Representantes legales de la empresa Integradora de Sistemas en Seguridad S. de R.L. de C.V. Hebron fijaron postura sobre su participación en la vigilancia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y rechazaron cualquier relación política con actores públicos, luego de diversas versiones que han circulado en torno a la compañía.
Los representantes jurídicos de la firma, el doctor en Derecho Cipriano Sotelo Salgado y Martín Reyes Urióstegui, explicaron el origen del contrato con la máxima casa de estudios morelense, así como los alcances operativos del servicio de seguridad privada que actualmente presta en los campus universitarios.
De acuerdo con lo expuesto, la empresa participó en el proceso de licitación pública convocado por la UAEM durante 2025 para la contratación del servicio de seguridad. En dicho procedimiento concursaron diversas compañías y, tras cumplir con los requisitos establecidos en las bases —entre ellos la acreditación legal, la ausencia de sanciones administrativas y la presentación de propuestas técnicas y económicas—, Hebron resultó adjudicada.
El contrato fue suscrito por un periodo anual que inició el 14 de mayo de 2025 y concluirá el 14 de marzo de 2026. Actualmente el servicio se encuentra en la etapa final del plazo establecido, mientras la empresa analiza la posibilidad de participar en futuros procesos de licitación.
Sotelo Salgado explicó que el servicio contratado se limita exclusivamente a la seguridad intramuros, es decir, a las labores de vigilancia al interior de los campus universitarios. En consecuencia, cualquier incidente ocurrido fuera de esos espacios no forma parte de las responsabilidades establecidas en el contrato.
En ese contexto, el representante legal expresó, a nombre de la empresa, su pesar por los hechos en los que las estudiantes Kimberly Jocelin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez perdieron la vida víctimas de feminicidio, sucesos que, señaló, han generado profunda consternación dentro de la comunidad universitaria.
“Toda pérdida humana en estas condiciones resulta dolorosa y lamentable; condenamos los hechos que han afectado profundamente a la comunidad universitaria”, manifestó.
Sobre versiones que han intentado vincular a la empresa con el senador Víctor Aurelio Mercado Salgado, los representantes legales señalaron que el legislador no tiene participación alguna en la compañía, ni en su estructura administrativa ni en su operación empresarial.
Indicaron que Hebron surgió como un proyecto familiar integrado por miembros de las familias Reyes y Urióstegui, quienes han desarrollado actividades en el ámbito de la seguridad privada durante la última década. Asimismo, precisaron que el senador no figura en el acta constitutiva ni mantiene relación financiera o administrativa con la empresa.
Los representantes legales consideraron necesario hacer esta aclaración para evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la reputación de la compañía.
En relación con las labores que desempeña dentro de la universidad, la empresa detalló que sus funciones consisten en mantener presencia y vigilancia en los campus, atender incidentes cuando se solicita apoyo y actuar conforme a los protocolos establecidos por la institución.
La vigilancia en zonas externas a los campus y la prevención del delito en áreas aledañas corresponden, puntualizaron, a otras instancias, entre ellas la seguridad propia de la universidad y las corporaciones municipales o estatales.
Sotelo Salgado añadió que la autonomía universitaria establece límites en las acciones que pueden realizar los elementos de seguridad privada, particularmente en materia de revisiones o controles de acceso más estrictos para estudiantes y visitantes. Por ello, el personal de la empresa actúa conforme a los términos del contrato y con respeto a los derechos de la comunidad universitaria.
Actualmente la compañía cuenta con aproximadamente 119 elementos de seguridad por turno, distribuidos en los distintos campus de la UAEM de acuerdo con las necesidades operativas de cada sede.
Finalmente, la empresa reiteró que su participación en contratos institucionales se realiza mediante procesos de licitación pública y bajo los mecanismos de transparencia establecidos en la legislación vigente en materia de responsabilidades administrativas. Según sus representantes, el objetivo es ofrecer servicios profesionales que contribuyan a la seguridad institucional y al bienestar de las comunidades donde opera.