Ayer, la Fiscalía Anticorrupción Morelos anunció que obtuvo la sexta vinculación a proceso de seis exservidores públicos de la administración estatal 2012–2018, por su probable responsabilidad en la distracción de 81 millones 450 mil 320 pesos de recursos públicos. Sí, tuvieron que pasar siete años para que una autoridad judicial juzgara a un grupo de funcionarios, y seguramente pasaran otros siete para demostrar plenamente su culpabilidad.
Los servidores públicos pueden tardarse el tiempo que quieran, pues ellos están gozando de las ventajas de una legislación penal que no contempla el delito de peculado como grave, así que su única molestia es venir a firmar cada semana. Ese será su único castigo.
Y es que, el propio sistema gubernamental está diseñado para que no se castigue a los responsables de malversar recursos financieros del estado, y mucho menos se reintegre al erario.
Los diputados que hacen las leyes saben perfectamente que reformar el código penal para que el delito de Peculado sea considerado grave y amerite prisión preventiva de oficio, sería tanto como “escupir para arriba”, pues muchos de ellos vienen de ser presidentes municipales o funcionarios de la administración estatal, y así como es de lenta la procuración e impartición de justicia, podría resultar que terminando su trienio como legisladores, apenas se estaría judicializando su carpeta de investigación por Peculado.
Por eso inventan nuevos delitos o cambian la penalidad de los que ya existen, pero el artículo 279 del Código Penal para el estado de Morelos permanece intacto, con su penalidad de tres a catorce años de prisión dependiendo del monto de lo desviado.
Incluso, hasta antes del 2019, también se contemplaba como sanción la destitución del cargo e inhabilitación para ocupar puestos los siguientes dos años, pero ya se derogó esa disposición.
Volviendo al tema de los funcionarios del sexenio de Graco Ramírez, la Fiscalía que encabeza Juan Salazar Núñez, informó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, dichos recursos estaban destinados al otorgamiento de becas para hijos de trabajadores del Poder Ejecutivo, así como al pago de estímulos por prima de antigüedad, entre otros rubros.
No obstante, presuntamente los exfuncionarios autorizaron de manera indebida el pago de supuestos materiales de papelería a favor de la empresa Serveis Akram S.A. de C.V., sin que existan evidencias de que dichos insumos hayan sido entregados al almacén general, ni documentación que acredite su existencia.
Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el pasado viernes 11 de abril de 2025, la Fiscalía Anticorrupción formuló imputación en contra del exsecretario de Hacienda, el extesorero, el exsubsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, y tres personas más , que en distintos momentos fungieron tuvieron el nombramiento de director general de Presupuesto y Gasto Público, pero sus nombres completos no fueron dados a conocer “para no violar su derecho a la presunción de inocencia”.
Según las investigaciones, en distintas fechas, el exsecretario de Hacienda emitió 229 solicitudes de pago a favor de la citada empresa. Armando “N” y Carlos “N”, quienes en distintos momentos fueron tesoreros, tenían pleno conocimiento de las operaciones y omitieron garantizar el cumplimiento de los procedimientos normativos, permitiendo así la distracción del recurso.
Por su parte, Gerardo “N” y Salvador “N” incurrieron en omisiones al no supervisar adecuadamente el cumplimiento de la normativa vigente, cumpliendo órdenes de pago al Tesorero General sin los controles necesarios.
Tras la presentación de datos de pruebas contundentes por parte de esta Fiscalía Anticorrupción, el Juez de Control resolvió vincular a proceso por el delito de Peculado Agravado al exsecretario Jorge “N”, así como a los extesoreros Armando “N” y Carlos “N”. Este último igualmente fue vinculado por Ejercicio Indebido del Servicio Público, delito por el que también fueron vinculados Gerardo “N” y Salvador “N”.
Como medida cautelar, el Juez impuso a los seis imputados la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), pero de ahí en fuera podrán continuar con su vida normal, incluso desempeñar cargos públicos pues ninguno ha sido inhabilitado.
En el caso del ex secretario de Hacienda, este asunto no le impide para nada seguir cobrando el 100 por ciento de su pensión jubilatoria que le otorgó la Legislatura pasada, es decir, que sigue cobrando lo mismo que la secretaria de Hacienda en funciones.
Ahora bien, ¿dónde quedaron esos 81 millones de pesos? ¿Quién es el verdadero dueño de la empresa Serveis Akram S.A. de C.V.? Nunca lo sabremos porque a la autoridad sólo le importa acreditar el desvío de los recursos y judicializar el asunto para justificar su trabajo.
En resumen, la corrupción es parte de un círculo vicioso diseñado por el propio gobierno para desviar recursos, y hacer cómo que se persigue esa conducta, pero con tanta lentitud que ya cuando se llega al final del proceso, ya nadie se acuerda del motivo por el que lo están juzgando.
LO VOLVIÓ A HACER EL ALCALDE DE XOXOCOTLA.-
A pesar de que ya se lo había solicitado el gobierno del estado a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que no lo hiciera, el alcalde del municipio indígena de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano, insiste en poner operativos de Alcoholímetro exactamente los días y horas que juega el equipo de futbol Atlante en el estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec.
Hace 15 días lo hizo y el sábado pasado otra vez. Exactamente a las 7 de la noche, que es la hora en que salen los aficionados al futbol del estadio de Zacatepec, el presidente municipal indígena pone sus patrullas cerca del entronque a la autopista y reduce la circulación a un carril, lo que provoca un congestionamiento de más de un kilómetro.
Y además de que son pocos los vehículos que se quedan detenidos (la mayoría cambian de chofer cuando notan las torretas de Policía), este operativo causa molestia entre los conductores que tienen que esperar casi una hora para poder pasar.
Recordemos que la gobernadora Margarita González Saravia anunció que el equipo Atlante jugará en Zacatepec toda esta temporada como parte de un convenio que ella propició, con la finalidad de que las familias morelenses tengan futbol profesional en el histórico estadio, y también que haya derrama económica por los cientos de aficionados del Atlante que vienen de la Ciudad de México.
Pero con personas como José Carlos Jiménez Ponciano las buenas intenciones de la gobernadora se vienen abajo. Ahora sí que, “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace alcalde”.
HASTA MAÑANA.