El todavía presidente municipal de Cuautla —dado que no ha sido destituido por el Congreso Local— dio un sorbo a su botella de agua y dijo decidido: “Sí, señor juez. Sí es mi deseo declarar”.
En la lúgubre sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el juez miró extrañado a la persona que ocupaba la silla de acusado, mientras el defensor de oficio hacía un gesto de desaprobación.
—¿Está consciente de que lo que usted declare puede ser usado en su contra? — insistió el hombre ataviado con toga y birrete, con cierta conmiseración.
—Sí señor— contestó resignado Jesús Corona Damián.
Y entonces comenzó a hablar. Por principio de cuentas, admitió que el video por todos conocido donde aparece él junto con Agustín Toledano Amaro y Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, sí es real, y que la reunión se llevó a cabo cuando ambos eran alcaldes electos. En ese cónclave les dijeron que debían contratar a ciertos funcionarios en sus respectivas administraciones municipales, pero no mencionaron nombres.
“Me obligaron a la fuerza a sentarme con ellos, qué querían que yo hiciera, pónganse en mi lugar”, se justificó el imputado mirando al juez y al fiscal federal. Luego habló de que intentó zafarse del compromiso con los maleantes, y que incluso hizo un acuerdo con el gobierno del Estado: “Ellos lo pusieron, fue un capitán del Ejército y lo nombró el secretario Urrutia, fue mi secretario de Seguridad Pública Municipal”, recordó, refiriéndose a Rubén Sánchez Rivera, el penúltimo de sus jefes de Policía.
Luego de escuchar las imputaciones de la Fiscalía General de la República y la manifestación del acusado, el juzgador procedió a emitir su veredicto.
“…por lo que no resulta irracional una parte que se imputa comprende el hecho de haberse reunido en su calidad de alcalde electo con esta persona a la que se apoda el barbas de nombre Júpiter, esa reunión no está cuestionada, se ha cuestionado el video, la autenticidad del video, si ese video que trascendió a las redes o medios de difusión públicos está editado o no, si se obtuvo de forma indebida o no, sin embargo el propio imputado informado de los derechos, advertido de su derecho a permanecer en silencio y de la posibilidad de que si algo manifestaba podría ser usado en su contra, reconoció su participación en esa reunión, inclusive lo dijo muy claramente qué, querían que hiciera, en lo que va implícito también una pretensión de excluyente de delito o de responsabilidad, que querían que hiciera lo dijo muy claramente o que habrían hecho, pónganse en mis zapatos entiendan mi situación…
“Y como servidores públicos tratamos de ponernos en ese contexto y sin ánimo de generar reproche alguno, entendemos qué hay ciertas premisas que el Servicio Público y esto comprende a todos los servidores públicos y también a este órgano jurisdiccional , no podemos sostener como válidas y una de esas premisas sería justamente el admitir la posibilidad de sumisión de un servidor público o un candidato electo a una voluntad que no es la que se expresa en las leyes ni es la voluntad soberana del estado mexicano; es decir ponernos en los zapatos del imputado especialmente este órgano jurisdiccional decir, bueno es verdad, no había más que hacer, es admitir la derrota del Estado mexicano, ningún servidor público y menos este órgano jurisdiccional puede sostener como válida una premisa en ese sentido, por el contrario lo razonable era negarse y denunciar y buscar la protección del estado mexicano”, dijo el juez.
Bajo ese argumento, con fecha seis de junio de 2026, el juez de control le dictó auto de vinculación a proceso al imputado Jesús Corona Damián, dentro de la causa penal 170/2026 que se le sigue por el hecho que la ley señala como el delito de Delincuencia Organizada, (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), previsto y sancionado en los artículos 2 fracciones I, 4 inciso b), agravado por el artículo 5 Fracción I (ser servidor público) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, relacionado con los artículo 193, 194 fracción I del Código Penal Federal.
Contra ese acto, el defensor público de oficio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, interpuso el recurso de Apelación para que un tribunal de Alzada confirme o revoque su determinación.
Entre los agravios que está exhibiendo la defensa resalta que no se aportó un solo dato de prueba, de los lugares, modos de operar, en circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que aparentemente se realizaran conductas con apariencia de delito contra la salud, realizado por miembros de una organización criminal de manera permanente y reiterada y que estas hubieran tenido éxito en relación a que servidores públicos pertenecientes a la organización hubieran contribuido a estas, ni de qué manera o en qué casos concretos bienes económicos del ayuntamiento de Cuautla Morelos, estuvieran o formaran parte de la delincuencia organizada con motivo de su adhesión de servidores públicos a dicha organización.
La defensa del alcalde ausente (actualmente representado por la síndica Nancy Echeverría por 90 días), podría solicitar la comparecencia del testigo Raúl Tadeo e incluso la de la gobernadora Margarita González Saravia pues asegura en su declaración —a la que el juez dio total veracidad— que en esa reunión del 10 de junio del 2024 le mandaron un recado a la entonces gobernadora electa, lo que fue negado por González Saravia ante los medios de comunicación.
De igual manera, estarían citando a comparecer en el juicio contra Jesús Corona y sus exempleados a Javier García Chávez, para que confirme o desmienta que al otro día de la reunión con “El Barbas”, Tadeo Nava le contó lo ocurrido en esa reunión, y ambos platicaron con la hoy gobernadora en un restaurante de Alpuyeca.
Los abogados de las personas detenidas en el penal federal de Hermosillo, Sonora, confían en que sus clientes obtengan su libertad muy pronto, pues en la carpeta de investigación no hay pruebas —más allá del dicho del ex alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava— que demuestren que los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuautla (tesorero, oficial mayor y secretario) participaban en las actividades ilícitas del Cartel de Sinaloa que supuestamente encabeza Júpiter Araujo alias “El Barbas”, quien por cierto no ha sido detenido.
En conclusión, si la gobernadora insiste en negar que haya recibido “el recado” que le mandó Júpiter Araujo a través de Raúl Tadeo, estaría ayudando a que salgan libres Jesús Corona y sus subordinados.
HASTA EL LUNES.