Ayer, durante la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Morelos, la secretaria de la Contraloría estatal, Alejandra Pani Barragán, tomó protesta como presidenta temporal de dicho comité, lo que fue publicitado como “un paso importante en el fortalecimiento de las acciones contra la corrupción en la entidad”.
La dos veces diputada federal Alejandra Pani tiene 21 días en el gobierno, quizás por eso desconozca la historia del cargo que le acaban de endilgar, y levanta las sospechas de que sus compañeros del Comité Coordinador “la chamaquearon”.
Y es que dicho acto fue publicitado por la coordinación de Comunicación Social como un hecho que “permitirá coordinar esfuerzos interinstitucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. En su nuevo rol, promoverá iniciativas que fortalezcan el marco normativo anticorrupción”.
No sabemos quién le haya dictado el boletín, pero quien lo hizo está pecando de ignorante o mentiroso, pues nada más alejado de la realidad el que “éste nombramiento refleja el compromiso de Morelos en la lucha a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que las instituciones estatales mantengan altos estándares de integridad”.
El Sistema Estatal Anticorrupción está conformado por un Comité de Participación Ciudadana que, como su nombre lo dice, está integrado por cinco ciudadanos designados por un comité de selección, cuya permanencia debería ser escalonada. Es decir, uno fue designado por un año, otro por dos, otro por tres, otro por cuatro y finalmente uno por cinco años.
El pasado mes de marzo, Alejandro Enríquez Hermida, quien era el único integrante del CPC, renunció anticipadamente a su encargo, su gestión concluía el pasado mes de mayo. Con eso se terminaba la ”ciudadanización” del Sistema Estatal Anticorrupción, pues el Congreso Local no designó a los miembros del Comité de Selección que debían elegir a quienes suplirían a todos los que se fueron saliendo.
La Ley es muy clara: el CPC sólo puede ser presidido por un ciudadano de los cinco que fueron designados pero, para que no desapareciera, a los miembros del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, se les ocurrió inventar que cada uno de los integrantes del Sistema Anticorrupción asumirá la presidencia de manera temporal.
Así, durante los próximos dos meses, la presidencia temporal fue asumida por José Blas Cuevas Díaz, actual titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). De manera sucesiva, cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción se rolaran la presidencia, mismo que está conformado por los titulares de la ESAF; de la Fiscalía Anticorrupción; la Contraloría del Estado; el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el TJA.
En este sentido, nos sorprende que en el comunicado se mencione al actual presidente del IMIPE, pues él declaró hace algunos meses que el CPC debería estar presidido por un ciudadano y designado por el Congreso Local.
En el boletín se menciona que la sesión contó con la asistencia de Guillermo Arroyo Cruz, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; Hertino Avilés Albavera, presidente del IMIPE; José Blas Cuevas Díaz, auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; Juan Salazar Núñez, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; Jorge Luis Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; María Eugenia Oropeza Alonso, contralora interna del municipio de Hueyapan; y Berenice Castañeda Salgado, encargada de despacho de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.
¿Y quién representa a la ciudadanía en ese órgano de marras? Nadie. Todos los integrantes son servidores públicos. Nótese que no hay un secretario técnico, sino una “encargada de despacho” de la Secretaría Técnica.
Es un órgano totalmente “parchado” y sostenido por alfileres que la nueva contralora debió haber rechazado. Máxima cuando la tendencia del gobierno de la Cuarta Transformación es a desaparecer a los órganos autónomos porque consideran que son onerosos e inútiles.
La última presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso Local, Ariadna Barrera, hoy flamante diputada federal, consideró más viable desaparecer ese órgano que nombrar a los nuevos miembros del CPC. Y todo parece indicar que así será, pues no se ven visos de que la nueva legislatura pretenda revivir al Comité de Participación Ciudadana alguna vez conformado por Roberto Coranguez, Damiana Herrera, Penélope Picazo y Alejandro Hermida.
El gobierno de Claudia Sheinbaum inicia con el 12% de designaciones de funcionarios clave en las instituciones anticorrupción. El gobierno de López Obrador desarticuló los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción en complicidad con el Senado y los Congresos Estatales: 88% de los Sistemas Anticorrupción de México no cuentan con todas las designaciones necesarias.
La corrupción, lejos de ser un problema resuelto, como lo declaró el exmandatario López Obrador en sus conferencias matutinas, agrava la violación a los derechos humanos. La falta de designaciones para los Sistemas Anticorrupción, así como las reformas aprobadas en los últimos días de su gobierno, son una muestra del autoritarismo que ha dinamitado los mecanismos democráticos.
HASTA MAÑANA.