En septiembre de 2023 el Consejo de la Judicatura de la Federación difundió un comunicado para informar que el Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Morelos había emitido una resolución en favor de una mujer que se encuentra privada de su libertad para que las autoridades carcelarias le brinden de manera periódica atención ginecológica y pediátrica a su hijo que vive con ella en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil”, con sede en Coatlán del Río, Morelos.
Por unanimidad de votos, las magistradas y el magistrado ordenaron a la autoridad penitenciaria, para que, en coordinación con autoridades del sector salud, establezca ante la Jueza de Distrito de Ejecución, la forma y términos en que cumplirán los programas de atención médica de ginecología y pediatría.
En la sentencia de la apelación 49/2023, las magistradas y el magistrado advierten que, pese a su condición de internas, las mujeres que se encuentran ahí recluidas tienen derecho a la salud, como ocurre con quienes están libres, incluida la atención médica ginecológica, como lo establecen las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes, conocidas como Reglas Bangkok.
Respecto a la protección de los infantes, precisaron que la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos garantizan el interés superior del menor y, en conjunto, buscan garantizar el respeto y la protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.
“Esta sentencia tiene efectos generales para todas las internas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil”, con sede en Coatlán del Río, Morelos”, termina diciendo la nota informativa marcada con el numeral DGCSV/NI: 23/2023.
La curiosidad periodística nos llevó a buscar el expediente original, mismo que encontramos en versión pública. Ahí nos enteramos que todo inició con un amparo que promovió una mujer privada de su libertad en contra de las autoridades carcelarias, debido a que a su menor hijo no le proporcionaban atención médica pediátrica. Tampoco productos de limpieza, ni un colchón para su hijo. Mientras que para ella, alegó la falta de atención especializada de ginecología de forma permanente.
El proyecto de resolución correspondió al entonces magistrado Luis Vega Ramírez, quien analizó la apelación en lo que establece la Constitución federal, leyes nacionales e internacionales, sobre todo en lo que se refiere a la protección de los derechos de las internas (aunque haya gente que considera que por haber cometido un delito no merecen ninguna atención).
La sentencia sustentó parte de su argumentación en las Reglas Bangkok, las cuales precisan que todas las mujeres en reclusión tienen derecho a que se les brinde atención médica y tratamiento equivalente a los estándares comunitarios, en relación con sus necesidades específicas de género, y que tendrán acceso permanente a los servicios de ginecología.
El Tribunal de Alzada consideró que, al margen que en el procedimiento de origen se trata de una controversia particular promovida por una persona privada de la libertad del sexo femenino y su
menor de edad, debe concluirse que son fundados los agravios esgrimidos, con relación a que la jueza de origen debió otorgar efectos generales en cuanto a la atención de ginecología para todas las internas del referido centro carcelario, y también a sus hijos e hijas menores de edad el servicio de pediatría que así lo requieran, para que de esa forma se pueda asegurar el derecho
humano a la salud, específicamente la atención médica.
Al resolver la apelación por unanimidad, el Tribunal Colegiado de Apelación determinó modificar la resolución dictada en la audiencia oral del 28 de febrero de 2023, otorgando efectos generales en favor de toda la población penitenciaria y los hijos de las internas, lo que implicaba ordenar al Poder Ejecutivo hacer los gastos correspondientes.
Aunque no se le quita el mérito al magistrado que firmó el proyecto de resolución, lo justo es reconocerse a las magistradas que apoyaron la propuesta, y también a los secretarios de acuerdos que se encargaron de sustentar jurídicamente dicha resolución. Según el expediente (que es un documento público con los datos personales debidamente testados) las magistradas firmantes son Silvia Carrasco Corona y Rosa Montaño Martínez.
Pero quienes “se fletaron” leyendo y analizando tratados internacionales sobre Derechos Humanos y checando criterios jurisprudenciales, quizás hasta altas horas de la noche, son los secretarios encargados del engrose: Baltazar Ramírez Bernal, María Guadalupe García Radilla y Ángel Darién Zapata Marín, los tres con una larga trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación.
Este último viene en la lista de candidatos a magistrados federales que serán votados el próximo uno de junio en todo el país. Qué injusto sería que Ángel Zapata (en el apellido lleva la fama) no llegue a una magistratura después de años de trabajar en el Poder Judicial Federal porque el gobierno morenista -comenzando por su presidenta- esté llamando a no votar por lo que ellos llaman “la banda de Norma Piña”.
Y qué peligroso sería que, por esta partidización del proceso electoral, lleguen a los tribunales federales personas carentes de los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para resolver casos como el que aquí mencionamos.
Ojalá que los votantes reflexionen en que no es cualquier cosa la aplicación de la ley (que no siempre significa hacer justicia), y que quienes tienen más experiencia en sustentar jurídicamente una resolución son quienes actualmente ocupan cargos secundarios en los tribunales federales, y que son hombres y mujeres que descuidan a sus familias por cumplir con el trabajo.
No quiero pensar qué pasará con Baltazar Ramírez y Guadalupe García Radilla si en agosto próximo llega un magistrado que a duras penas pasó su examen de licenciatura con ocho, que nunca ha redactado una resolución, pero que fue el más popular porque hizo un video que se viralizó en “Tik-Tok”.
HASTA MAÑANA.