Nuestra pequeña “estafa maestra”

No son los siete mil millones de pesos que “desaparecieron” en la llamada “Estafa Maestra”, pero sí 45 millones que el Congreso del Estado de Morelos autorizó para que mujeres “jefas de familia” se encargaran de proveer uniformes escolares a los alumnos de Primaria, dinero que simplemente “se esfumó” sin que existan sanciones para los responsables.

A mediados del 2017, cuando estaban por terminar su capacitación en incubación de empresas y uso de máquinas de coser, las “jefas de familia” recibieron una gran noticia: antes de tener formalizada su empresa e incluso sin contar aún talleres,  ya tenían su primer cliente.

No lo podían creer: el gobierno de Morelos había decidido que fueran ellas las proveedoras del Instituto de Educación Básica del Estado Morelos para hacer los uniformes gratuitos autorizados por el Congreso.

“Nos emocionamos mucho. Se creó una comisión de administración con la finalidad de buscar proveedores de telas, hilos, todo lo necesario. Vinieron representantes de empresas textiles de Puebla, del estado de México y hasta un colombiano. Nos sentíamos realmente empresarias”, narra otra de las beneficiarias que pidió el anonimato.

Durante la primera etapa quien se encargó del proyecto por parte de SEDESO fue Azucena Rebollo. A partir de que se informó que serían proveedoras de los uniformes escolares tomó su lugar Fátima Dayana López Castañeda, directora de gestión social y economía solidaria de SEDESO, brazo derecho de la titular, Blanca Almazo.

Pero entonces comenzaron a suceder cosas “extrañas”. Las mujeres de aspecto humilde comenzaron a ser sustituidas por señoras “que llegaban en carrazos y que dominaban totalmente los términos de la elaboración de prendas de vestir”.

Según el testimonio de las entrevistadas, el programa de apoyo a jefas de familia se convirtió en el negocio de unas cuantas mujeres -entre funcionarias y empresarias- que buscaban quedarse con el dinero que el gobierno estatal había entregado al IEBEM.

“Las empresarias metieron a sus trabajadoras como beneficiarias del programa, y eso no era tan malo, porque de no haber sido así, ¿cómo haríamos los 198 mil uniformes que nos estaban pidiendo entre 500 mujeres que medio sabíamos coser?”, comenta otra de las entrevistadas.

Fueron ellas, las mujeres con aspecto de empresarias las que decidieron que no podían hacer un trabajo de esta magnitud trabajando en grupos de seis cada quien en su comunidad.

Es así como surgen los “centros de producción” ubicados en Cuernavaca, Temixco, Jojutla y otros lugares en el interior del estado. Lo que hicieron fue juntar a los grupos de beneficiarias con sus respectivas máquinas en inmuebles grandes, y ponerlas a trabajar como si fueran sus empleadas.

Uno de estos centros de producción se instaló en la parte baja del edificio que ocupan las oficinas de la SEDESO. Ahí, las mujeres que aspiraban a ser empresarias terminaron siendo prácticamente obreras, con un horario de trabajo y una meta que debían cumplir.

“Al momento de darnos la maquinaria nos hicieron firmar un documento en el que nos comprometíamos a permanecer tres meses en un inmueble al que llamaban centro de costura, indicándonos que la SEDESO pagaría la luz y la renta, y que después de esos tres meses teníamos la opción de salirnos de ahí o permanecer”, relata una beneficiaria de Temixco.

Las mujeres entrevistadas por este medio de comunicación, dijeron estar conscientes de que los uniformes no tenían la calidad deseada, pero aseguran que no fue su culpa.

Relatan que cuando les hicieron creer que serían empresarias proveedoras del IEBEM, ellas buscaron las mejores telas, hilos, botones y cierres de calidad, y ya tenían definida su lista de proveedores.

“Pero un buen día llegó una señora que dijo llamarse Yaneli Fontés Pérez, y nos dijo que el IEBEM ya tenía designado a su proveedor, nos gustará o no nos gustara. Y la verdad resultó pésimo”.

Explican las entrevistadas que en virtud de que no se tenía el equipo ni los conocimientos necesarios para hacer los uniformes desde su primera etapa, se determinó que se compraran las telas ya cortadas, de tal manera que las costureras sólo se dedicaran a coser y pegar cierres y botones.

“El proveedor del IEBEM prometió que sus telas vendrían cortadas con laser, y que nos proporcionaría un graduador de moldes para sacar tallas. Al final, las telas venían seccionadas con cortadoras manuales y las tallas cambiadas”.

-Y qué pasó con el centro de producción que estaba debajo de las oficinas de SEDESO?- preguntamos a una beneficiaria.

-Un día llegó un señor que dijo ser el dueño del edificio y comenzó a regañar a todos. Parece que no sabía que ese lugar estaba siendo utilizado como taller de costura. Fátima nos dijo que debíamos desalojar el inmueble y seguir trabajando en nuestras casas. Pero cuando ocurrió eso ya casi terminábamos con los uniformes que nos habían encargado, luego vino el cambio de gobierno y ahora ya no sabemos nada.

En el caso de las mujeres que trabajaban en el centro de producción de Temixco, la situación fue peor:

“Cumplido el plazo de los tres meses, quisimos salirnos del inmueble que rentaba la SEDESO y nos amenazaron con quitarnos las máquinas. Algunas compañeras ya no fueron a trabajar por miedo y sus máquinas se las quedaron las encargadas. Las que lograron llevarse sus máquinas están siendo hostigadas para que regresen a trabajar obviamente con sus máquinas. Las que nos quedamos nos hicieron firmar un contrato de permanencia por doce meses más”

En las páginas de transparencia de las dependencias mencionadas no hay dato alguno que permita conocer el destino final de los 45 millones de pesos autorizados por el Congreso para los uniformes escolares gratuitos. Hasta los boletines oficiales fueron borrados de sus respectivas páginas de internet.

Por su parte, los titulares tanto de la SEDESO como del IEBEM en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, Gilberto Alcalá Pineda y Eliacín Salgado de la Paz, respectivamente, dijeron en su momento que desconocían el tema, pero prometieron investigar. Nunca lo hicieron o al menos, no dieron a conocer los resultados.

Hace unas semanas cuestionamos a la secretaria de Desarrollo Social de la actual administración, Silvia Salazar Hernández, sobre el programa de jefas de familia y el proyecto de elaboración de uniformes escolares. “El programa desapareció”, contestó lacónica la funcionaria.

-Ah, ¿Cómo SEGALMEX?- le volví a preguntar.

-Sí, como Segalmex- contestó Salazar Hernández quien fue funcionaria de SEDESO en los primeros meses del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

HASTA MAÑANA.