La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la autonomía institucional. Propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma busca prohibir la difusión de propaganda política extranjera en medios nacionales, una medida motivada por la transmisión de una campaña antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos en Televisa sin conocimiento previo del gobierno mexicano.
La propuesta establece sanciones económicas de hasta el 5% de los ingresos de concesionarios que transmitan contenido político extranjero, salvo fines culturales o turísticos. Además, se contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), centralizando funciones clave como la gestión del espectro radioeléctrico y la supervisión de emisiones.
Si bien la intención de proteger la soberanía nacional es comprensible, la concentración de poder en una nueva agencia bajo el control del Ejecutivo plantea serias preocupaciones sobre la independencia institucional y la posible politización de la regulación de los medios. El IFT, como órgano autónomo, ha sido fundamental para garantizar la competencia en el sector y la pluralidad informativa. Su desaparición podría representar un retroceso en la supervisión imparcial de los medios y una amenaza a la diversidad de voces en el país.
La centralización del control sobre los medios de comunicación y la posibilidad de sancionar a concesionarios por transmitir contenido no alineado con las políticas gubernamentales podrían abrir la puerta a prácticas autoritarias similares a las observadas en regímenes como el de Venezuela. Allí, el control estatal de los medios ha sido utilizado para silenciar a la oposición y restringir el acceso a información diversa. Aunque la reforma mexicana no establece censura previa, la concentración de poder en una agencia gubernamental podría facilitar la implementación de medidas restrictivas a la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional.
Por si fuera poco, en la pasada asamblea del partido Morena, el escritor y activista Paco Ignacio Taibo II ha propuesto la expropiación de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, debido a una deuda fiscal de más de 63 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El domingo 4 de mayo, en una intervención sorpresiva ante el máximo órgano político de Morena, Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y figura cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó la sugerencia de abrir la discusión sobre la posibilidad de nacionalizar TV Azteca. Argumentó que se trataba de una cuestión de “salud nacional”, aludiendo al poder mediático que concentra el canal propiedad de Salinas Pliego.
Ese simple comentario “encendió las redes sociales”, pues las hordas de “chairos” apoyaron inmediatamente la propuesta, en tanto que los “derechairos o fachos” (recuérdese que en este país eres de un lado o de otro), “se rasgaron las vestiduras” diciendo que así empezó Venezuela.
Aunque fue más un gesto ideológico que una propuesta técnica, sus palabras resonaron en un momento clave: el contexto de la inminente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta reforma en puerta, cualquier mención a los grandes medios privados se vuelve combustible político.
Por su parte, Salinas Pliego ha respondido a la propuesta calificándola como una distracción ante la crisis económica que enfrenta el país y defendiendo su derecho a utilizar su fortuna como lo considere adecuado.
Este debate pone de manifiesto las tensiones entre la responsabilidad fiscal de las grandes empresas y las políticas públicas orientadas a la justicia social. La propuesta de Taibo II refleja una postura crítica hacia las prácticas empresariales que, según él, perpetúan la desigualdad, mientras que la respuesta de Salinas Pliego subraya la defensa de la propiedad privada y la autonomía empresarial.
La reforma propuesta debe ser analizada con cautela, considerando sus posibles implicaciones para la democracia y la libertad de expresión en México. Es esencial que cualquier medida destinada a proteger la soberanía nacional no se utilice como pretexto para restringir derechos fundamentales. Es imperativo abrir espacios de diálogo y consulta con diversos sectores de la sociedad para garantizar que las reformas legislativas fortalezcan la democracia y no la debiliten.
En este contexto, es crucial recordar que la libertad de expresión y la pluralidad informativa son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Cualquier intento de restringir estos derechos debe ser evaluado con rigor y transparencia para evitar caer en prácticas autoritarias que perjudiquen el bienestar y la libertad de los ciudadanos.
Por eso cuando, el pasado lunes 5 de mayo, en una entrevista que me hizo el favor de hacerme el periodista Evaristo Torres en su noticiario “Cadena Sur”, cuando me preguntó si existe libertad de expresión en México, le contesté que “en este momento sí, pero en unos años quién sabe”.
La plática se llevó a cabo con motivo de la celebración del 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa (también conocido como Día de la Libertad de Expresión) porque fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, a iniciativa de la UNESCO.
Esta fecha conmemora la Declaración de Windhoek, firmada el 3 de mayo de 1991 en Namibia, durante un seminario de periodistas africanos organizado por la UNESCO. En dicha declaración se reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de cualquier sociedad democrática.
Aunque el nombre técnico es Día Mundial de la Libertad de Prensa, en muchos países —como México— se le asocia o se le llama también Día de la Libertad de Expresión, aunque México tiene además su propio Día Nacional de la Libertad de Expresión el 7 de junio.
Sin embargo, coincidimos con Evaristo Torres que esa fecha ya debe quedar en el olvido, pues se hizo tradición porque cada año el 7 de junio el presidente en turno y los dueños de los medios de comunicación compartían comilonas y se elogiaban mutuamente, mientras los reporteros -el eslabón más bajo de la cadena de la información- seguían tecleando como cualquier día a cambio de unos miseros pesos.
HASTA MAÑANA.