De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las instituciones jurídicas que son reconocidas por la Ley tiene perfectamente definida y delimitada su función: el policía investiga y detiene; el fiscal determina el ejercicio de la acción penal y el juez resuelve de acuerdo a las pruebas que le presentan. La defensa, ya sea particular o de oficio, hace todo lo posible por obtener la libertad de su representado.
En este sentido, existen dos corrientes sobre la relación que debe haber entre los funcionarios antes mencionados: una que considera que los tres primeros deben “ponerse de acuerdo” para conseguir el fin último que es la protección de la sociedad o el bien común. Y otra que considera que el juez debe resolver sin influencia alguna, ateniéndose exclusivamente a lo que contiene el expediente. A eso se debe que los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de enjuiciamiento (artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Sobre esto último, un férreo defensor de esa corriente fue el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, quien nunca quiso autorizar los “conversatorios” entre agentes del Ministerio Público y jueces para analizar algunos criterios jurídicos que estaban permitiendo la famosa “puerta giratoria” en 2008, cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal.
Estos conversatorios entre jueces y fiscales se iban a poner en práctica nuevamente cuando dos abogados más o menos contemporáneos, Uriel Carmona y Jorge Gamboa Olea, llegaron a la Fiscalía General del Estado y Tribunal Superior de Justicia, respectivamente, pero después se pelearon y ya nunca hubo colaboración entre sus instituciones; al contrario, se pasaron todo el tiempo echándose la culpa sobre la liberación de presuntos delincuentes.
Durante el Gobierno de Graco Ramírez, su comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, lo convenció de que hicieran una especie de “triada” para bajar los índices delincuenciales. Así fue como quitaron a Rodrigo Dorantes y pusieron a Javier Pérez Durón en la Fiscalía, y pretendían poner a Jorge Gamboa Olea (que había trabajado en la Procuraduría de Justicia) como presidente del Tribunal Superior de Justicia. De esta manera tendrían a la Policía Preventiva, Policía Ministerial, Ministerios Públicos y Jueces en una misma sincronía, para darle la batalla a los malhechores.
Ese proyecto no se pudo materializar durante el gobierno de Graco Ramírez porque Jorge Gamboa no logró el número suficiente de votos al interior del Pleno del TSJ, ganándole primero Nadia Luz Lara Chávez y después Carmen Cuevas López.
Aunque el presidente del TSJ se llevaba muy bien con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, nunca hubo una buena relación con su comisionado Antonio Ortíz Guarneros y mucho menos con el fiscal Uriel Carmona.
Sin embargo, desde que se conocieron en la casa de Gobierno en la reunión que sostuvo la gobernadora Margarita González Saravia con los magistrados del TSJ, Gamboa y Miguel Ángel Urrutia “hicieron click” y no han dejado de tener comunicación.
Ayer, un comunicado del TSJ da cuenta de la firma de un “Convenio Específico de Coordinación y Colaboración” que -desde nuestro punto de vista- es controversial.
“A través de este convenio, juezas y jueces del TSJ contribuirán con su experiencia en la capacitación de policías, aspirantes a policías de proximidad social y custodios de los Centros de Reinserción Social, reforzando así sus conocimientos en materia jurídica y de procedimientos legales”, dice el comunicado.
“El titular de la SSPC Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, destacó la relevancia de esta colaboración, subrayando que, respetando la autonomía del Poder Judicial, la labor de magistrados, jueces y juezas es fundamental para el fortalecimiento de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública”, agrega.
“Por su parte, el magistrado presidente del TSJ señaló que esta iniciativa no solo permitirá compartir conocimientos, sino también generar empatía con las y los policías, quienes enfrentan múltiples desafíos durante las detenciones.
“Es fundamental comprender las dificultades que implica cumplir con un protocolo o integrar un Informe Policial Homologado (IPH). No se trata de apartarnos de la legalidad, sino de ser más sensibles y empáticos con la labor de la policía y su constante capacitación”, dijo textualmente.
Como ya es una costumbre en sus eventos, el magistrado presidente no estuvo acompañado de todos los magistrados, sino únicamente por María del Carmen Aquino Celis, directora de la Escuela Judicial y Sandra Gabriela Infante Herrera, directora Adscrita a la Escuela Judicial y el Contralmirante retirado Domingo Gómez Morgado, director general de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad.
En términos coloquiales, ahora los jueces le van a decir a los policías cómo hacerle para que los delincuentes no sean dejados en libertad por tecnicismos jurídicos.
Y, tomando en cuenta que ya no está Uriel Carmona en la Fiscalía General, sino Edgar Maldonado Cevallos, sólo es cuestión de tiempo para que se incorporen a estas capacitaciones también los policías ministeriales, hoy llamados agentes de Investigación Criminal, pues a ellos también les hace falta mucha capacitación en cuestión de cateos y cumplimiento de órdenes de aprehensión.
No conocemos con exactitud el contenido del convenio, pero en ninguna ley hemos visto que diga que una función de los jueces es capacitar policías y ser “empáticos” con ellos.
Y esperamos que esta nueva relación entre jueces y policías no vaya a resultar contrario a lo que establecen los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y que a la letra dice:
“Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
HASTA MAÑANA.