Perla Pedroza
La historia del feminismo está tejida con resistencia, marcada por el grito inquebrantable de las mujeres que, a lo largo de los siglos, han desafiado la exclusión, la invisibilización y la violencia sistemática que ha sido su sombra desde el primer momento en que exigieron sus derechos. Desde 1789, cuando la Revolución Francesa proclamó los derechos humanos… pero solo para los hombres. Ese fue el primer eco de una lucha que aún perdura.
Fue Olympe de Gouges quien, al ver la ausencia de las mujeres en este mundo de libertad e igualdad, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Su mensaje, feroz, resonó en el aire: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo?”. Pero su valentía tuvo un costo terrible: fue guillotinada, tachada de traidora solo por exigir lo que le pertenecía: la igualdad política y civil para las mujeres.
Este acto no fue un hecho aislado, sino solo uno más en una larga serie de batallas que las mujeres han librado contra el olvido, la discriminación y la brutalidad del poder. En México, la lucha por la inclusión política de las mujeres fue igualmente ardua. A pesar de que las primeras voces feministas se levantaron en 1824, la plena ciudadanía de las mujeres aún parecía un sueño lejano, uno que solo se alcanzaría después de décadas de esfuerzo y sacrificio.
Fue en 1917, durante la Revolución Mexicana, cuando figuras como Hermila Galindo y Amalia Castillo Ledón pidieron que la Constitución Política de México reconociera a las mujeres como sujetos de derechos políticos. Pero el patriarcado mexicano respondió con indiferencia y negación. Aún así, la lucha nunca se detuvo. Más de 30 años después, en 1953, tras décadas de protestas y marchas, las mujeres mexicanas finalmente lograron el derecho al voto en las elecciones federales. Una victoria significativa, pero que solo marcaba el inicio de una larga batalla por una representación verdadera y por un acceso real al poder.
Aunque el voto fue un avance, la violencia hacia las mujeres y la falta de representación política seguían siendo constantes. El 25 de marzo de 1911, en Nueva York, un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist cobró la vida de 146 mujeres, muchas de ellas inmigrantes. Este desastre, como tantos otros, se convirtió en un símbolo no solo de la lucha por los derechos políticos de las mujeres, sino también por una vida digna. Su grito de justicia recorrió el mundo, un eco que resonó en cada rincón del movimiento feminista.
En México, el Día Internacional de la Mujer se comenzó a conmemorar oficialmente en 1961. Pero no fue sino hasta 1970 que la ONU adoptó el 8 de marzo como un día global para reconocer la lucha de las mujeres. A pesar de este avance, las marchas de mujeres en Morelos, que surgieron en 2008 a raíz de la violencia brutal contra las mujeres, exigían justicia por cada vida robada. Cada 8 de marzo, feministas en Morelos salían a las calles, visibilizando no solo los feminicidios, sino también la impunidad que envolvía a los crímenes de género.
El feminismo en México avanzó legislativamente, pero las estructuras del poder continuaban resistiéndose al cambio. En 2014, México aprobó una reforma constitucional que estableció la paridad de género como un principio obligatorio para los partidos políticos, exigiendo que las candidaturas se distribuyeran equitativamente entre hombres y mujeres. Pero, como siempre, los partidos políticos se opusieron, buscando eludirla. En Morelos, la lucha alcanzó su clímax en 2015, cuando el OPLE impuso un criterio para las elecciones que garantizaba un 50% de mujeres en las candidaturas. Pero los partidos impugnaron esta medida, y las feministas respondieron presentando un Amicus Curiae ante el Tribunal Electoral, que finalmente falló a favor de la paridad en el Congreso. Aunque este fallo fue importante, también dejó claro que el camino hacia la paridad real seguía lleno de obstáculos invisibles.
En el proceso electoral 2017-2018, las reformas continuaron. El Impepac obligó a los partidos a registrar candidaturas equitativas, para evitar que las mujeres fueran ubicadas en distritos o municipios con niveles de votación bajos. Pero la paridad, aunque alcanzada en números, seguía sin garantizar una representación real. En 2019, la Constitución fue reformada nuevamente, exigiendo que las mujeres ocuparan el 50% de los cargos de elección popular en todos los niveles, pero aún quedaba por enfrentar el machismo arraigado dentro de los partidos políticos y las instituciones.
El caso de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, fue uno de los más estremecedores. En enero de 2016, apenas un día después de asumir su cargo, Gisela fue asesinada, víctima de la violencia política que afecta a tantas mujeres que se atreven a incursionar en la política. En octubre de 2022, Gabriela Marín, diputada, corrió la misma suerte. Estos feminicidios políticos son la cruel realidad a la que muchas mujeres se enfrentan al acceder a cargos públicos.
La respuesta feminista no se hizo esperar. Las mujeres, a través de iniciativas como la Ley 3 de 3 contra la violencia, aprobada en 2023, exigieron que los agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género no pudieran ocupar cargos públicos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿pueden estas reformas verdaderamente transformar las estructuras patriarcales que dominan la política en México? A pesar de los avances legislativos, el machismo sigue siendo un obstáculo constante.
En Morelos, la lucha por la paridad continuó con resistencia. A pesar de que las activistas feministas presentaron un juicio ciudadano contra la omisión de un reglamento de violencia política, el Tribunal Electoral de Morelos negó la necesidad de esta medida, descalificando las preocupaciones como “exageradas”. Esta omisión dejó a las mujeres vulnerables, sin herramientas claras para denunciar y preservar pruebas de las agresiones sufridas. Las denuncias fueron a menudo desestimadas, convirtiendo la justicia en una promesa rota.
En lo que va del 2025, se han presentado los siguientes actos de violencia política contra las mujeres:
El 4 de enero de 2025, Graciela Cárdenas, síndica del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a tres días de protestar su cargo, sufrió un ataque a balazos contra su vivienda, una muestra brutal de la violencia dirigida contra las mujeres que ejercen funciones públicas.
El 6 de enero de 2025, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Cecilia Verónica López, también fue víctima de un ataque armado en la fachada de su domicilio. En paralelo, la magistrada Martha Sánchez denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes en su teléfono celular.
El 7 de enero de 2025, Tania Jiménez Ortega, regidora del Ayuntamiento de Cuautla, denunció que recibió amenazas que pretendían obligarla a abandonar el estado, impidiéndole tomar protesta en su cargo. “Estoy de pie y de frente para ya no callar lo que nos pasa a muchas familias”, declaró, dejando al descubierto el abandono institucional que enfrentan quienes se atreven a alzar la voz.
En Huitzilac, el 13 de enero de 2025, un ataque armado durante una reunión comunal cobró la vida de cinco personas, incluida Clara Mariela Cortés Cueto, una participante activa en la elección de representantes de bienes comunales.
El 25 de enero, hombres armados dispararon en al menos 11 ocasiones contra la vivienda de Nayeli Guadalupe Mares Medina, presidenta municipal de Ayala.
Pese a los intentos de homicidios, a las morelenses se les sigue señalando de exageradas, y las autoridades electorales de Morelos no actúan de manera oficiosa, aunque nos estén matando. En suma, hasta el 24 de febrero se han registrado 15 feminicidios en Morelos. En Morelos, la lucha por el acceso equitativo a los cargos municipales es otra batalla. Se solicitó que 16 municipios estuvieran gobernados exclusivamente por mujeres, pero la solicitud fue rechazada. A pesar de que las magistradas del Tribunal Electoral de Morelos coincidieron con la solicitud, decidieron que las mujeres no estaban “preparadas” para asumir tales responsabilidades, y ordenaron que la medida se aplicara solo hasta el proceso electoral de 2027, reafirmando un patriarcado que aún subestima las capacidades femeninas.
El 24 de enero de 2025, el Impepac vinculó a los 36 municipios de Morelos para reservar el 50% de las autoridades auxiliares para mujeres. Pero en algunos lugares, como en Cuautla, esta medida fue rechazada, argumentando que va en contra de los “usos y costumbres”. Aún hoy, las mujeres indígenas siguen siendo despojadas de su derecho a participar en la vida política de sus comunidades.
Es claro que pueden pasar siglos, reformas, acuerdos y sanciones, pero si el Estado sigue simulando que reconoce los derechos de las mujeres sin realmente hacerlo, se seguirá perpetuando el sistema patriarcal que nos oprime. A 234 años de que Olympe de Gouges levantara su voz contra la injusticia, hoy, aunque ya no nos guillotinan como a ella, seguimos siendo objeto de violencia, amenazas y balazos. El machismo sigue tan vivo como siempre, pero nosotras, cada 8 de marzo, y cada día de nuestras vidas, seguimos de pie, luchando por la dignidad y el 50% del mundo que nos pertenece.