En los últimos años hemos sostenido que la Transparencia en Morelos vive su peor época, no sólo por la resistencia de los sujetos obligados a transparentar el uso de sus recursos, sino también por la tendencia de los últimos titulares del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) de consentir a esas dependencias que se burlan de la Ley de Acceso a la Información.
A partir de Dora Ivonne Rosales Sotelo y Marco Antonio Alvear Sánchez (QPD), el IMIPE se convirtió en un órgano otorgador de premios y reconocimientos a las dependencias gubernamentales y ayuntamientos por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.
El Dr. Hertino Avilés Albavera tuvo que entrar como emergente a la presidencia de dicho instituto por un hecho sin precedentes a nivel nacional: nunca antes y en ningún estado de la República había sido asesinado un presidente del órgano garante del derecho a la información.
Su cobarde asesinato a plena luz del día y en pleno centro de Cuernavaca, sigue siendo un estigma bastante negativo para el fiscal Uriel Carmona. Si resolviera ese caso (o el de la diputada Gabriela Sánchez Marín), mejoraría mucho la percepción ciudadana a favor de la Fiscalía, pero ese es un tema que ya abordaremos aparte.
Hoy les queremos presentar un ejemplo que demuestra claramente las dificultades que enfrenta una persona, ya sea física o moral, que inicia una solicitud de información pública ante un sujeto obligado y que ante la negativa de éste, recurre al IMIPE para exigir que se haga efectiva la obligatoriedad contemplada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
El jueves 4 de marzo de 2021 los integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la LIV Legislatura del Congreso de Morelos, hicieron público el listado de aspirantes inscritos a las convocatorias para el proceso de selección al cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del estado de Morelos.
“En ejercicio de mi derecho de acceso a la información, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deseo conocer el currículum vitae de cada uno de los aspirantes para el proceso de selección de cargo a magistradas y magistrados del TSJ y TJA”, pidió el ciudadano Carlos Quintero Juan, a través de la solicitud que quedó registrada con el folio 00194621.
El Congreso contestó a través de la entonces titular de la Unidad de Transparencia, Gisela Salazar Villalva, que “en virtud de que los aspirantes a ocupar las magistraturas en mención, no manifestaron expresamente su voluntad de que sus curículum fueran publicitados y en virtud de contener los mismos datos personales, por lo cual se contempla que será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho, de ahí el impedimento legal para poder proporcionar dicha información, sin mediación y autorización de los titulares de la misma…”.
El 26 de mayo de 2023 (nótese que transcurrieron ¡casi dos años!) el Pleno del IMIPE resolvió el recurso y consideró que, si bien Gisela Salazar había hecho las solicitudes correspondientes, la Junta Política y de Gobierno, fue la que se negó a entregar la información requerida.
“Lo anterior, demuestra que la titular de la Unidad de Transparencia realizó diversas gestiones y el titular de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, no apega su actuación al principio de profesionalismo que debe primar en el funcionamiento de los sujetos obligados, en observancia de la ley de la materia, y respecto al actuar de todos los servidores públicos adscritos a los sujetos obligados”, dice el documento en poder de este columnista.
“Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se revoca totalmente la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en fecha diez de marzo de 2022, a la solicitud de información pública presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 00194621 y, en consecuencia, es procedente requerir a quienes actualmente ostenten el cargo de presidente y secretario técnico de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, a efecto de que sin más dilación remita a este instituto la información”, agrega.
La resolución tiene fecha 26 de mayo de 2023 y supuestamente fue aprobada por los cinco integrantes del Pleno del Instituto. Sin embargo, sólo trae la firma autógrafa de los comisionados Hertino Aviles, Roberto Yáñez, Xitlali Gómez y Karen Flores. Como ya es del dominio público, Marco Antonio Alvear Sánchez fue asesinado el 21 de marzo de 2024.
Por eso es que, la resolución que fue entregada al ciudadano Carlos Quintero, trae la siguiente anotación:
“El 1 de abril del 2024, el licenciado Raúl Mundo Velazco, secretario ejecutivo del IMIPE, certifica que la presente foja es parte integrante de la resolución aprobada por unanimidad de votos del Pleno del órgano garante en el expediente RR/0721/2021-III/2021-4, para hacer CONSTAR QUE LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA por parte del maestro en Derecho, Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente del IMIPE, obedece a la carga de trabajo que hasta esta fecha permite el engrose al expediente así como a un caso de fuerza mayor ocurrido en agravio del funcionario citado, lo que en nada afecta la emisión del voto respectivo ni el sentido de la votación con carácter aprobatorio que en el momento procesal y administrativo ejerció en la sesión correspondiente en la cual se aprobó, al margen de que la competencia de este instituto se ejerce de manera colegiada”.
Como podrá observarse, el ciudadano realizó su solicitud en marzo del 2021; el Congreso contestó en marzo de 2022 que no podía proporcionar la información; el IMIPE resolvió el recurso en mayo de 2023 pero el engrose estuvo listo hasta abril del 2024, cuando uno de los consejeros ya había muerto, y fue notificado en julio pasado. Por lo visto, lo suyo del IMIPE no es la rapidez, y el Congreso local sigue siendo el campeón de la opacidad.
La llegada de Hertino Avilés a la presidencia del IMIPE dio un impulso importante en materia de administración de recursos y resolución de recursos de inconformidad de los peticionarios, sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Será fundamental el apoyo de la nueva gobernadora, Margarita González Saravia, y el de la LVI Legislatura Local para sacar adelante una institución tan importante en materia de transparencia.
Esperemos que la nueva jefa del Ejecutivo estatal no traiga las ideas de su líder máximo de que estos órganos son oneroso e innecesarios, porque entonces sí, “ya valimos”.
HASTA MAÑANA.