Escrito por Jesús Castillo
Ciertamente no debe haber ningún acto de intimidación por parte de ningún servidor público en contra de las instituciones defensoras de derechos humanos, sin embargo, está claro el conflicto de intereses de Raúl Israel Hernández Cruz, siendo al mismo tiempo el titular de la Comisión de Derechos Humanos y el franquiciatario de una de las notarías que entregó el entonces gobernador Graco Ramírez con la anuencia del Colegio de Notarios.
Desde julio del 2019 en este espacio señalamos que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Morelos decepcionó nuevamente al elegir presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya que Raúl Israel Hernández Cruz no tiene ninguna experiencia en la materia, pero fue “palomeado” por el Ejecutivo y el Colegio de Notarios, al que pertenece.
¿Por qué Raúl Israel Hernández Cruz? Es la pregunta que hicimos a algunas personas que tuvieron que ver con el proceso de selección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La conclusión a la que llegamos después de escuchar a varios entrevistados es que “el nuevo ombudsman no tiene experiencia ni preparación académica en materia de derechos humanos, pero es un hombre institucional que no causará problemas a nadie. Por eso tiene la aceptación del Ejecutivo, del Legislativo y del grupo de “los notarios”, que cada vez agarran más fuerza en la entidad”, escribimos en aquella ocasión.
Una de las personas que mejor me habló de él fue Jorge Messeguer Guillén, quien como secretario de Gobierno fue su jefe en la Dirección Jurídica de esa dependencia. Se lo heredó el PAN, pero los notarios hablaron tan bien de él que decidió dejarlo en el mismo cargo y comprobó su eficiencia.
Uno de los trabajos que le encargaron fue documentar las irregularidades del entonces notario público número ocho, Alfredo Gutiérrez Quintanilla (QPD). Fue tan precisa su investigación que hasta los notarios que defendían a Alfredo terminaron por reconocer que éste debía dejar el cargo.
Otro dato importante: trabajó con Mirna Zavala Zúñiga en la Auditoría Superior Gubernamental del Congreso Local. Eso nos da una idea de por qué fue palomeado por el Ejecutivo.
La decisión de los diputados fue contra toda lógica. Si se suponía que estaban por la equidad de género la designación debió ser a favor de cualquiera de las cuatro mujeres que incluso ofrecieron una conferencia de prensa para exigir que si el último ombudsman fue hombre, le correspondía a una mujer ocupar ese cargo. María Ampudia, Clara Soto Castor, Yolanda Gutiérrez Vélez y Kenia Lugo Delgado estuvieron en esa conferencia. Cualquiera de ellas habría hecho un buen papel y habría congruencia de las diputadas.
Ahora que si se trataba de designar al que tuviera mayor nivel académico ahí están los doctores en Derecho Lucio Rubio Antelis y Antonio Sorela Castillo, ambos autores de libros y éste último editor de la Declaración de los Derechos Universales en náhuatl.
Si se deseaba experiencia quedaban “como anillo al dedo” el panista Ascensión Pacheco Godínez o el priísta Oscar Puig Hernández.
Si se hubiera querido privilegiar la trayectoria dentro de la CEDH ahí estaban Joel Reyes y Gerardo Salgado, visitadores de la institución que también se inscribieron.
Ya hecha la designación los diputados tuvieron que defender su voto y rechazaron haber recibido línea y mucho menos algún beneficio económico. “Es muy desgastante y muy triste que te esfuerzas como legislador, que estás en el Congreso, que estás en la calle con la gente, y que salgan con estas… situaciones pues sí daña”, declaró la diputada Keila Figueroa, luego de comentar que un ciudadano le preguntó por redes sociales que cuánto le habían dado por su voto.
Marcos Zapotitla fue uno de los que más lo defendió. Insistió en que es mejor que todos los demás aspirantes y que no se le debe estigmatizar por haber trabajado en “un gobierno lleno de corrupción”. Quien iba a decir que meses después Zapotitla estaría “políticamente muerto”.
Como ya lo hemos mencionado también, hay un “reacomodo” en el grupo de los notarios a partir del relevo de la notaria Patricia Mariscal y la llegada de Jesús Toledo Saavedra. Los que alguna vez fueron “consentidos” hoy más bien son mal vistos por llevar el estigma de haber sido designados en el sexenio de Graco Ramírez,
En esa situación se encuentran las notarías de Alberto Barona Lavín, la de Uriel Carmona Gándara y la de Israel Hernández Cruz.
Este último interpuso una denuncia penal (ante su compañero el también notario con licencia) para decir que en diciembre pasado “alguien” le mandó decir “que le bajara o comenzarían a rodar cabezas”, sin especificar si es en sentido literal o figurado.
Luego, ofreció una conferencia de prensa el pasado martes para dar a conocer lo anterior y decir el clásico “y si algo me pasa a mí o a mi familia, hago responsable al secretario de Gobierno”.
La respuesta no se hizo esperar. El aludido Pablo Ojeda Cárdenas negó tajantemente que hubiera amenazado al “ombudsperson”, y explicó qué sucede con su notaría, la 13 de Cuernavaca:
“Es del dominio público que en la administración anterior el ex Gobernador Graco Ramírez le otorgó la patente de Notario Público Número Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado a Raúl Israel Hernández Cruz, quien fuera su Director General Jurídico; sin embargo, al haber sido nombrado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo la necesidad de solicitar diversas licencias a efecto de que fuera suplido en su responsabilidad notarial, por la incompatibilidad de funciones entre el hecho de ser notario público y al mismo tiempo ser Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
“No obstante lo anterior, a la fecha, y en pleno ejercicio de sus facultades, los Notarios Públicos que fueron sus suplentes, de manera respectiva expresaron su voluntad de renunciar a la suplencia del Notario Público Número Trece, conforme a lo cual la Secretaría de Gobierno le exhortó a proponer un nuevo notario suplente de su misma demarcación, o bien, reincorporarse a su función notarial, en términos de lo dispuesto por la Ley del Notariado del Estado de Morelos y su reglamento, y con el objeto de lograr que la actividad notarial sea pronta, expedita, profesional y eficiente. Lo que en ningún momento y de ninguna forma supone una destitución del cargo público que ostenta ni la privación de su función notarial”, dice el comunicado oficial.
Como ya lo hemos mencionado en este espacio, antes de irse Graco Ramírez “blindó” a los notarios para que la Secretaría de Gobierno no los pudiera sancionar y que ellos tuvieran la opción de ausentarse el tiempo que quieran y seguir ganando como fedatarios. De no ser así, desde hace mucho tiempo Alberto Barona, Uriel Carmona e Israel Hernández habrían seguido la misma suerte que su homólogo Raúl González en tiempos de Graco.
HASTA MAÑANA.