Bajo la premisa de que 12 cabezas piensan más que una, y luego de la calificación de 7. 4 heredada por el anterior gobierno en cuanto a cárceles se refiere, ayer quedó instalada la Comisión para el mejoramiento del Sistema Penitenciario en el Estado de Morelos que encabezará la propia gobernadora Margarita González Saravia y 11 funcionarios más que buscarán dignificar y optimizar las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad y adolescentes en reclusión.
El acuerdo mediante el cual entra en funciones el mencionado órgano colegiado se publicó el miércoles en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y ayer se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Protesta de sus integrantes:
Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno, quien fungirá como vicepresidente; Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación; Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Edgar Antonio Maldonado Ceballos, fiscal general del estado; Nadxieelii Carranco Lechuga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).
Asimismo, el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, Armando Hernández del Fabbro, quien estará a cargo de la Secretaría Técnica; Eduardo Javier Romero Espinoza, coordinador del Sistema Penitenciario de la SSPC; Everest Alejandra López Romero, directora general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos (IDEFEM), María Eugenia Boyás Ramos, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); y Xóchitl Minerva Torres Espinoza, directora general de Ejecución de Medidas para Adolescentes, CEMPLA Morelos.
En la exposición de motivos del acuerdo publicado en el mencionado órgano de difusión oficial, se establece que la presente Administración Pública Estatal considera importante generar estrategias de manera coordinada entre las instituciones encargadas de garantizar tanto estos derechos como el de reinserción en la sociedad, con la finalidad de otorgar las condiciones que prevé la carta magna y mitigar la reincidencia, a través de la implementación de programas que favorezcan la reinserción social efectiva, la seguridad y la atención de aquellos aspectos que afectan significativamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de los adolescentes en internamiento en los centros penitenciarios.
“Al efecto, se destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos expidió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 (…) el estado de Morelos obtuvo la calificación de 7.40 de 10 a nivel nacional entre las demás entidades federativas, por lo cual la presente Administración Pública Estatal, observa áreas de oportunidad para la dignificación humana y el mejoramiento de las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad para lograr así la reinserción efectiva en la sociedad, utilizando como medio la educación, la salud, deporte, el trabajo y el respeto a los Derecho Humanos”.
Por tales consideraciones, se considera necesario crear un órgano de supervisión y vigilancia, denominado Comisión para el mejoramiento del Sistema Penitenciario en el Estado de Morelos, misma que tendrá como atribuciones diseñar, aprobar e implementar acciones de monitoreo y evaluación permanente, sometiéndolas a la consideración correspondiente.
Por este motivo, solicitó a las y los integrantes del nuevo órgano elaborar un plan que considere a hombres, mujeres y jóvenes, e incluya acciones de reinserción social, salud, educación, cultura, deporte, alimentación y trabajo. También instruyó supervisar las condiciones de vida dentro de los centros, así como revisar juicios, sentencias y programas de preliberación.
El secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, destacó que —a diferencia de administraciones anteriores—, en el presente gobierno se han obtenido resultados significativos en el combate a la delincuencia, lo que ha generado un aumento en la población penitenciaria. Esto, dijo, motivó a la jefa del Ejecutivo a dar el siguiente paso: atender el destino de quienes son detenidos, consignados y privados de la libertad, procurando siempre la dignidad y los derechos humanos.
Esto seguramente generará opiniones encontradas, pues mientras que una parte de la sociedad está a favor de que las personas que han cometido un delito les proporcionen una buena alimentación, y la posibilidad de hacer deporte o estudiar mientras están en cautiverio, otra parte considera que los delincuentes no tienen derecho a nada y deben ser sometidos a trabajos forzados ya que están pagando una condena por haber infringido la ley en agravio de las víctimas. Estos últimos son los que piensan como el presidente Bukele, de El Salvador.
HASTA EL LUNES.