Se llama pomposamente “Instituto de Investigaciones Legislativas” y depende del H. Congreso Local del Estado de Morelos, pero en realidad es un auténtico “elefante blanco” donde los diferentes partidos políticos han encontrado el lugar perfecto para colocar a la gente que no tiene cabida en otras dependencias pero hay que emplearlos por compromisos políticos.
Como muchas instituciones gubernamentales en Morelos, nacen como una legítima intención de hacer algo benéfico para la sociedad, pero con el tiempo se va perdiendo hasta convertirse en un ente burocrático más que genera gastos y muy pocos resultados.
Algo así ocurrió con este Instituto nacido en 1998 teniendo como principales objetivos realizar investigaciones documentales y de campo relacionadas con la materia legislativa; editar publicaciones que contribuyan a la divulgación de estudios y asuntos legislativos, “llevar a cabo mediante las investigaciones correspondientes, el análisis para determinar la eficacia de los ordenamientos expedidos por el Congreso del Estado, informando de sus resultados a la Junta Política y de Gobierno”, y muchas actividades más que vienen enlistadas en la Ley Orgánica para el Congreso Libre y Soberano de Morelos.
La tarea de estructurar y poner en marcha el Instituto de Investigaciones Legislativas le correspondió a Eleael Acevedo Velázquez, quien estuvo hasta el año 2000 cuando se fue como consejero del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y actualmente es el comisario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).
Después el IIL prácticamente pasó a ser un espacio del Partido Acción Nacional (PAN) y ocupó la titularidad José Luis del Valle Adame, hoy doctor en Derecho, pero en aquel tiempo sólo tenía la profesión de ingeniero y su mérito era haber sido diputado federal por el blanquiazul.
El colmo fue cuando en la repartición de posiciones esa dependencia le tocó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sin el menor empacho pusieron como director a un médico: Armando Ramírez Saldivar.
Y es que la propia ley orgánica no establece como requisito que su titular deba ser licenciado en derecho, sólo dice que se requiere “contar con los conocimientos, experiencia y capacidad en el ámbito de la investigación legislativa; y contar con título de licenciatura en el ámbito de las ciencias humanas y cédula profesional legalmente expedida, con una antigüedad mínima de cinco años.
En la siguiente legislatura estuvo el profesor y abogado Ricardo Arteaga Granados, impulsado por el Partido Acción Nacional nuevamente y después el hoy magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Roque González Cerezo, que tampoco hizo mucho.
En la siguiente legislatura siguió siendo “propiedad del PAN” y colocaron ahí a Sergio Álvarez Mata, candidato perdedor del PAN a la presidencia municipal de Cuernavaca y ex secretario de Gobierno con Marco Adame Castillo. A pesar de su amplia experiencia, su gestión “pasó de noche”.
Luego, con la Quincuagésima cuarta Legislatura estuvo el licenciado en Derecho egresado de una universidad a distancia, Omar Alfonso Barrera Hernández, con cero experiencia en la materia pero con el apoyo decidido de la presidenta de la Junta Política.
En ese trienio, un ciudadano de nombre Joel Guzmán Pérez, hizo una solicitud de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que pidió: “Cuántas investigaciones, documentales de campo, ediciones de libros, publicaciones de estudios, cursos, seminarios eventos y proyectos de iniciativas ha realizado el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado en los años 2012 al 2019”.
Con fecha 10 de marzo de 2019 contestó el entonces director del Instituto, Alfonso Barrera, diciendo que “se realizó una búsqueda minuciosa en el archivo histórico del Instituto encontrándose algunas de las actividades” y enumera “foros, cursos, participaciones institucionales, conferencias y apoyo parlamentario”.
Lo más increíble es que al llegar a 2019, o sea el periodo que ya le corresponde a él, puso: “conversatorio, coloquios, recepción a magistrados, continuidad al rescate de archivos históricos, foros, participaciones institucionales y apoyo parlamentario”.
Eso es todo su informe.
En la pasada Legislatura (la 55), debemos reconocer que sí hubo trabajo. Por principio de cuentas, la institución estuvo a cargo de un profesionista con grado académico de Doctorado, que es el perfil idóneo para tal cargo.
Francisco Rubén Sandoval Vázquez estudió licenciatura, maestría y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM (mención honorífica). Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
De sus principales actividades, resalta la realización de un Diplomado en Finanzas Públicas Municipales que tuvo una duración de 120 horas y estuvo integrado por seis módulos, los asistentes abordaron temas como: las actividades financieras municipales, de planeación y su vinculación en programas de gobierno, presupuestales, tributarias o de ingresos públicos; así como gestión de bienes municipales y control y rendición de cuentas.
Este tema viene a colación porque hoy, de acuerdo con la orden del día de la sesión programada para las 13 horas de este viernes, viene contemplada la designación de tan importante cargo en una maratónica sesión de 28 iniciativas de reforma y varias proposiciones de puntos de acuerdo, por lo que la toma de protesta podría realizarse ya entrada la noche.
Quien llegue, tiene un enorme hueco difícil de llenar.