En las grandes instituciones públicas, la corrupción no siempre deja huellas en un soborno grabado en video o en un contrato amañado. En ocasiones se manifiesta de una forma mucho más silenciosa: a través de la omisión. Un expediente que nadie contesta, una demanda que se deja vencer, un juicio abandonado o una supervisión inexistente pueden provocar pérdidas millonarias para el Estado y, por consecuencia, para los ciudadanos que sostienen con sus impuestos el funcionamiento de las empresas públicas.
Eso es precisamente lo que denuncia un documento que circula al interior de la División Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Alfredo Ruiz Manjarrez. En él se describen presuntas irregularidades atribuidas al Área Jurídica, bajo la responsabilidad de Gerardo García García, donde la falta de atención de diversos asuntos legales hace surgir cuestionamientos sobre la actuación de los servidores públicos encargados de defender el patrimonio de la empresa.
La denuncia sostiene que fueron detectados nueve expedientes relacionados con adeudos por consumo de energía eléctrica que habrían sido desatendidos por los representantes legales de la CFE en una sola zona de distribución. La consecuencia, según el documento, fue la generación de pérdidas económicas millonarias para la Empresa Pública del Estado, precisamente en un momento en que la institución enfrenta una intensa presión por disminuir las pérdidas de energía y fortalecer sus finanzas.
Los señalamientos alcanzan directamente a Gerardo García García, Giovany Cuamtzi Cuamatzi y Víctor Hugo Pérez Ávila. De acuerdo con la denuncia, hasta el momento no existe información sobre procedimientos administrativos o sanciones iniciadas en su contra, pese a que, presuntamente, la falta de supervisión y atención de estos asuntos permitió que los procesos judiciales avanzaran en perjuicio de la empresa. La ausencia de consecuencias administrativas alimenta las sospechas de posibles actos de corrupción, abuso de funciones o, cuando menos, de una preocupante complicidad derivada de la inacción institucional. ¿Cuánto cuesta desatender un juicio hasta perderlo?
El documento también plantea una interrogante inquietante: si en una sola zona fueron localizados nueve expedientes con estas características, ¿qué podría encontrarse si una auditoría exhaustiva revisara el desempeño jurídico en el resto de las zonas de distribución? Esa es la razón por la que se solicita la intervención de la Auditoría Interna para verificar el manejo de estos asuntos y evitar que continúen produciéndose afectaciones económicas al patrimonio público.
Los expedientes mencionados corresponden a juicios mercantiles relacionados con adeudos por consumo de energía eléctrica, conocidos comúnmente como «ajustes a la facturación». La denuncia identifica los expedientes 340/2024, 241/2024, 424/2024, 471/2024, 1566/2024, 1662/2023, 1668/2024, 1746/2024 y 1751/2024, radicados en diversos Juzgados de Distrito especializados en Juicios Orales Mercantiles con sede en la Ciudad de México, los cuales, según el documento, pueden ser plenamente verificables y auditables.
La situación no terminaría ahí. La denuncia agrega un caso en materia laboral que también habría ocasionado pérdidas económicas. Se trata del expediente 579/2023, correspondiente a un conflicto individual de seguridad social, en el que, según el documento, los apoderados responsables no contestaron la demanda ni ofrecieron pruebas. Estos hechos fueron del conocimiento de Noé Cisneros Balam y Rosalina Buendía Díaz, quienes presuntamente no promovieron acción alguna frente a las irregularidades detectadas.
Lo anterior ha sido documentado en las oficinas del área jurídica de la División Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, pero es algo que ha ocurrido con frecuencia a lo largo de los años y en todo el país.
Por ejemplo, el 15 de noviembre del 2012, una nota del corresponsal Justino Miranda publicada en El Universal, refiere que la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, pagó más de 300 millones de pesos en tres años por litigios ante particulares dueños de predios por donde se instalaría infraestructura de la dependencia (torres de alta tensión). El entonces jefe del departamento jurídico fue cesado.
A nivel local, La Unión de Morelos publicó en febrero del 2012 que la Secretaría de la Función Pública investigaba una denuncia anónima en la que señalaban que el entonces abogado general de la CFE, José Prado Carranza, había incurrido en diversos delitos en el ejercicio de sus funciones.
Entre las irregularidades señalaban el pago de 100 millones de pesos, por jueces de primera instancia, asuntos llevados por rebeldía, o no defender bien el asunto.
Los quejosos explicaron que la ley establece que los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal De Electricidad se regirán por las leyes federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la federación, disposición que no fue defendida por los abogados de la CFE.
En virtud de que la CFE es un Organismo Público Descentralizado de la Federación, entonces si se reclama la Servidumbre de paso por líneas de conducción eléctrica de voltajes 220 o 115 kv. Se tiene que reclamar mediante una demanda ante las instancias federales ya sea Tribunal Unitario Agrario o Juzgados Federales de Distrito, no en tribunales estatales.
En cualquier institución pública, la negligencia puede ser tan costosa como la corrupción. Pero cuando ambas posibilidades convergen en una misma denuncia, la obligación de investigar deja de ser una opción y se convierte en un deber institucional. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si estos señalamientos tienen sustento y, en su caso, deslindar las responsabilidades administrativas, civiles o penales que procedan.
HASTA EL LUNES.