Lo que está ocurriendo en Cuautla y Yecapixtla encaja en un fenómeno nacional mucho más amplio: el crimen organizado ya no solamente disputa territorios, drogas y rutas; también disputa algo mucho más elemental y peligroso, la fuerza de trabajo de una generación de jóvenes.
Ayer, en su visita al Congreso Local para exigir transparencia en el proceso de selección de la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Auxilio y Reparación a Víctimas (CEARV), fue entrevistada sobre este tema Edith Hernández Torres, representante del Colectivo Regresando a Casa Morelos.
Sus declaraciones “nos erizaron la piel” y nos obligaron a buscar información sobre el tema.
Según su denuncia, en la zona oriente hombres armados descienden de camionetas para reclutar jóvenes de entre 16 y 25 años. Algunos son privados de la libertad y obligados a realizar actividades para los grupos delincuenciales. Desde 2024, asegura, el colectivo ha documentado diez casos de jóvenes presuntamente explotados por la delincuencia organizada. Y probablemente esos diez casos sean apenas la parte visible de un fenómeno mucho mayor, porque muchas madres buscadoras no denuncian por miedo.
Ese último dato es quizá el más importante. Cuando una familia tiene miedo de acudir a una Fiscalía porque teme las consecuencias de denunciar a quienes se llevaron a su hijo, la estadística oficial deja de ser una fotografía de la realidad y se convierte apenas en un registro parcial de ella.
Desde marzo del año pasado, la titular del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUPJA), Adriana Pineda Fernández, había advertido sobre este grave problema. La propia magistrada había advertido que los grupos criminales utilizan redes sociales para atraer y engañar a jóvenes mediante falsas oportunidades laborales.
La dimensión nacional resulta todavía más inquietante. De acuerdo con el Balance Anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante 2024 entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos en los que suele existir participación de la delincuencia organizada. La propia Redim advierte que estos casos pueden considerarse indicadores de posibles víctimas de reclutamiento forzado. El número más alto, mil 84 casos, representó un incremento de 20.6 por ciento respecto de 2023, cuando se contabilizaron 899. Estado de México, Sonora y Chihuahua concentraron los mayores registros.
La diferencia entre 388 y mil 84 no es un error menor: refleja precisamente la dificultad de medir un fenómeno que ocurre en la clandestinidad y que no siempre llega a las autoridades con la etiqueta de «reclutamiento forzado». Muchas veces aparece estadísticamente como desaparición, privación ilegal de la libertad, secuestro o incluso como un adolescente involucrado en algún delito.
El problema es que detrás de cada una de esas categorías puede existir una historia semejante a la que denuncian las madres buscadoras de Morelos.
Jalisco ofrece el ejemplo más contundente. En 2025, un informe de la Universidad de Guadalajara basado en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mostró que las desapariciones de adolescentes de entre 15 y 19 años habían aumentado 63.6 por ciento entre mayo de 2023 y mayo de 2025. En el mismo periodo, las desapariciones de niñas y niños de entre 10 y 14 años crecieron 72 por ciento.
La alarma no se limita a los números. En los primeros cuatro meses de 2025, Jalisco registró 122 desapariciones de personas de entre 15 y 19 años, de acuerdo con ese estudio de la Universidad de Guadalajara. Organizaciones civiles señalaron entonces que una de las hipótesis principales era el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
El caso de Jalisco permitió además observar la transformación del método. Ya no necesariamente se trata de un grupo armado que llega físicamente por un joven. Ahora también puede llegar mediante un teléfono celular.
Ofertas de empleo difundidas en Facebook o TikTok prometen salarios elevados, hospedaje y trabajos aparentemente sencillos. El joven acepta, abandona su comunidad y después descubre que la oferta laboral era una trampa. Investigaciones periodísticas sobre los centros de entrenamiento vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación documentaron precisamente ese mecanismo.
En julio de 2026, la situación volvió a quedar expuesta cuando organizaciones civiles de Jalisco denunciaron que los grupos criminales estaban buscando incluso a adolescentes de entre 13 y 16 años. Entre el 11 de junio y el 11 de julio se registraron 165 nuevas denuncias de desaparición en la entidad, 43 de ellas correspondientes a menores de edad.
Es decir, el fenómeno parece estar bajando en edad.
Eso debería obligarnos a mirar con otros ojos lo que ocurre en Morelos. Porque si en Cuautla y Yecapixtla se habla actualmente de jóvenes de 16 a 25 años, no existe ninguna garantía de que la frontera de edad permanezca ahí. De hecho, la experiencia documentada en otras entidades apunta precisamente en sentido contrario.
La denuncia de Edith Hernández Torres sobre las madres que prefieren no acudir ante las autoridades porque temen represalias explica por qué las cifras pueden ser engañosas. La desaparición de un joven puede convertirse así en una tragedia doble: primero desaparece la persona y después desaparece su caso de la estadística.
No podemos hacer nada para que aparezcan esos jóvenes que quizás ya estén muertos, más que apoyar moralmente a esas mujeres que siguen buscando a sus hijos y exigiendo justicia. Lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros, los que tenemos hijos, sobrinos, nietos, amigos, es estar más al pendiente de lo que hacen los adolescentes frente a sus computadoras.
No está de más cerciorarnos de con quién hablan en juegos como el “Call of Duty” que está muy de moda, y que permite la interacción en tiempo real. Y usted, estimado lector ¿ya sabe con quién habla su hijo a través de la computadora?
HASTA MAÑANA.