De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Antonio Domínguez Aragón fue detenido a las dos de la madrugada de ayer en su domicilio ubicado en el municipio de Ayala, Morelos. Fue diputado local por el XVI Distrito Local y presidente municipal de esa localidad de 2016 a 2018, pero todo parece indicar que su captura se deriva de su participación como presidente de una organización civil denominada Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias “General Eufemio Zapata Salazar”, mejor conocida como ASURCO.
ASURCO surgió formalmente en 1994, cuando el Gobierno Federal transfirió a los usuarios la administración de parte de la infraestructura del Distrito de Riego 016. A partir de entonces, los propios productores asumieron tareas que antes realizaba el Estado, como el mantenimiento de canales, compuertas, presas derivadoras y demás obras hidráulicas necesarias para el reparto del agua.
Queriendo hacer un bien a los campesinos, el gobierno creó una “manzana de la discordia” que a lo largo de los años ha provocado conflictos sociales que incluso ha provocado muertes violentas y atentados.
El propio Domínguez Aragón fue víctima de un ataque a balazos en 2024 cuando estaba en funciones del que afortunadamente sobrevivió, pero su sucesora en el cargo, Carolina Plascencia Carvajal, no corrió con la misma suerte.
En septiembre del año pasado, ella viajaba en un Volkswagen Polo blanco cuando fue interceptada por dos motociclistas y un vehículo desde donde le dispararon en repetidas ocasiones sobre la carretera Cuautla–Ex Hacienda El Hospital, a la altura del crucero de Puxtla. Vecinos alertaron a las autoridades, que al llegar confirmaron su muerte.
El homicidio se suma a otros relacionados con la defensa del agua, como el de Francisco Vázquez, integrante del Consejo de Vigilancia de Asurco, asesinado en febrero de 2022 tras denunciar irregularidades en la entrega de agua para la termoeléctrica de Huexca, municipio de Yecapixtla.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala denunció que desde la implementación del Proyecto Integral Morelos (del que es parte la termoeléctrica de Huexca) “el crimen organizado avanzó en zonas de conflicto, consolidando un narcoestado que impone el proyecto”.
Pero el primer homicidio que marcó profundamente el conflicto ocurrió el 20 de febrero de 2019, cuando fue asesinado el activista y comunicador indígena Samir Flores Soberanes en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac.
Samir era uno de los principales opositores al PIM y había cuestionado públicamente el proyecto pocos días antes de una consulta impulsada por el Gobierno Federal. Fue atacado a balazos frente a su domicilio. A la fecha, el caso sigue siendo un símbolo nacional de la violencia contra defensores del territorio y aún existen cuestionamientos sobre la identificación de los autores intelectuales.
Y aunque la Fiscalía General de la República no ha emitido información oficial al respecto (su vocero, Ulises Lara, está entretenido haciendo dinámicas en Facebook para regalar libros) ha trascendido que la detención del ex alcalde de Ayala es la primera de varias que se avecinan como consecuencia de la captura de Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”.
Recuérdese que fue precisamente “La Tripa” quien comenzó con esta “diversificación” de actividades de los grupos delincuenciales que antes se dedicaban sólo al tráfico de drogas, pero que desde hace años incursionan en la operación de sistemas de Agua Potable.
Esta modalidad la iniciaron en el estado de Guerrero, y en Morelos comenzaron con la capital con el SAPAC, donde establecieron una “doble contabilidad” en la que los pagos en efectivo que se recibían en las cajas eran divididos: una parte para el organismo operador y otra para el grupo delincuencial que había “obtenido la concesión”.
Algo parecido debió haber hecho con la cuenca del Río Cuautla, que provee del vital líquido a agricultores, balnearios y empresas fuertes como Curtidos Temola y la Termoeléctrica a la que se oponía el activista Samir Flores, quien fuera asesinado afuera de su casa y que mucha gente asegura que fue un político de talla nacional el que contrató a sicarios para que lo quitaran de en medio “para quedar bien con el presidente López Obrador” que simpatizaba con el proyecto de la empresa española.
Esos sicarios serían parte del “Comando Tlahuica” que manejaba Homero Figueroa para controlar a toda la región oriente y los altos de Morelos, obligando a los alcaldes —como los tres detenidos hasta ahora— a poner en las áreas de seguridad pública y finanzas, así como en los sistemas operadores de Agua Potable, a gente de su confianza que le compartía las ganancias.
Adicionalmente, existe una fuente de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el grupo de ejidatarios que manejan ASURCO. En enero pasado, integrantes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) exigieron una auditoría y rendición de cuentas sobre los recursos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega anualmente a la organización, al denunciar presuntas irregularidades en el manejo de estos fondos.
Si se quiere llegar al fondo del asunto, se tiene que investigar tanto a los directivos de ASURCO como a la gerencia de la paraestatal porque el fruto de la corrupción se la reparten entre todos.
A ver cuántos alcaldes y funcionarios municipales caen como resultado de las declaraciones de las personas detenidas y que pidieron acogerse a un “criterio de oportunidad”.
HASTA EL LUNES.