El medio hermano del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le ha declarado la guerra al gobierno de Margarita González Saravia, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los diputados del Congreso Local. Ulises Bravo Molina olvida que ya no tiene el poder que le brindaba el ser “brazo derecho” del hoy diputado federal, que hoy es un ciudadano más y que no tiene fuero constitucional que le garantice su libertad por el delito que le imputa su expareja ni por cualquier otro.
Si bien a Cuauhtémoc Blanco habría que reconocérsele su capacidad como futbolista, lo que redundó en popularidad y lo hizo ganar en las urnas en 2018, Ulises no tiene mérito alguno más que el compartir el apellido materno. Ese parentesco —y un conflicto con su manager Juan Manuel Sanz— hizo que Blanco Bravo depositara en su medio hermano toda su confianza para el manejo de todo, absolutamente todo, lo que concernía al gobierno de Morelos hasta el 2024.
Por eso es que, de la nada surgió un personaje que no solamente se encargó de cobrar los “moches” de las licitaciones, sino también del manejo político del partido. Beneficiado por el manto protector que le obsequió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Morelos, el medio hermano de pronto se vio convertido en dirigente del partido en nuestra entidad, bajo el principio de “lo que importa no es el cargo, sino el encargo”.
Así fue como, a finales del sexenio cuauhtemista, el nombre de Ulises Bravo Molina adquirió notoriedad y poder. De pronto, el hermano con el mayor grado de estudios de la familia Bravo se convirtió en un próspero empresario al que se le abrían las puertas de todas las dependencias, y también de los tribunales.
Como le ocurre a todos los hombres a los que les llegan grandes cantidades de dinero, a Ulises Bravo Molina (a partir de ahora Ulises N), lo comenzaron a asediar las mujeres. Se enamoró de una bella abogada con quien comenzó una relación seria.
El problema fue que en ese momento vivía con Liú León, otra abogada con la que tenía una hija, y a la que benefició con una “aviaduría” de 70 mil pesos mensuales como representante de Morelos en la Ciudad de México. Lo de siempre: le encontró mensajes de la nueva novia y le reclamó.
De los gritos pasaron a los golpes y llegaron al extremo de que ella va a la cocina y saca un cuchillo. Ulises la graba sin importarle que esté presente su hija, quien se convertiría en el principal testimonio de este drama.
Liu León contrata los servicios del abogado Rodrigo Dorantes, exprocurador de Justicia del estado. En la Fiscalía, Uriel Carmona la recibe con los brazos abiertos y le otorga todas las facilidades para integrar una denuncia por Violencia Familiar.
El 12 de marzo de 2024 la agente del Ministerio Público compareció ante el Juez de Control a solicitar audiencia de formulación de imputación en contra de Ulises N por la comisión del Delito de Violencia Familiar por 4 hechos en las siguientes fechas: 18 de enero de 2020; 14 de febrero de 2020; 20 de abril de 2022 y 24 de julio de 2023.
Pero del otro lado también había influencias: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea y el gobernador Cuauhtémoc Blanco ya eran excelentes amigos, por lo que el 21 de mayo de 2024, el Juez Guillermo Ortega Castillo dictó auto de No Vinculación a Proceso en favor de Ulises N, quien contrató los servicios de la reconocida abogada Naybi Ríos.
Contra esa resolución, la víctima interpone el recurso de apelación para que una Sala del Tribunal Superior de Justicia revise la resolución del juez Ortega Castillo. El expediente recae en la Tercera Sala, integrada por los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa, Marta Sánchez Osorio y Rafael Brito Miranda, este último quien fuera director jurídico del DIF bajo las órdenes de Cuauhtémoc Blanco.
Luego de un acucioso estudio jurídico, los tres magistrados coincidieron en confirmar el auto de no vinculación a proceso por cuanto a los hechos de violencia familiar que supuestamente ocurrieron en el año 2022 y abril de 2022, sin embargo, echan abajo la resolución del juez de origen por cuanto a los hechos que la víctima dice haber sufrido el 14 de febrero de 2020 y el 24 de julio de 2023.
La Sala concluye diciendo que las discrepancias de que se duele la defensa —en esa etapa procesal— no tienen alcance de desvirtuar el hecho delictivo de violencia familiar ni la probable participación del imputado; “al contrario, arribó a la conclusión de que los datos de prueba proporcionados por la fiscalía son suficientes para considerar que se cometió un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y que conforme a dichas narraciones —a nivel indiciario o de dato de prueba— probablemente fue el quejoso quien lo cometió o participó en su comisión”, dice la sentencia del 4 de noviembre del 2024.
Contra ese veredicto Ulises interpone un juicio de amparo indirecto que corresponde conocer por turno a la jueza Ana Columba Contreras Martínez (quien había llegado al cargo por elección popular en junio del 2024).
El 30 de abril del 2025 la jueza segunda de Distrito en el Estado de Morelos resolvió que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ulises Bravo Molina contra el acto reclamado en el amparo indirecto 1472/2024, cuyo contenido se puede consultar en la página https://sise.cjf.gob.mx.
Contra esa resolución, la defensa de Ulises interpone el recurso de revisión el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 18º. Circuito, y con fecha 22 de abril del 2026 las magistradas Deyanira Martínez y Graciela Ramírez Alvarado, así como el magistrado Juan José Franco Luna (ponente), resuelven que se deje insubsistente la sentencia de la Tercera Sala.
“Con libertad de jurisdicción, en el examen del hecho delictivo de violencia familiar materia de la imputación ministerial, y la posibilidad razonada de la responsabilidad del imputado en su comisión, se pronuncie de manera fundada y motivada, conforme al estudio integral de la totalidad de los datos de prueba allegados por la defensa”, ordenó el Tribunal Colegiado.
Hasta ahí todo iba bien, pero el pasado dos de julio, varios portales difundieron un documento que forma parte del Toca Penal 170/2024-7-14-OP. Se trata del oficio en el que la secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos de la Tercera Sala del TSJ, remite al Juzgado Segundo de Distrito “testimonio autorizado de la resolución dictada por la Tercera Sala de este Tribunal”, lo que fue interpretado como una vinculación a proceso contra Ulises N.
El hermano del exgobernador montó en cólera. En un video que subió a su muro de Facebook asegura que es víctima de un intento de extorsión por parte de su expareja, sus abogados y el exfiscal Uriel Carmona. Luego se fue contra los magistrados, asegurando que Rafael Brito le comentó (en una fiesta) que “había recibido línea de la Gubernatura” para revocar el auto de no vinculación dictado por el Juez.
Al otro día, hizo “un show” al acudir en compañía de sus abogadas al Palacio de Justicia a exigir copia de la resolución en la que, efectivamente, se informa a los tribunales federales que ya se dejó insubsistente el auto del 4 de noviembre del año pasado, y en su lugar se procederá a emitir una diversa. “Si eso me hacen a mí…”, dijo molesto porque lo hicieron esperar mucho tiempo.
Enterado de sus declaraciones, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, se dijo “congratulado” de que él como expresidente estatal del partido Morena ahora se haya declarado como un opositor a este gobierno con todas las implicaciones que eso conlleva “Ya era hora de quitar máscaras”, apuntó.
HASTA MAÑANA.