Recientemente, el Tribunal de Justicia Administrativa condenó al Gobierno del Estado de Morelos al pago de $2,250,109.80 (dos millones doscientos cincuenta mil ciento nueve pesos 80/100 M.N.) por la contratación de 17 tráileres para transportar “bienes muebles” procedentes del Centro Federal de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas con destino a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Lo extraño del caso es que el contrato fue firmado una semana antes de que concluyera el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, y no existen pruebas de que se haya realizado el servicio contratado.
De acuerdo con el contrato DGPAC/SER52/2024 en poder de este columnista, seis días antes de que comenzara el sexenio de la actual gobernadora se adjudicó a la empresa Transportes Especializados Ruga, S.A. de C.V. un servicio de transporte en el que nunca se menciona por qué se requiere dicha prestación.
El contrato tiene por objeto la “contratación del servicio de fletes y maniobras para el traslado de bienes muebles del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 «Noreste», ubicado en Matamoros, Tamaulipas, hacia los centros penitenciarios del Estado de Morelos”. El contrato fue adjudicado mediante un procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional, después de que un primer procedimiento fuera declarado desierto y se realizara una segunda invitación.
El instrumento fue celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto de la entonces Comisión Estatal de Seguridad Pública, representada por diversos servidores públicos competentes en materia de adquisiciones, desarrollo institucional y centros penitenciarios, y la empresa Transportes Especializados Ruga, S.A. de C.V., representada por su administradora única, Bertha García Chávez.
Firmaron el documento Rocío Grajales Méndez, coordinadora de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública; Alejandro Cornejo Ramos, director general de Centros Penitenciarios de la CES; Óscar González Marín por la Dirección Jurídica de la misma institución y Efrén Hernández Mondragón, director general de Procesos para la Adjudicación de la Secretaría de Administración.
Con fecha 4 de octubre de 2024 (cuatro días después de iniciado el presente sexenio) la empresa mencionada exige el pago de una factura por $2,250,109.80 por concepto de 17 fletes.
Cuando llega Miguel Ángel Urrutia Lozano a la CES pregunta dónde están los muebles que fueron traídos del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 «Noreste», cerrado en definitiva desde diciembre de 2020. No se encontró nada en las instalaciones de la Coordinación Penitenciaria ubicadas junto al Penal de Atlacholoaya.
Sólo se encontraron algunos arcos detectores de metales en las instalaciones del nuevo centro penitenciario que se ubica a un costado de la Fiscalía General de la República y la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía Estatal.
Asimismo, se encontró el oficio CES/CSP/1024/08/2024, dirigido al Comisario General David Córdoba Campos, comandante de la Guardia Nacional, en el cual se solicita designe personal de esa corporación, “para brindar seguridad y acompañamiento por cordilleras de dos vehículos de carga, que transportarán bienes y equipos tecnológicos, asignados a los Centros Penitenciarios del Estado de Morelos, para el cumplimiento de la reinserción social”.
Lo extraño es que en ese oficio le mencionan que el acompañamiento se realizaría vía terrestre el día 29 de agosto del 2024, a las 10:00 horas, partiendo del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 «Noreste» en Matamoros Tamaulipas, siguiendo por Monterrey Nuevo León, Matehuala, San Luis Potosí, Santiago de Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y finalizando en Centro de Investigaciones Federal Tres (CIF 3) Plan de Ayala, México 95D, colonia Ricardo Flores Magón, de Cuernavaca.
De los otros 15 fletes no hay nada. Ante esta situación, la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ordenó que se iniciara un procedimiento para rescindir el contrato mencionado, bajo el oficio número SSyPC/DGJ/3889/2024-JLUC, signada por Oscar González Marín, director general Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La resolución le fue notificada a la empresa el 30 de diciembre del 2024.
Contra esa resolución, la empresa Transportes Especializados Ruga, S.A. de C.V. acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos para solicitar que se anule la determinación de la Dirección Jurídica de la SSPC.
El juicio de Interpretación, Cumplimiento, Rescisión o Terminación de los Contratos de Naturaleza Administrativa, identificado con el número de expediente TJA/4ªSERA/JICRTC-020/2025 recayó en la Cuarta Sala del TJA con el magistrado Manuel García Quintanar. La demanda fue admitida por auto de fecha 21 de enero de 2025.
En septiembre del año pasado, el Pleno del TJA emitió la siguiente sentencia:
“Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa de fecha 26 de diciembre de 2024, signada por el Lic. Oscar González Marín, director general Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos; lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de la materia, al estar dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.
“En consecuencia de la nulidad declarada, se queda sin efectos la imposición de garantía de cumplimiento que se exige en la resolución administrativa de fecha 26 de diciembre de 2024; y por ello, se condena a las autoridades demandadas a realizar el pago de la cantidad de $2,250,109.80 (dos millones doscientos cincuenta mil ciento nueve pesos 80/100 M.N.) por los servicios que fueron brindados a la Coordinación del Sistema Penitenciarios del Estado de Morelos, esto es, el pago de 17 fletes, que la autoridad demandada se obligó mediante el contrato número DGPAC/SER52/2024, de fecha 23 de septiembre de 2024”.
Lo anterior, a pesar de que no hay pruebas de que se hayan realizada los 17 viajes y que nada se sepa de lo que transportaron dichos tráileres de 20 toneladas cada uno.
HASTA MAÑANA.