A lo largo y ancho de todo el país la organización Article 19 ha documentado una gran cantidad de casos en los que el actual gobierno federal, y varios estatales, han intentado amedrentar al gremio periodístico con procesos judiciales que, si bien no han logrado meter a la cárcel o despojar de sus bienes a ninguna persona que se dedique al periodismo, sí han podido intimidar en gran medida a los comunicadores, sobre todo aquellos que les resultan incómodos.
A finales del año pasado, la organización internacional denunció el “uso faccioso” de procesos legales como herramientas de censura en México para periodistas y medios de comunicación, lo que calificó como una tendencia alarmante que amenaza la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con su más reciente informe ‘Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México’, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación.
Artículo 19 explicó que el acoso judicial, conocido internacionalmente como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar a los periodistas a través de demandas civiles, penales, electorales o administrativas.
Este patrón, señaló, implica un “uso faccioso” de las leyes para inhibir la crítica, eliminar publicaciones incómodas y mandar un mensaje colectivo de censura. El acoso judicial se ha expandido a 17 estados del país. Veracruz encabeza la lista con 10 casos, seguido por Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
En todos estos casos, Artículo 19 advirtió que estas acciones constituyeron un intento de censura a través del litigio. “Este es un riesgo para el ejercicio periodístico: sentar un mal precedente donde la violencia política en razón de género se utiliza como ardid para evadir críticas, cuestionamientos y escrutinio público a los que están expuestos los personajes que ejercen cargos públicos”, señala la periodista independiente Rubí Soriano, citada en el reporte.
En Morelos, una compañera de La Unión de Morelos fue víctima de este uso faccioso de las instituciones encargadas de perseguir los delitos durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, al ser detenida por policías judiciales acusada de “difamar” a un profesor. Afortunadamente la difamación ya no aparece en el Código Penal como conducta delictiva, pero la Cuarta Transformación ha intentado regresarla a través de diversos “disfraces”.
Desde que los delitos de difamación y calumnias fueron eliminados del Código Penal Federal en 2007 y posteriormente derogados en la mayoría de las entidades federativas, diversos actores políticos, funcionarios públicos y particulares han recurrido a otros tipos penales o figuras jurídicas para denunciar a periodistas sin tener que invocar directamente la difamación.
Uno de los delitos más utilizados ha sido el de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aunque esta figura fue creada para proteger los derechos político-electorales de las mujeres frente a agresiones, amenazas o discriminación, organizaciones como Artículo 19, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversos especialistas han advertido que en algunos casos se ha empleado contra periodistas que publican investigaciones sobre candidatas, funcionarias o legisladoras. La controversia radica en que algunos procedimientos han buscado retirar publicaciones periodísticas, imponer disculpas públicas o inscribir a comunicadores en registros de sancionados, aun cuando la información difundida se refiera a asuntos de interés público.
Otro delito que aparece con frecuencia es el de discriminación. En algunas entidades federativas se han presentado denuncias argumentando que determinadas publicaciones periodísticas constituyen expresiones discriminatorias. Aunque la protección contra la discriminación es un objetivo legítimo, defensores de la libertad de expresión han señalado que esta figura puede ser utilizada indebidamente cuando se pretende castigar opiniones o investigaciones periodísticas sobre servidores públicos.
En Morelos no habíamos tenido intentos de este tipo, al menos no de la Fiscalía. Pero parece ser que “alguien” abusó de la buena fe del titular Fernando Blumenkron Escobar con fines personales.
Imagínese que usted es periodista crítico de la actual administración estatal y un buen día llegan policías ministeriales armados y le dejan un documento que dice que en ese momento “procedo a levantar la presente constancia con motivo de notificar el acuerdo de medidas de protección (…) ya que la psicóloga adscrita a esta institución determina que la pasivo es víctima de la violencia psicológica por parte de sus agresores”, y lo emplazan para que comparezca a una audiencia judicial.
Resulta que una mujer (hija de un alto funcionario de la Fiscalía) denunció a su pareja por violencia familiar, y el periodista publicó en medios electrónicos el caso, señalando los evidentes influyentismos con que se estaban conduciendo. Indebida y perversamente, la agente del MP puso en la misma carpeta tanto al presunto golpeador como al periodista.
El colega tuvo que comparecer a una audiencia en la que —extrañamente— el agente del Ministerio Público retiró la petición de que se le formularan medidas de protección y el Juez no aceptó que se le conminara a no publicar sobre el caso, como pretendía su asesor jurídico. Al parecer, en alguien cupo la prudencia y se dio cuenta que lo que estaban pretendiendo hacer era un acto de intimidación que va en contra de la libertad de expresión consagrada en nuestra constitución.
Pero en cualquier momento lo pueden volver a intentar en contra de cualquiera de nosotros, y entonces va a ser necesario que nos unamos como lo hicieron los abogados que se manifestaron para defender a uno de los suyos al que le sembraron un arma.
La libertad de expresión es un derecho humano que debe ser garantizado por los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno, y las Fiscalías no pueden ser utilizadas para fines políticos o personales.
HASTA MAÑANA.