Las libertades públicas casi nunca mueren de manera espectacular. No desaparecen con un decreto que anuncie el fin de la democracia ni con tanques ocupando las plazas. Su deterioro suele ser mucho más sutil. Comienza con una ley aparentemente bien intencionada, continúa con otra presentada como indispensable para proteger a la sociedad y termina construyendo un entramado legal donde el ciudadano ya no sabe con certeza qué puede decir, investigar o publicar sin convertirse en sospechoso.
La historia demuestra que el autoritarismo del siglo XXI rara vez se presenta con uniforme militar. Prefiere el lenguaje jurídico, los argumentos de seguridad y la promesa de combatir amenazas reales. En nombre del orden, de la paz pública, de la protección de las víctimas o del combate al odio, se amplían gradualmente las facultades del Estado para vigilar, registrar y sancionar conductas cuya definición resulta cada vez más ambigua.
Por eso la iniciativa presentada en el Congreso de Puebla por la diputada de Morena, Guadalupe Yamak Taja, no debería analizarse únicamente desde la técnica legislativa. Su propuesta para tipificar el delito de «acecho» (después del intento de tipificar el ciberasedio), castigándolo incluso con penas de hasta diez años de prisión, plantea interrogantes que van mucho más allá del combate al hostigamiento.
Nadie puede oponerse a que el Estado sancione a quienes verdaderamente persiguen, amenazan o intimidan a una persona. El problema aparece cuando el texto legal incorpora conceptos tan amplios como «vigilancia», «seguimiento», «observación», «monitoreo» o «contacto insistente» realizados por medios físicos o digitales. La frontera entre una conducta criminal y una actividad legítima de investigación periodística, de vigilancia ciudadana, de documentación de hechos públicos o incluso de activismo puede volverse extraordinariamente delgada dependiendo de quién interprete la ley.
En una democracia consolidada, las normas penales deben caracterizarse precisamente por lo contrario: absoluta claridad, precisión y mínima discrecionalidad. Cuando los tipos penales se redactan con conceptos abiertos, el riesgo no reside solamente en las intenciones del legislador que los propone, sino en las posibilidades de abuso de quienes los aplicarán mañana.
México conoce demasiado bien esa historia. Durante décadas se utilizaron delitos como el ultraje a la autoridad, el ataque a las vías generales de comunicación, la sedición, la difamación —cuando todavía existía en algunos códigos penales— o figuras administrativas igualmente ambiguas para inhibir protestas sociales, perseguir periodistas o intimidar adversarios políticos. No eran las leyes, en apariencia, las que resultaban escandalosas; era la utilización política de esas herramientas.
La preocupación aumenta cuando esta propuesta aparece apenas unos días después del intenso debate nacional provocado por los intentos de regular el llamado «ciberasedio». No se trata de episodios aislados. Empiezan a formar parte de una narrativa donde el Estado parece sentirse cada vez más cómodo regulando la conversación pública y ampliando los márgenes de intervención sobre el espacio digital.
Y es precisamente ahí donde la experiencia internacional debería funcionar como advertencia.
Cuba representa quizá el caso más acabado de cómo la tecnología, lejos de convertirse en un instrumento de libertad, puede transformarse en una poderosa herramienta de control político.
El primer informe integral elaborado por Prisoners Defenders sobre vigilancia digital documenta un fenómeno que trasciende ampliamente el espionaje electrónico. Describe un sistema donde el Estado ha logrado convertir prácticamente cualquier interacción digital en un potencial expediente policial.
El estudio, construido a partir de 200 testimonios obtenidos entre finales de 2025 y principios de 2026, revela que el monitoreo gubernamental ya no distingue entre publicaciones públicas y conversaciones privadas. WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, llamadas telefónicas, notas de voz y mensajes personales forman parte de un ecosistema permanente de supervisión política.
Las cifras son devastadoras.
Casi la totalidad de los entrevistados aseguró haber sufrido algún tipo de represalia por sus publicaciones digitales. Más de la mitad fue detenida. Seis de cada diez enfrentaron interrogatorios. Ocho de cada diez escucharon a funcionarios reproducir conversaciones privadas obtenidas sin autorización judicial. Casi la mitad detectó accesos irregulares a sus cuentas personales y numerosos testimonios describen patrones compatibles con el uso de programas de espionaje.
Pero quizá el dato más inquietante no aparece en las estadísticas sobre detenciones.
La verdadera victoria del sistema cubano consiste en haber logrado que los propios ciudadanos dejen de ejercer sus derechos sin necesidad de que alguien se los prohíba.
Más del cincuenta por ciento de los entrevistados confesó haber dejado de publicar opiniones políticas, eliminado mensajes antiguos, abandonado grupos de conversación, cerrado cuentas o cambiado de identidad digital para evitar problemas. La autocensura terminó convirtiéndose en un mecanismo cotidiano de supervivencia.
No sería serio afirmar que México ha llegado a ese punto. No lo ha hecho. Nuestro país conserva instituciones autónomas, medios críticos, procesos electorales competitivos y una sociedad civil que todavía ejerce importantes contrapesos frente al poder. Sin embargo, precisamente porque esas libertades existen, cualquier intento por ampliar las capacidades punitivas del Estado sobre la conversación digital debe observarse con enorme cautela.
El problema de las malas leyes es que sobreviven a quienes las promueven. Hoy pueden estar en manos de un gobierno popular; mañana podrían convertirse en el instrumento perfecto para un gobernante mucho menos tolerante. El derecho penal debe diseñarse pensando en el peor escenario posible, no en las mejores intenciones de quienes ocupan temporalmente el poder.
Resulta paradójico que un movimiento político que durante años denunció el espionaje gubernamental, la persecución política y el abuso de las instituciones sea ahora el que impulse iniciativas susceptibles de ampliar los márgenes de vigilancia estatal. Quien conoció los excesos del poder debería ser el primero en evitar que vuelvan a repetirse, independientemente del partido que gobierne.
Combatir el acoso, la violencia digital o las amenazas es una obligación ineludible del Estado. Nadie discute ese propósito. Lo que sí merece una discusión profunda es si para alcanzar ese objetivo estamos dispuestos a sacrificar principios que constituyen la esencia misma de una democracia: la libertad de expresión, el derecho a investigar, la privacidad de las comunicaciones y la certeza jurídica.
La pregunta que México debe responder todavía tiene tiempo de formularse. La experiencia cubana demuestra hasta dónde puede llegar un Estado cuando convierte la vigilancia en política pública y el miedo en instrumento de gobierno. La cuestión es si aprenderemos de esa lección o preferiremos descubrir, demasiado tarde, que las libertades nunca desaparecen de golpe. Se extinguen poco a poco, reforma tras reforma, mientras una sociedad convencida de que nada grave está ocurriendo guarda silencio… hasta que ya no puede hablar.
HASTA MAÑANA.