A las 9:27 de la mañana terminaron de desayunar cecina y enchiladas en “Casa Hidalgo” los organizadores y conferencistas del “Foro Informativo de la Reforma al Poder Judicial” y se dirigieron caminando a la Plaza de Armas donde ya estaba dispuesto un elegante escenario con dos pantallas y unas 300 sillas cubiertas con malla sombra.
La “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, y el legislador ultra izquierdista Gerardo Fernández Noroña, llegaron a bordo de sus respectivas camionetas (Suburban y Volvo, respectivamente), siendo recibidos por la diputada federal electa y maestra en Derecho, Sandra Anaya.
Después llegó la ex fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy; el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el senador César Cravioto (licenciado en Ciencias de la Comunicación), y el doctor en Derecho, Antonio Sorela. Se coló al desayuno el actual coordinador del Sistema Penitenciario en Morelos, Israel Ponce de León.
La gobernadora electa, Margarita González Saravia, llegó alrededor de las nueve y no desayunó. Todos juntos se trasladaron a la plancha del zócalo a paso lento, siendo requeridos por los reporteros locales.
Le preguntaron a Noroña su opinión de que los diputados morelenses reformaron la ley para que el fiscal tenga derecho a jubilación. “Ese no debería jubilarse, ese debería estar en la cárcel”, espetó el polémico legislador.
Fue precisamente Gerardo Fernández quien inició el foro (aunque la mampara decía “Asamblea Informativa”), con un discurso inminentemente político, burlándose de la oposición. “El pueblo de México el dos de junio nos dio la mayoría calificada en ambas cámaras y les guste o no les guste vamos a hacer la reforma al Poder Judicial y por primera vez en la historia de la humanidad vamos a ser el único país que elija a todas las personas juzgadoras, no hay ningún país del mundo que haga eso”, dijo, ante los aplausos de los presentes.
César Cravioto también comenzó su discurso recordando el resultado de las elecciones del dos de junio. “Qué repasada les pusimos”, comentó divertido, para después, al más puro estilo de López Obrador, comenzó a hacer preguntas a los asistentes:
“¿Se sienten con la confianza de acudir a un juez para recibir justicia pronta, expedita y gratuita?”, a lo que contestaban al unísono: “¡Nooooo!”.
Dijo que algunos hablan de que debe haber contrapesos en el gobierno, pero él considera que es al contrario: Debe haber armonía entre los tres poderes, ¿o queremos tres poderes peleados entre sí?, cuestionó.
Luego vino Ernestina Godoy, quien recordó que cada forma de gobierno va adecuando su sistema jurídico a lo que ellos piensan, “entonces ahorita tenemos un sistema jurídico que le dio sustento al neoliberalismo, con una gran cantidad de reformas que le hicieron a la Constitución y a diversas leyes y reglamentos, pero son leyes que dificultan cuando de pronto el pueblo dijo basta, en el 2018 y dijo hay que gobernar de una manera distinta y hay que estar del lado del pueblo”.
Apuntó que la reforma judicial no es solamente un tema de jurisconsultos y expertos en la materia, sino que es un asunto de todas y todos: “Tenemos que hacer que el humanismo mexicano tenga su propio sistema jurídico, su andamiaje constitucional, legal, administrativo para que todos los proyectos, políticas públicas, todo lo que nos ha planteado la doctora Sheinbaum —y Margarita aquí en Morelos— para que eso fluya basado en un estado de Derecho”.
Explicó que se busca una justicia cercana a la gente, que no cueste tanto, que no sea opaco. “Nadie revisa al Poder Judicial”, sentenció. Admitió que todavía falta determinar la forma en que se llevará a cabo la elección de juzgadores, y “se está pensando qué otros requisitos (se van a solicitar) para buscar que sean honorables, que sea gente preparada. ¿Por qué no pensar en pedir promedios escolares —nos los piden en todos lados—, por qué no ponerlo en la constitución? Un buen promedio en la materia en la que quieres , ocho o nueve en la materia en la que quieres concursar. Por qué no pedir la opinión de los vecinos, de los que fueron tus compañeros, con cartas de recomendación para que se sepa que es una gente que es honorable. Porque no decirles, a ver dime por que quieres ser ministro o juez o magistrado; hazte un pequeño ensayo y da tus motivos. Esas cosas se están atendiendo”.
La senadora electa se pronunció por una renovación “de una manera paulatina, pero no tan larga, que pudiera terminar en 2027”.
Luego vino la larga, larguísima explicación de la ministra Lenia Batres, sobre lo que considera que es una justicia lenta, onerosa, clasista, racista y parcial.
Comenzó diciendo que el 82 por ciento de los mexicanos piensan que es injusto el acceso a la justicia, 73 por ciento cree que no todas las personas son iguales ante la ley de acuerdo al Latino Barómetro 2023; incluso el Inegi documenta que el 39 por ciento de los mexicanos tiene algo o mucha de desconfianza de los jueces y el 66 por ciento cree que los jueces son corruptos.
Batres lamentó que el Poder Judicial queda a deber mucho a los mexicanos y de ello da cuenta el Proyecto de Justicia Mundial, que analiza cada año el estado de derecho de 142 países en el mundo y que nos coloca en el sitio 116 en 2023, y en algunos otros indicadores es peor la calificación que nos da particularmente en la inequidad de la investigación en que estamos en el 140, en trato discriminatorio y desigual en el 138, en el acceso a la justicia en Tribunales Civiles en el 135, en la eficacia y rapidez de procedimientos penales en el lugar 132.
Denunció que la justicia en México es cara, elitista, desgastante, además que suele humillar a quien acude a ella, es lenta, inaccesible “y podríamos decir que en el 99.99 por ciento de los casos inentendible, y tiene fuertes sesgos clasistas, racistas, sexistas, mucha corrupción y altísima parcialidad”.
Detalló que al año cuesta 78 mil 326 millones de pesos, de ellos cinco mil 700 la Suprema Corte, 68 mil 700 el Consejo de la Judicatura Federal que son los Tribunales Colegiados de Distrito y los Juzgados de Distrito y el Tribunal Electoral nos cuesta tres mil millones de pesos, lo que es equivalente a siete secretarias de estado entre estas Hacienda, Economía, Trabajo y Previsión Social, Sedatu, Turismo, Función Pública y los Tribunales Agrarios.
Es caro comparado con otros países y ejemplificó que la Corte de los Estados Unidos el año pasado costó el 37 por ciento de la Suprema Corte, la de España 13 por ciento, la de Canadá el 15 por ciento, el Tribunal Constitucional de Alemania 14 por ciento y los Tribunales de Colombia y Perú, respectivamente, el tres por ciento de lo que nos cuesta a nosotros la Suprema Corte.
Además, no cumple con la paridad de género, como sí lo hacen ya el Ejecutivo y el Legislativo; hay nepotismo extremo y el 49 por ciento tiene al menos dos familias y el 23.8 más de cuatro familiares, llegando a extremos como el de que una sola familia tenga más de 63 parientes trabajando.
Hay un manejo discrecional para castigar el actuar de los jueces desde 1995 en que se creó el Consejo de la Judicatura, que el año pasado recibió diez mil quejas contra juzgadores y sólo había abierto 14 expedientes; y uno de sus abusos más constantes es que sobrepasa sus facultades constitucionales como fue el caso de la suspensión de la entrega de libros de texto gratuitos o la aplicación de la reforma eléctrica, y que le hace invocar leyes abrogadas, por lo que actualmente lleva 17 “leyes revividas”, por lo que se creció en un 600 por ciento las sentencias que invalidaron leyes por vicios al proceso legislativo, y por lo que en el sexenio actual se tienen 78, en el pasado 20, con Calderón siete, con Fox tres y de 1995 a 2000 ninguna.
Lamentó que privilegie la resolución de demandas empresariales por encima de las sociales, considerando igual una infamia que se difunda que se atenta contra la seguridad de los trabajadores judiciales, resaltando que la elección de jueces y magistrados no es una cuestión nueva y onerosa, pues países europeos, Estados Unidos e incluso Japón la realizan desde mucho tiempo atrás, y tan solo en la Unión Americana en 43 de 50 estados lo aplican.
No hubo espacio para preguntas en el Foro. Un pequeño grupo de inconformes con cartulinas se acercó al presídium para lanzar consignas, pero fue ignorado.
En medio de “selfies” que les pedía la gente, las personalidades se fueron acercando a sus respectivas camionetas con escoltas. Y se dirigieron a otro evento similar en el zócalo de Jojutla, donde repetirían el mismo discurso.
¿Quién pagó el desayuno en Casa Hidalgo y los gastos del evento en Plaza de Armas? Hasta el momento sigue siendo una incógnita.
HASTA MAÑANA.
