Con unas horas de diferencia y algunos kilómetros de distancia, el pasado jueves y viernes se llevaron a cabo dos audiencias judiciales en las que -desde nuestro particular punto de vista- se aplicaron criterios jurídicos diametralmente opuestos en lo que se refiere a la medida cautelar: a una mujer se le aplicó toda la dureza de la ley y hoy está provisionalmente tras las rejas, mientras que a un hombre acusado de violencia familiar, se le concedió la famosa “justicia y gracia” para que pueda llevar su caso en libertad.
Nos referimos al caso de la ex jueza del Tribunal Superior de Justicia, Sarahí Villalobos, a la que el Tribunal Superior de Justicia le imputa los delitos de Tráfico de Influencias, Fraude Procesal, Robo y Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y que la Jueza Yuneli Pichardo Gutiérrez (la única que quiso aventarse el tiro de juzgar a una colega), le dictó prisión preventiva “justificada” para que espere la audiencia de vinculación en una celda del Penal Femenil de Atlacholaya.
Fue desde una semana antes que corrió el rumor entre los trabajadores del Poder Judicial, de que “la Fiscalía Anticorrupción se llevó al primer secretario de Acuerdos, Fernando Franco Cruz, porque se perdió un expediente”, y el pasado miércoles trascendió la detención de Sarahí Villalobos, una muchachita muy conocida en el medio judicial porque comenzó desde mecanógrafa y fue escalando puestos hasta llegar a juez interina.
Todo mundo se sorprendió con la noticia que “corrió como reguero de pólvora”, ya que nadie cree que Sarahí haya podido cometer delito alguno, “pues es cristiana, va al mismo templo que Elvia Terán”.
Fue hasta el día siguiente, 28 de noviembre por la mañana, que el TSJ emitió un comunicado en el que dio bastantes detalles por los que fue detenida la ex jueza.
Según ese boletín, todo inició con una llamada telefónica procedente del Juzgado del Municipio de Tabares el coloso, en Acapulco Guerrero, “en donde se solicitó a este Tribunal información precisa sobre un exhorto que fue enviado incompleto desde el Juzgado Tercero Civil del Cuarto Distrito Judicial con sede en Zacatepec, Morelos”.
Los litigantes sabemos que para localizar un expediente se tiene que hacer de manera personal y previa presentación de escritos, pero aquí una simple llamada hizo que todo el aparato del TSJ se moviera para encontrar el 168/2024-1 en el que aparecía como actor la empresa CRHEART BUSSINES GROUP S.A. DE C.V. y como demandado Gabriel Reyes Salgado.
Según la información difundida por la oficina de Comunicación Social del TSJ, dicho expediente correspondía a un juicio ejecutivo mercantil presentado por una persona moral mediante un poder notarial por un documento donde se demandaba un pago de $955, 000 000 (novecientos cincuenta y cinco millones de pesos), y que se presentó durante el tiempo que Sarahí Villalobos estaba a cargo del juzgado.
“Se logró establecer en las primeras declaraciones por personal del juzgado que desde el ingreso del mismo, la jueza giro instrucciones de que se alterara el orden aleatorio de recepción de demandas y se asignara de manera directa a la primera secretaria, integrándose el expediente en la oficina de la servidora pública en mención, dos días después de presentada la demanda inicial, sin haber sido llamado a juicio una persona física que dijo tener la calidad de demandado en dicho juicio se presentó de manera voluntaria ante el personal del Juzgado y reconoció el adeudo y se allano a las pretensiones que se le demandaron, entregando como pago un Bien Inmueble (terreno), ubicado en el municipio de Acapulco, Guerrero, por una cantidad inferior al monto total del adeudo demandado, realizando ante la presencia de la Juzgadora un convenio entre las partes, mismo que fue elevado a rango de sentencia en esa misma fecha y ordenando la adjudicación de dicho inmueble a la parte actora de manera inmediata, ordenándose que se giraran los exhortos a la autoridad de Guerreo para su tramitación, e inscripción de dicho terreno en favor de la parte actora, tramitando y concluyendo el juicio en dos días hábiles”.
Agrega el comunicado que, ante todas estas irregularidades las áreas jurídicas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, “y ante la posible comisión de hechos posiblemente constitutivos de los delitos cometidos por servidores públicos, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos”.
Y con esa extrema rapidez que le caracteriza a la Fiscalía Anticorrupción en determinados asuntos, solicitaron la orden de aprehensión en contra de la ex jueza y la ejecutaron cuando ella circulaba en su vehículo sobre Paseo Cuauhnáhuac a la altura de Las Torres de Civac.
Dos cateos a sus domicilios de Sarahí el mismo miércoles que fue detenida, dio como resultado que en uno de ellos encontraran el buscado expediente ya referido. Al otro día se llevó a cabo la audiencia de control, y la también jueza Yuneli Pichardo declaró como legal su detención y la consideró demasiado peligrosa para que pudiera llevar su proceso en libertad.
El comunicado del TSJ está muy detallado sobre lo que encontró en los cateos la Policía adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, demasiado diríamos. En nuestra opinión salen sobrando dos frases:
“…diversos documentos que están siendo analizados pericialmente y que podrían revelar la participación de otros servidores públicos en estos y otros hechos delictivos”.
“…se lograron asegurar para su análisis pericial diversos dispositivos electrónicos e informáticos, material fotográfico y documentos que están siendo procesados, se informó podrían tratarse de documentos anónimos dirigidos a diversas autoridades”.
Eso es lo que nosotros los periodistas denominamos “la jiribilla”, y que son frases que ocupamos cuando queremos “meter un calambre” a alguien. Eso se acostumbra en los medios, pero nunca habíamos visto que una institución hiciera uso de tal recurso.
Se nos acabó el espacio y ya no alcanzamos a analizar el otro caso, para dar un ejemplo de cuando la ley no es pareja.
Baste mencionar que este viernes 29 de noviembre, el juez Luis Guillermo Ortega Castillo resolvió la ampliación del plazo para la investigación complementaria en el caso de Ulises Bravo, y se ratificaron las medidas cautelares previamente impuestas, rechazando la solicitud de nuevas restricciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Así, el ex dirigente del partido Morena en Morelos, salió muy sonriente de la ciudad judicial de Atlacholoaya, acompañado de su abogada Naybí Ríos Sandoval.
HASTA MAÑANA.