Jesús Castillo
Uno de los mayores beneficiados con el pleito entre la Fiscalía General de Justicia y el gobierno del estado es el fiscal regional de oriente, Alejandro Chávez Carmona, quien pasó de ser un modesto litigante en Jojutla, a un poderoso funcionario que se da el lujo de cerrar cantinas cuando acude a embriagarse con su grupo de incondicionales con los que ha formado un círculo de corrupción e impunidad.
Se mueve en camionetas con vidrios polarizados y siempre trae un grupo de policías ministeriales que portan armas largas y lo cuidan como si fuera un importante capo. Cuando la gente ve llegar el aparato de seguridad se pregunta quién viene, y se sorprenden al ver al chaparrito moreno, de aspecto más bien introvertido, pero eso sí, con una pistolota escuadra al cinto.
Nada qué ver con aquel abogado que ofrecía asesoría jurídica en una pequeña oficina adaptada en la casa de su mamá, del que todos desconfiaban porque decían que la escuela donde había estudiado (Centro de Estudios Superiores de la CTM) sólo enseñaban derecho laboral. A través de la entonces diputada Hortencia Figueroa Peralta consiguió trabajo en la Fiscalía General de Justicia, primero como agente del Ministerio Público, luego como auxiliar del diputado Irazoque, hasta llegar a ser Fiscal Regional de la Zona Surponiente.
A falta de méritos académicos, consiguió que el Instituto Mexicano de Líderes en Excelencia (que no es una Universidad) le otorgara un Doctorado Honoris Causa. Y desde entonces pide que le digan “doctor”.
Se ganó la confianza del actual fiscal general, Uriel Carmona, y tras la inesperada salida de Miguel Ángel Rosete de la Fiscalía Oriente, le ofreció hacerse cargo de esa oficina. Fue una decisión muy productiva, pues Chávez Carmona supo agradecer muy bien la oportunidad.
Sin embargo, no todos quedaron contentos. A los pocos meses un grupo de abogados de la zona oriente firmó un documento en el que daban nombres y apellidos de los agentes del Ministerio Público que eran presumiblemente utilizados, o que estaban en contubernio con el titular de la Fiscalía Regional del Oriente de Morelos.
Explicaron que para liberar alguna persona privada de su libertad, vehículo o bien un inmueble o hacer algún otro trámite, se les exigen fuertes cantidades de dinero: “si no hay dinero no se lleva a cabo la diligencia que se solicita”.
Revelaron –en junio del año pasado- que Chávez Carmona pide incentivos monetarios a través de sus colaboradores cercanos: Daniel Solís, Guillermo Santillán, Alberto Flores, Esli Marco y algunos otros ministerios públicos, argumentando que “el jefe necesita un apoyo”.
La denuncia incluso fue publicada en el periódico El Regional del Sur, pero nada pasó. Y como dice el dicho: “Lo que no tira, fortalece”, y Chávez Carmona se sintió más apoyado para continuar en lo suyo, y hasta celebrarlo.
En la zona oriente es un secreto a voces que tres cercanos colaboradores del fiscal regional, Alberto Flores González, Esli Ali Hernández Reyes y Gerardo Torcas Jaimes protagonizaron una riña el sábado 17 de abril del presente, en el “Richards Men´s Club” con el personal del establecimiento, porque se negaron a pagar la cuenta.
Una semana después, Flores González y Hernández Reyes, regresaron, pero no iban solos. Llegaron escoltados por un grupo de la Policía de Investigación Criminal y de la Guardia Nacional. Amparados en una orden de cateo, la gente de confianza de José Alejandro Chávez retuvo durante más de media hora a bailarinas exóticas, personal de seguridad, meseros y demás empleados.
“El lugar quedó cerrado y con sellos de clausura hasta que las averiguaciones den resultados y se determine si efectivamente hay algún delito que perseguir”, informó un periódico local.
Otra cosa que caracteriza a la Fiscalía Regional Oriente es que allá, en los casos de robos puede ser que detengan a los responsables, pero el botín nunca aparece.
Un año después del robo cometido al Centro Joyero del municipio de Cuautla, en la calle Abad Rivera del primer cuadro de esa ciudad, los comerciantes no pudieron recuperar su mercancía con valor de más de dos millones de pesos que varios civiles armados se llevaron de sus vitrinas a bordo de una camioneta y conforme pasa el tiempo pierden la esperanza en las autoridades.
Esa ocasión la policía detuvo a cinco hombres luego del enfrentamiento a tiros de aquella tarde del 15 de octubre del 2020, pero uno fue abatido en el lugar por los elementos preventivos. Los cuatro detenidos fueron vinculado a proceso de investigación, pero de las alhajas nada se sabe, o al menos las autoridades de la Fiscalía Regional Oriente no han notificado a los vendedores afectados de su posible recuperación.
“Eso es cierto, no se recuperó el botín porque tampoco se detuvieron a todos los involucrados. De la investigación que todavía se sigue no puedo comentarles, lo demás es parte de la secrecía de las indagatorias”, dijo el Fiscal de la zona oriente, José Alejandro Chávez Carmona, al reportero Xavier Omaña.
Mencionó que ninguno de los cinco detenidos es de Morelos, pues todos son originarios de otros estados de la República, así que se cree que el resto también son foráneos y que posiblemente se siguen refugiando en sus entidades; por ahora la Fiscalía a su cargo está solicitando la sentencia de quienes fueron capturados, pues a un año de los hechos, aún no se dicta una sentencia.
“Ese tema está en manos de los juzgados, ellos lo van a resolver y todavía no tenemos algo definitivo ahí, hay que recordar que son varias instancias, ya es cuestión de los juzgados nosotros ya estamos con la acusación de que son responsables y deben de ser condenados”, afirmó el fiscal.
En Cuautla otro robo a joyerías se registró ese mismo año, pues el 25 de enero el comercio “Joyería Abundance” también fue blanco de la delincuencia y el botín de casi seis millones de pesos tampoco pudo ser recuperado.
Las quejas de los litigantes y ciudadanos en general en contra del titular de la Fiscalía Regional Oriente son muchas, y aunque de ello tiene conocimiento el gobernador del estado, nada puede hacer porque la fiscalía apela a su “autonomía”, además de que la instancia que tendría que investigarlo es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, misma que ha sido señalada por estar en contubernio con robacoches que operan en la zona oriente del estado. O sea, la iglesia en manos de Lutero.
Se sabe que lo único que Uriel les ha pedido a sus muchachitos es que sean más discretos cuando vayan a celebrar y que procuren pagar sus cuentas de consumo.
HASTA MAÑANA.