La polémica reforma judicial en México, que plantea que los jueces sean elegidos mediante voto popular, está bajo el escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Varias organizaciones civiles han advertido que esta reforma afecta los derechos laborales y la independencia de los juzgadores. La primera audiencia, celebrada en Washington, mostró posturas encontradas: mientras el gobierno defendió la enmienda como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, los comisionados de la CIDH manifestaron preocupaciones sobre el riesgo de politización y la posible vulnerabilidad del sistema judicial frente a intereses externos.
Antonio Montero, representante del gobierno mexicano, defendió que la reforma busca devolver la confianza del pueblo en el sistema de justicia. Argumentó que es una respuesta a problemas como nepotismo, corrupción y decisiones judiciales controvertidas que han desatado descontento social. Sin embargo, los comisionados de la CIDH, como Roberta Clarke y Andrea Pochak, cuestionaron la propuesta: señalaron que una elección popular de jueces podría comprometer la imparcialidad de la justicia y exponer a los juzgadores a presiones de actores de poder. Además, criticaron la remoción masiva de funcionarios judiciales, uno de los puntos más controvertidos de la reforma, y señalaron la falta de estudios que sustenten el proyecto.
Carlos Bernal, otro comisionado, fue más directo en sus críticas. Describió la reforma como un “manual de constitucionalismo abusivo”, similar a las acciones de gobiernos autoritarios para desmantelar los contrapesos al Ejecutivo. Bernal cuestionó la intención de Morena, partido en el poder, de llevar la elección de jueces al voto popular, a pesar de que ya cuenta con una mayoría legislativa.
Por su parte, Montero destacó los supuestos beneficios de la reforma, como la capacitación constante de los jueces y la prohibición de que reciban apoyo partidista en campañas. También criticó los paros laborales convocados por los jueces en México, argumentando que su resistencia podría representar un conflicto de interés, y afirmó que no se han registrado violaciones a derechos humanos tras la implementación de la reforma.
La CIDH sigue en proceso de consulta y análisis antes de emitir una resolución final. Si la decisión resultara desfavorable para México, el país podría recibir una recomendación o condena. Sin embargo, lo más seguro es que dicha resolución no sería acatada, dado que Morena ha cuestionado la legitimidad de organismos como la OEA y la CIDH, a los que considera instrumentos de élites conservadoras.
Luego entonces, todo parece indicar que estamos ante una “crónica de una derrota anunciada”. Sin embargo, la semana pasada se publicó en la revista Nexos una opinión de Juan Jesús Góngora Maas, exabogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y funcionario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que nos parece muy interesante:
La jurisprudencia interamericana no impone (o hasta este momento no existe) un modelo específico de selección, nombramiento y destitución de jueces. Por el contrario, lo que reiteradamente ha indicado la Corte IDH es que estos procesos “deben ser coherentes con el sistema político democrático en su conjunto”.
Esta aseveración puede tener dos lecturas desde la Carta Democrática Interamericana. Por un lado, un modelo democrático coherente puede significar separación absoluta de poderes, en donde ni el legislativo ni el ejecutivo, intervengan en cualquiera de las etapas del proceso de selección, nombramiento o destitución o que haciéndolo encuentren ciertos límites (por ejemplo, que sólo se limiten a los integrantes de Altas Cortes pues no tendrían un superior jerárquico). Este es el escenario que tradicionalmente ha conocido la Corte Interamericana cuando se ha pronunciado sobre ceses o destituciones arbitrarias mediante juicios políticos iniciados y concretados en los poderes legislativos.
Sin embargo, también existe una segunda lectura, el sistema coherente democrático también involucra “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”. Es en esta segunda lectura que la elección de jueces, por voto popular, podría ser aceptado convencionalmente, según el punto de vista del jurista Jesús Góngora.
El estudioso del derecho sostiene que, aunque existen pronunciamientos sobre la independencia judicial en el ámbito internacional, la reforma mexicana es un caso sui generis, que, dada sus particularidades, no es posible arribar –en todos sus extremos- que sea completamente inconvencional.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó en su rueda de prensa matutina a la CIDH por acoger esta audiencia y defendió que “México es un país libre, soberano e independiente y el pueblo de México decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son las reformas constitucionales”.
“Llama la atención, desde mi punto de vista, la rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!”, expresó. Y en eso sí tiene razón.
Es evidente que la presidenta Sheinbaum continuará con la misma línea de su antecesor. En su momento, López Obrador cuestionó la actuación de organismos internacionales en materia de derechos humanos y de algunas organizaciones no gubernamentales en esta materia, integrados supuestamente por sacerdotes progresistas. En varias ocasiones acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no realizar sus labores de manera profesional y aunque dijo que México se mantendrá dentro del Pacto de San José, los instó a visitar al país pero no actuar de manera tendenciosa, afirmando que no son confiables.
Luego entonces, no es difícil saber cuál será la reacción de la mandataria mexicana ante la posibilidad de que la CIDH emita un veredicto en contra del Estado Mexicano.
HASTA MAÑANA.