SCJN inició el análisis de disposición de la Ley de Salud de Yucatán que establece que la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y lengua maya, siendo que existen otras lenguas indígenas minoritarias en la entidad

No. 010/2022

Ciudad de México, a 13 de enero de 2022

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, inició el análisis del artículo 68, último párrafo, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, publicado el 9 de enero de 2020, el cual prevé que la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y lengua maya.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el referido precepto, argumentando que era discriminatorio y contrario al derecho de igualdad, salud y acceso a la información, al no contemplar que existen personas en dicha entidad federativa que hablan otras lenguas indígenas, como el chol, tzeltal, mixe y zapoteco.

El proyecto presentado propone invalidar el precepto aludido por vulnerar los derechos de acceso a la información relevante y/o esencial en materia de salud reproductiva de las minorías de lengua indígena que no contempla, así como vincular al Congreso local a legislar en lo sucesivo conforme a los estándares vertidos en la sentencia.

El día de hoy, el Pleno discutió si, en suplencia de la queja, se actualizaba la obligación de consultar a los pueblos indígenas de manera previa a la expedición de la norma, de conformidad con los artículos 2º de la Constitución General y 6º del Convenio 169 de la OIT.

La discusión de este aspecto y del resto del asunto continuará durante la próxima sesión del Pleno de la SCJN.

Acción de inconstitucionalidad 109/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del último párrafo del artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de esa entidad de 9 de enero de 2020, mediante Decreto 167/2020.