Don Raúl Iragorri Montoya falleció el 4 de diciembre de 2020 a causa del Covid. El empresario y político morelense era propietario de una gran fortuna, principalmente las cuatro distribuidoras de la marca automotriz Nissan en el estado de Morelos. Estuvo casado con la señora Nidiyare Rivero Silva, con quien procreo cuatro hijos: Nidiyare, Raúl, Gaby, y Bibiana, todos de apellido Iragorri Rivero.
Sin embargo, de todos los antes mencionados, los únicos que se relacionaron con el negocio de la venta de autos fueron los hijos de Nidiyare, quien se casó con José Deguer (hijo de Adolfo Deguer Kado, reconocido empresario que murió en circunstancias extrañas). Ellos son José y André Deguer Iragorri, quienes encabezan Grupo Iragorri.
Durante más de 40 años, el señor Iragorri Montoya mantuvo una relación de concubinato con la señora María Dolores Gómez Acosta, y metió a trabajar a la mayoría de sus hijos, dándoles gerencias de sucursales. Lo que comenzó como una relación laboral, terminó en una cuestión sentimental, aunque nunca se casaron porque Don Raúl nunca se divorció de Nidiyare, quien falleció en enero pasado.
Los empleados recuerdan el conflicto que hubo entre las dos familias desde que Don Raúl enfermó de Covid. La señora Lolita lo llevó al Hospital José G. Parres por recomendación del entonces jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sánz, quien consideró que ahí podían atenderlo muy bien pues contaban con todo el equipo necesario.
Cuando los hijos de Nidiyare se enteraron de que el potentado Raúl Iragorri estaba internado en un hospital público, “pusieron el grito en el cielo” y le reclamaron a la que era su “brazo derecho” en las empresas. De inmediato lo llevaron a un hospital de la Ciudad de México, pero —aunque era muy caro— no contaba con un respirador, así que lo tuvieron que llevar a un tercer nosocomio donde lamentablemente falleció.
Al otro día, los Deguer tomaron el control de las agencias automotrices y corrieron inmediatamente a doña Lolita, a sus hijos y a una veintena de empleados leales a la familia Cervantes Gómez.
Ahí inició el pleito legal por la fortuna de don Raúl. Uno de los episodios más complejos jurídicamente hablando, fue el de la sucursal Cuautla, ya que ese terreno siempre estuvo a nombre de doña Dolores Gómez Acosta.
Ese inmueble lo adquirió don Raúl de forma irregular mediante una escritura pública de esas que algunos notarios se avientan a hacer respecto de bienes ejidales y comunales. Por allá en los ochenta se la compró una señora de apellido Escalona.
Cuando supo que el predio pertenecía al régimen ejidal, buscó a los ejidatarios y pagó porque le cedieran los derechos y se lo entregó a su empleada y concubina.
Se realiza la asamblea de ejidatarios y Lolita queda como dueña del bien y previo a que salga su título de propiedad, que es únicamente la formalización de la asamblea de ejidatarios, fallece don Raúl. Lolita, como su albacea, comienza a hacer todos los trámites para que se les entregara la herencia, obviamente ya sin la Sucursal Cuautla, porque ésta ya le había sido asignado a ella antes de morir. Es lo que ellos, los Deguer Iragorri, no reconocen.
Por eso es que se inicia el juicio de desahucio en el Juzgado Civil de Cuautla, pero un asunto que debía resolverse en seis meses, tardó cinco años para ejecutarse. La razón: los Deguer consiguieron el apoyo de un buen padrino, nada menos que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea.
En un escrito firmado por la propia María Dolores Acosta, dirigido al Pleno del TSJ, ella pide la intervención de todos los magistrados y magistradas “para investigar y detener la red de corrupción integrada por la pareja presidencial de Luis Jorge Gamboa Olea y Vanessa Gloria Carmona Viveros y los jueces Martha Lorena Ortega Hernández, Yuriana Arias Oropeza y Alejandro Hernández Arjona por delitos cometidos en contra de la administración de justicia (hechos que también denuncié ante la Fiscalía Anticorrupción)”.
A pesar de todos los recursos, quejas y denuncias presentadas por la señora Dolores, ese expediente no se movió durante cinco años. Hasta que Jorge Gamboa Olea dejó de ser presidente.
Ya sin su protección, el pasado 23 de abril se llevó a cabo el desalojo de los vehículos y muebles de oficina que permanecían en la sucursal Cuautla.
Según los Deguer, “quienes operaron este litigio es un matrimonio con injerencia directa en el mismo asunto y un claro conflicto de interés, debido a que una integrante del órgano de administración es quien toma decisiones clave dentro del procedimiento que derivó en el desalojo, y su esposo, abogado, es el litigante de la parte contraria, impulsando la estrategia jurídica contra Grupo Iragorri”.
Lo anterior fue rechazado tajantemente por Alfonso González Mendizabal, que es el único abogado que ha llevado este caso desde sus inicios. Ninguno más aparece en los expedientes.
Fue él, González Mendizabal, quien redactó los amparos indirectos y solicitudes de revisión ante los juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, para exigir que se ejecutara una orden de desahucio en la que ya se había demostrado que la señora Dolores tenía la razón.
Quizás sólo fue una afortunada casualidad, que cuando se fue Gamboa Olea y llegó el nuevo Órgano de Administración de Justicia, se diluyó el manto de protección que tenían los Deguer Iragorri y se aplicó la ley al pie de la letra.
Sin embargo, todo parece indicar que esta guerra jurídica apenas comienza.
HASTA EL LUNES.