La mayoría de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos observan a través de sus teléfonos celulares lo que ocurre en la ciudad de México donde legisladores de Morena aprueban la llamada reforma judicial ante la férrea oposición de funcionarios y trabajadores del Poder Judicial Federal.
Hasta ahora su labor se ha limitado a un tibio pronunciamiento en el que lo más fuerte que dijeron fue que la misión de los tribunales es proteger los derechos de la ciudadanía, “no estar sujetos a las agendas de quienes buscan el poder”, y a la participación de siete magistrados estatales en la marcha nocturna organizada por el PJF el pasado miércoles.
La propuesta de reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y no tarda en ocurrir lo mismo en la de Senadores, lleva un apartado en el que establece claramente que, después de que se deshagan de los ministros que se atrevieron a llevarle la contraria al presidente, van contra los juzgadores de todos los estados de la República.
“En lo que respecta al sistema judicial de las entidades federativas, la presente iniciativa propone reformar el artículo 116 constitucional en su párrafo tercero, a fin de señalar que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales estatales establecerán las condiciones para garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, dice la iniciativa que se aprobó en el Deportivo Magdalena Mixhuca de CDMX la madrugada del miércoles entre tacos al pastor y pizzas.
Eso es lo que tiene preocupados a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. A unos más que a otros. Los que están a punto de concluir su periodo de 14 años parecen resignados, no así los que llegaron al Pleno del TSJ apenas en diciembre del año pasado.
Y es que algunos tuvieron que pagar diversas cantidades de dinero a los diputados de la pasada Legislatura para tener derecho a esa designación, además de las “palancas” que debían tener con los partidos políticos representados en el Congreso Local. En los ocho meses que llevan no han podido recuperar lo invertido.
En un intento por salvar su patrimonio, 20 de los 22 magistrados propusieron a la LV Legislatura que hiciera una reforma constitucional en la que se estableciera que, independientemente del motivo por el que dejaran de prestar sus servicios, todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendrían derecho a no menos del 70 por de su salario como “Haber de Retiro”, que no es otra cosa que una pensión vitalicia.
Sin embargo, los diputados de la pasada legislatura no lo quisieron incluir en sus últimas sesiones, y sólo los exhibieron. La gobernadora electa, Margarita González Saravia, no ocultó su molestia por el hecho de que hay tres grupos de magistrados que no se quieren poner de acuerdo para trabajar “pero cuando se trata de su dinero entonces sí encuentran puntos concordantes”.
Margarita González Saravia será una de las gobernadoras que más celeridad le va a imprimir al tema de la reforma judicial. El miércoles pasado en su conferencia de prensa expresó su beneplácito por la aprobación en lo general por parte de los diputados federales (entre ellos Juan Ángel Flores, Sandra Anaya, Agustín Alonso y Cuauhtémoc Blanco).
“Nosotros celebramos que se haya aprobado esta reforma que impulsó nuestro movimiento desde hace ya tiempo lo que pasa es que no teníamos la mayoría calificada y ahora pues ya se tiene”, dijo.
Cuestionada sobre cuanto tiempo calcula que pasará para que Morelos tenga magistrados electos por el pueblo, la gobernadora electa no quiso dar una fecha exacta, pero pronosticó: “Tiene que ser rápido”.
El mismo cuestionamiento le hicieron ayer a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, la morenista Jazmín Sotelo, quien contestó que no ve problema para reunir los 14 votos que se requieren para aprobar cualquier reforma constitucional, y que una de las primeras será precisamente la Reforma Judicial.
“Morelos será de los congresos que impulsemos de manera fuerte, decidida y comprometida, es el compromiso que estamos haciendo las y los diputados, lo hemos platicado, vamos a defender esta reforma en la tribuna porque fue un mandato popular”, dijo, después de atender a un grupo de estudiantes que acudieron a manifestar su apoyo a la reforma.
De hecho, la propia gobernadora electa participará en un evento multitudinario al que está convocando su red de colaboradores (y futuros funcionarios) mañana sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Solidaridad, a favor de la Reforma Judicial, primero federal, y luego local.
Por cierto, uno de los aspectos que más preocupa a los magistrados estatales, es que en la nueva normatividad se establece que “en el ámbito de los Poderes Judiciales de los Estados, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley”.
¿Y de dónde creen que ha estado saliendo el dinero para viajes y fiestas, remodelaciones, togas nuevas, relojes, útiles escolares y lonas publicitarias si no del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia?
Ahora bien, la gran pregunta que se hacen todos es ¿alcanzará la espada de Damocles a los demás funcionarios que no son del Tribunal Superior de Justicia? Nos referimos a los tres magistrados y dos magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa y a la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, y hasta las tres integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, donde ocurren muchas de las conductas por las que hoy están a punto de linchar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
HASTA EL LUNES.