la exalcaldesa de Temixco es que los responsables sean castigados con penalidades que vayan desde 10 hasta los 20 años de cárcel.
Otra propuesta interesante es la del diputado Rafael Reyes, quien presentó, a nombre del Grupo Parlamentario del partido político Morena, así como de las Fracciones de Nueva Alianza (NA) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una iniciativa para crear un Registro Estatal de Guarda y Custodia de Menores, con la finalidad de prevenir abusos en contra de madres de familia, hijas e hijos.
El diputado por el sexto distrito local con cabecera en el municipio de Jiutepec refirió que el Registro, el cual se propone sea gestionado a nivel estatal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), permitirá centralizar la información de custodia y coordinar de manera eficiente los procesos judiciales.
Rafa Reyes planteó que el Registro permitirá que los jueces puedan consultar en cualquier momento la situación legal de custodia de los menores, evitando cambios de manera injusta y sin una revisión completa de la situación en otras entidades federativas; “con esta herramienta, estamos cerrando las puertas a quienes pretenden aprovechar las diferencias entre jurisdicciones”, refirió.
Sobre el mismo tema, la diputada de Nueva Alianza, Ruth Cleotilde Rodríguez López, está proponiendo adicionar los artículos 46 y 58 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, para que la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, forme parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASE), quien deberá intervenir con voz y voto.
La propuesta que fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen considera que se deben llevar a cabo las acciones necesarias para que jueces y magistrados conozcan las atribuciones y acciones llevadas a cabo por el SEPASE a fin de colaborar con las instituciones participantes del mismo, y llevar a cabo una coordinación más efectiva en la impartición de justicia.
El Partido Acción Nacional no se quiso quedar atrás, y su representante el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas fracciones de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, con lo que se busca, entre otros temas, incluir en el Sistema Educativo Estatal, la educación emocional como una herramienta adecuada en materia de salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Cabe mencionar que la propuesta en comento adiciona la fracción XXX del artículo 4, reforma la fracción XVI del artículo 46; adiciona la fracción XXIV del artículo 53, y la fracción XXIV del artículo 93, todas de la mencionada normativa.
Entre las adiciones destaca la que establece que la “salud mental es el estado de bienestar que permite a niñas, niños y adolescentes, el buen funcionamiento cognitivo, afectivo, conductual, que beneficia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el aprendizaje y la recreación, que favorezca su desarrollo integral y dignidad humana”.
Hasta ahí consideramos que las propuestas tienen que ver con la problemática que vivimos día a día, y que atacarán directamente a los fenómenos negativos que se están dando en nuestra sociedad.
Sin embargo, hay propuestas que consideramos están fuera de lugar o que sólo buscan hacerse notar.
Por ejemplo, la diputada Melissa Montes de Oca está proponiendo “la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres, dotada de autonomía técnica y de gestión, para hacer frente a la grave crisis de feminicidios y violencia de género que afecta a Morelos”.
Ya tenemos una Fiscalía de Feminicidios que nos consta que hace su trabajo lo mejor que puede. La solución para los diversos delitos no está en crear una Fiscalía Especializada para cada uno de ellos o para cada sector de la población, sino en fortalecer aquellas que ya existen, con más agentes del Ministerio Público, policías y peritos.
La que definitivamente anda perdida es la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien metió una propuesta para adicionar un párrafo a una ley general (la que regula la contratación de seguros) que data de 1935. “Una vez aprobada la presente iniciativa, remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para que se adhieran a la misma”, dice su iniciativa. Sí, como no.
HASTA EL LUNES.