El 4 de marzo de 2017, el entonces comisionado estatal de Seguridad Pública, el tijuanense Alberto Capella Ibarra, anunció “con bombo y platillo” la detención de 18 integrantes de un grupo del crimen organizado que utilizaban como casa de seguridad un rancho en el municipio de Tlaltizapán y en el que encontraron armas largas de grueso calibre, cartuchos útiles y vehículos.
El operativo tenía “un plus”: uno de los detenidos era mencionado en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Se trata de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Los Guerreros Unidos, detenido en los primeros días posteriores a los hechos acontecidos en Iguala. En el cuadernillo de Sidronio se encontraron las siguientes inscripciones: “Rodolfo Adame” (El Puma), “Lino Adame” y la palabra “Toluca” subrayada.
En aquel momento, el jefe de la Policía del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu difundió la versión de que “Los Linos” encabezaban un importante cartel que se dedicaba al trasiego de droga, que venía de Guerrero y de Morelos la mandaban a diferentes ciudades de Estados Unidos.
Sin embargo, el 27 de mayo de ese mismo año, en un sábado, una Juez federal dejó en libertad a 7 de esos 18 detenidos:
José Rodolfo Adame Alía, Constantino Pineda Consuelo, también conocido como Lino Adame Sotelo; Rodolfo Adame Sotelo, Mario Pineda Salazar, también conocido como Mario Norberto Pineda Salazar; Jesús Mercado Salgado, Carlos Adame Sotelo y Felipe Quintero Reyes.
Al enterarse de la resolución judicial, Alberto Capella montó en cólera. Hizo un video que difundió en sus redes sociales y filtró un documento del expediente en el que no solamente venían los nombres completos de los imputados, sino también el de la jueza que les concedió la libertad.
“Esta situación evidentemente nos preocupa enormemente porque dentro del proceso correspondiente de la detención se realizaron una serie de amenazas por parte de los detenidos en contra de los policías que realizaron las aprehensiones bajo mi mando, y posteriormente a (que ocurrió) la detención, semanas consecutivas, sujetos desconocidos tuvieron presencia (sic) en las inmediaciones de domicilios sacando fotografías de casas de compañeros policías, con el propósito de amedrentar e intimidar a los oficiales, así como a sus respectivas familias”, sostuvo el jefe policiaco.
Luego de liberarlos, la jueza ordena que se presenten quincenalmente “ante este Centro de Justicia Penal Federal”, exhiban “garantía económica” y les prohíbe salir de la entidad “sin autorización”. El documento tiene firma del 27 de mayo de 2017 y membrete del Poder Judicial de la Federación (PJF), con el nombre de Karla Montes Ortega.
“No quiero alertar juicios de valor, de si hubo omisiones o criterios judiciales poco entendibles, equivocadas u omisiones en la integración o en la puesta a disposición por autoridades policiacas o ministeriales. Simplemente he solicitado al área jurídica de esta Comisión Estatal de Seguridad Pública y a los organismos especializados en materia jurídica una revisión profunda del expediente relacionado con estos hechos”, sostuvo Capella Ibarra, quien es abogado de profesión.
Cabe mencionar que esa “revisión profunda del expediente relacionado con estos hechos”, no tuvo consecuencias legales. La jueza Karla Montes Ortega fue ascendida a magistrada federal con adscripción en el estado de Guerrero.
Y es que la acusación del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, Leonardo Pérez Escota se basó en una historia inventada: que el 4 de marzo de 2017, a las 21:19 horas, la central de C5 recibió una «denuncia anónima» que alertó sobre un convoy de personas armadas sobre la carretera Yautepec-Tlaltizapán, a la altura del crucero de Ticumán.
Según esa versión, los agentes de la Policía ubicaron al grupo de personas armadas, y ordenaron detenerse a los conductores de las cinco camionetas. Pero se negaron y dio inicio una persecución que concluyó en un camino de terracería, a la altura del arco de bienvenida del municipio de Tlaltizapán.
Sin embargo, los abogados de las personas acusadas, Alfonso González Mendizábal, Efraín Márquez Durán, Ricardo Sánchez Bautista, Naybí Ríos Sandoval y Miguel Ángel Reyna González exhibieron la serie de ilegalidades cometidas durante el proceso por parte de la CES Morelos.
Los defensores particulares presentaron a testigos del hecho, quienes declararon y mostraron con pruebas, que la detención de sus amigos y familiares ocurrió en el rancho «El Aguaje» de la colonia Los Cuartos del municipio de Yautepec.
De acuerdo con los testigos, los policías de la CES entraron al inmueble sin orden de cateo, nunca se identificaron, sometieron a golpes a todas las personas, incluyendo a niños y mujeres; y tras apropiarse de objetos de valor y hasta la despensa de la alacena, detuvieron a 18 personas y se llevaron cinco camionetas que había en el lugar. Un saqueo total.
Nueve años después, ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Federal, que encabeza Omar García Harfuch, realiza un operativo similar y detiene a 8 personas, acusadas de pertenecer a una célula delictiva “relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte”, decía el mensaje de Harfuch publicado en sus redes sociales el pasado 6 de mayo.
Sin embargo, en la puesta a disposición que hace la Fiscalía General de la República (FGR), agentes de la SSPC refieren que fueron comisionados a realizar actividad de campo relacionado con la prevención y combate al delito del 4 al 10 de mayo, por lo que se trasladaron a Yautepec.
Estando en esa tarea “observan sujetos en motos que salían en convoy de un rancho ganadero, por lo que empezaron a vigilar el inmueble, y el día seis arriban más elementos por lo que continúan con la vigilancia a estas personas, haciendo incursión a pie, y aproximadamente a las 5:32 al acercarse a una distancia de 10 metros de distancia, se percatan de que hay personas armadas; al verlos se identifican como oficiales, por lo que los hoy detenidos detonan sus armas y al encontrarse en una evidente amenaza de muerte los oficiales les indican que bajen sus armas”.
Agregan que cuando inició la agresión observaron que cuatro personas abordaron una camioneta gris e intentaron huir, por lo que elementos de la SSPC los persiguen. Metros adelante los hombres bajan del vehículo e intentan escapar corriendo y es entonces cuando son capturados en posesión de armas cortas.
Una juez calificó de legal su detención y este miércoles habrá de resolver su situación jurídica. Como se puede advertir, es un operativo similar, (aquí tampoco hubo orden de cateo); la única diferencia parece ser el nombre del juez, que es de los que llegaron gracias a la Cuarta Transformación, con la consigna de resolver “lo que más convenga al pueblo”.
HASTA MAÑANA.